La Justicia confirmó que hay al menos tres causas abiertas por intimidación pública. Secuestraron celulares y no descartan nuevas medidas en distintos puntos de la provincia. “No es una broma”: qué dijo el fiscal Barreto sobre las amenazas en escuelas del Chaco.
La Justicia del Chaco avanza en la investigación por la viralización de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia. Según confirmaron fuentes judiciales, ya hay adolescentes identificados e imputados por el delito de intimidación pública, en el marco de al menos tres causas abiertas.
El ayudante fiscal explicó cómo avanza la investigación, confirmó que hay menores involucrados y aclaró el alcance de la responsabilidad penal en estos casos.
En diálogo con la prensa, este martes en Resistencia, el ayudante fiscal Cristian Barreto brindó precisiones sobre la investigación por amenazas de tiroteos en escuelas chaqueñas y dejó definiciones clave sobre el abordaje judicial del caso.
El ayudante fiscal Cristian Barreto, del Equipo Fiscal N° 3, explicó que la mayoría de los involucrados son menores de edad, en su mayoría estudiantes secundarios.
En ese contexto, aclaró que las medidas se adoptan bajo el régimen legal vigente, con intervención de organismos de Niñez y del juzgado correspondiente.
Barreto remarcó que se trata, en su mayoría, de menores de edad, lo que condiciona el tipo de medidas que se adoptan:
“Estamos hablando de estudiantes secundarios y algunos de nivel primario. Todas las medidas se coordinan según la edad con la Secretaría de Niñez y el juzgado de menores en turno”.
En ese sentido, explicó que la investigación avanza en paralelo en el plano policial y judicial, con acciones orientadas a identificar a los responsables de la propagación de los mensajes.
La investigación se centra en amenazas difundidas principalmente a través de redes sociales como WhatsApp e Instagram.
Como parte de las pruebas, ya se secuestraron dispositivos electrónicos y se solicitaron informes a las plataformas digitales para rastrear el origen de los mensajes.
Responsabilidad penal: qué pasa con los padres
Uno de los puntos más consultados fue el rol de las familias. Barreto fue categórico:
“La responsabilidad penal es individual e intransferible. No se puede responsabilizar penalmente a los padres por la conducta de sus hijos”.
No obstante, aclaró que los padres sí son citados para ser informados sobre las actuaciones y el avance de las causas.
Desde el Poder Judicial indicaron que los hechos encuadran en el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión. Sin embargo, no descartan nuevas calificaciones a medida que avance la causa.
En paralelo, el Juzgado de Niñez autorizó el traslado de los menores a dependencias policiales para su identificación y la formación de expedientes. Luego, tanto los adolescentes como sus padres serán citados para continuar con las actuaciones judiciales.
Para evitar mayor alarma social, las autoridades decidieron no difundir los nombres de las instituciones afectadas y reiteraron el pedido a la comunidad de no viralizar mensajes no verificados.
Mientras tanto, la Policía refuerza la seguridad en escuelas de Resistencia y otras localidades como Sáenz Peña, San Martín y Charata, además de avanzar en la elaboración de protocolos de actuación ante este tipo de amenazas.
Finalmente, desde la Justicia remarcaron la importancia del rol de las familias en la prevención: el control del uso de redes sociales y el acompañamiento a los menores son claves para evitar este tipo de situaciones.
Secuestro de celulares y medidas en marcha
El fiscal confirmó que ya se secuestraron dispositivos como parte de las pruebas:
“Hay teléfonos celulares incautados en el marco de la investigación”.
Sobre las próximas medidas, evitó dar detalles:
“Estamos en procesos penales en curso. Hay medidas que no podemos informar públicamente”, dijo Barreto.
Cómo se investigan las amenazas
Barreto explicó que el abordaje depende del tipo de hecho:
- Amenazas directas
- Intimidación pública (como viralización masiva)
En los casos vinculados a redes sociales, se solicitan informes a plataformas como WhatsApp o Instagram para rastrear el origen de los mensajes.
Alcance de la investigación
Actualmente, la fiscalía a su cargo investiga tres causas, aunque reconoció que existen hechos similares en otras jurisdicciones:
“Hay situaciones en distintos puntos de la provincia, como Sáenz Peña, San Martín y Charata”.
Escuelas bajo reserva
Barreto confirmó que no se darán a conocer los nombres de los establecimientos involucrados:
“No voy a divulgar esa información”.
Además, pidió cautela en la difusión de datos para evitar generar mayor alarma social.
Fotos: Osvaldo Ramírez
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