El análisis precisa que la pobreza infantil alcanzó el 53,6% en 2025, en tanto que la indigencia se ubicó en el 10,7%, cifras que, si bien representan una mejora respecto de períodos anteriores, continúan siendo elevadas en términos históricos.
En este sentido, el informe advierte que el dato reciente «trae alivio», aunque remarca la necesidad de no «confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural», en referencia a la profundidad y persistencia del fenómeno.
Desde una perspectiva de largo plazo, la serie histórica evidencia una tendencia ascendente en los niveles de pobreza e indigencia infantil, con incrementos pronunciados en contextos de crisis económicas y descensos parciales en etapas de recuperación.
Este comportamiento cíclico, lejos de revertir la problemática, consolida un escenario en el que la pobreza infantil se incrementa de manera sostenida en el tiempo, afectando las oportunidades de desarrollo de amplios sectores de la población.
Los registros comparativos muestran que en 2010 la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes, con una leve mejora entre 2011 y 2012, cuando descendió a 35,7% y 38,4% respectivamente.
Sin embargo, a partir de ese período se inició una fase de deterioro casi ininterrumpido que tuvo su punto crítico entre 2020 y 2021, con valores cercanos al 64-65%, y alcanzó un máximo histórico en 2023 con el 62,9%.
Si bien el informe reconoce que los avances observados en 2024 y 2025 resultan significativos en términos estadísticos, también subraya que «el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada».
EVOLUCIÓN DE LA INDIGENCIA Y SU IMPACTO
En lo que respecta a la indigencia, el comportamiento presenta similitudes con la evolución de la pobreza, aunque con variaciones más abruptas a lo largo del tiempo. El indicador partía de un 11,4% en 2010, descendió al 8% en el bienio 2011-2012, y posteriormente inició una tendencia ascendente que lo llevó a alcanzar un pico del 17,7% en 2024, reflejando un deterioro significativo en las condiciones de subsistencia de los hogares.
Para 2025, la indigencia registró una caída al 10,7%, lo que implica una reducción relevante que la acerca a los niveles observados entre 2017 y 2018.
Este descenso, aunque positivo, no logra revertir completamente el deterioro acumulado en los años previos, lo que evidencia la fragilidad de las mejoras registradas y la exposición permanente de amplios sectores a condiciones de extrema vulnerabilidad.
El comportamiento de estos indicadores debe ser interpretado en el marco de las dinámicas económicas y sociales del país, donde las crisis recurrentes tienden a profundizar las desigualdades existentes.
En este contexto, la niñez aparece como uno de los grupos más afectados, debido a su dependencia de los ingresos familiares y de las políticas públicas de protección social.
El informe sugiere que las variaciones en los niveles de indigencia responden no solo a factores macroeconómicos, sino también a la efectividad de los programas de asistencia y a la capacidad del mercado laboral para generar ingresos suficientes. En consecuencia, la mejora observada en 2025 se presenta como un dato relevante, aunque insuficiente para garantizar una recuperación sostenida.
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y ASISTENCIA SOCIAL
El informe también aborda la problemática de la inseguridad alimentaria, indicando que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó esta situación durante 2025, mientras que un 13,2% lo hizo en su forma más severa.
Estas cifras, aunque muestran una mejora respecto del año anterior, permanecen por encima de los niveles registrados antes de 2017, lo que refleja la persistencia de dificultades estructurales en el acceso a una alimentación adecuada.
En este contexto, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de los niños, configurando un récord en términos de cobertura. Este incremento sostenido desde 2020 se vincula tanto con la expansión de comedores escolares y comunitarios como con la implementación de herramientas como la tarjeta Alimentar, que ampliaron el acceso a recursos básicos para la subsistencia.
Por otra parte, el informe señala que la cobertura de transferencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5% de los niños, lo que representa una disminución de 3,3 puntos porcentuales en comparación con 2024. Este retroceso introduce un elemento de preocupación en un contexto donde la asistencia estatal resulta clave para amortiguar los efectos de la pobreza.
La UCA destaca que estas transferencias no contributivas alcanzan mayoritariamente a los sectores más necesitados, aunque no logran cubrir a la totalidad de la población en situación de pobreza, dejando fuera a grupos que, pese a su vulnerabilidad, quedan excluidos del sistema de protección social.
Desafíos estructurales
La investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Ianina Tuñón, aportó una lectura sobre el alcance de las políticas sociales al señalar que estas «no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos».
El planteo sugiere que las transferencias monetarias cumplen un rol complementario, pero no sustituyen la necesidad de ingresos estables provenientes del empleo.
En este sentido, la calidad del trabajo adulto se presenta como un factor determinante en la reducción de la pobreza infantil.
El informe enfatiza que, si bien las políticas de asistencia han permitido mitigar los efectos más extremos de la pobreza, no logran resolver las causas estructurales que la generan. Esta limitación se traduce en la persistencia de altos niveles de vulnerabilidad, incluso en contextos de mejora económica.
Asimismo, la exclusión de ciertos sectores del sistema de protección social plantea la necesidad de revisar los criterios de acceso y ampliar la cobertura, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen a todos los hogares que los requieren.
Finalmente, el documento advierte que la superación de la pobreza infantil requiere un enfoque integral que combine políticas de ingresos, mejoras en el mercado laboral, acceso a servicios básicos y fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, en un marco de planificación sostenida.
Acceso a la salud y condiciones de vida
Entre los indicadores sociales relevados, el informe señala que el 19,8% de los niños dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos durante 2025 debido a problemas económicos.
En particular, el documento advierte que «la atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida».
Las condiciones habitacionales también presentan déficits persistentes, ya que el 18,1% de los niños reside en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. Estos factores inciden directamente en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo, generando entornos que dificultan el acceso a condiciones básicas de bienestar.
A ello se suma el problema del acceso a servicios esenciales, dado que el 42% de los niños vive en hogares sin saneamiento adecuado. Esta carencia no solo impacta en la salud física, sino que también refleja la existencia de brechas estructurales en la infraestructura y en la provisión de servicios públicos.
En conjunto, estos indicadores evidencian que la pobreza infantil no se limita a la falta de ingresos, sino que abarca múltiples dimensiones que condicionan el desarrollo integral de los niños, desde la salud hasta el hábitat y el acceso a servicios básico.