El caso expone graves fallas en los controles del sistema sanitario; el director del hospital de Quitilipi admitió irregularidades en la incorporación.
La confirmación de que una mujer ejerció ilegalmente la medicina en el interior del Chaco generó conmoción institucional y abrió una investigación judicial de alto impacto. Se trata de Lidia Mabel Ojeda, una docente de Artes Plásticas que se hacía pasar por médica y llegó a desempeñarse en el Hospital “Dr. Emilio Rodríguez” de Quitilipi y en Presidencia de la Plaza.
El caso no solo derivó en un pedido de captura nacional —ya que la mujer permanece prófuga tras un allanamiento—, sino que además dejó al descubierto serias fallas en los mecanismos de control dentro del sistema de salud pública provincial.
Admisión clave: “Fue un error no pedir la documentación”
En medio del escándalo, el director del hospital de Quitilipi, Alfredo Acuña, reconoció públicamente irregularidades en el proceso de incorporación de la falsa profesional. Según explicó, Ojeda fue sumada mediante un convenio y su ingreso se basó en la confianza, sin que se verificaran los antecedentes ni la documentación correspondiente.
“Mi responsabilidad hubiera sido pedirle las documentaciones pertinentes”, admitió el funcionario en declaraciones a Quitilipi.com.ar, al tiempo que expresó su preocupación por el impacto institucional del caso.
Desde el entorno administrativo del nosocomio respaldaron a Acuña y calificaron lo ocurrido como un “error administrativo”, aunque ya se activaron instancias de investigación interna para determinar responsabilidades.
Cómo se descubrió la maniobra
La situación comenzó a desmoronarse el pasado 13 de abril, cuando médicos del propio hospital detectaron conductas sospechosas en el desempeño de la supuesta profesional. A partir de esas alertas, se inició un proceso de verificación que terminó confirmando inconsistencias en su identidad.
La investigación determinó que Ojeda utilizaba una matrícula profesional —MP 6822— que en realidad pertenecía a otro médico. Con estos elementos, se radicó la denuncia formal por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina.
Investigación en marcha y sumario interno
Tras la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la mujer, pero ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, permanece prófuga y es intensamente buscada por fuerzas de seguridad a nivel nacional.
En paralelo, el hospital quedó bajo la lupa: se inició un sumario administrativo y se analizan posibles responsabilidades dentro de la cadena de control que permitió su ingreso y desempeño.
Acuña señaló además que, según los registros del establecimiento, la mujer no participó en intervenciones quirúrgicas, aunque la situación no reduce la gravedad del caso.
Un caso que golpea la confianza en el sistema
El episodio reaviva el debate sobre los controles en el sistema sanitario público y la necesidad de reforzar los mecanismos de validación de títulos y matrículas profesionales.
Más allá del desenlace judicial, el caso deja una pregunta central: cómo fue posible que una persona sin formación médica lograra atender pacientes en un hospital público sin que se detectaran las irregularidades a tiempo.