El diputado provincial recusó al juez que interviene en el caso contra el intendente de Sáenz Peña, denunciando presuntos vínculos personales y políticos que comprometerían la imparcialidad judicial en la investigación por inversiones financieras realizadas con fondos públicos municipales. La causa también involucra a funcionarios del Ejecutivo local y apunta a determinar si existieron irregularidades en operaciones bursátiles de alto riesgo efectuadas a través del Mercado Argentino de Valores, las cuales habrían provocado pérdidas cercanas a los $2.500 millones para el municipio.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons denunció presuntas irregularidades en el avance de la causa judicial que investiga al intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, por operaciones financieras realizadas con fondos públicos municipales.
La presentación judicial, impulsada por el legislador, sostiene que existieron maniobras de inversión de alto riesgo que habrían ocasionado pérdidas millonarias para las arcas comunales, en un contexto económico ya marcado por fuertes déficits presupuestarios. El caso incorporó además un nuevo frente de conflicto a partir de cuestionamientos dirigidos al accionar de la Justicia y a la supuesta falta de imparcialidad del magistrado interviniente.
La denuncia penal presentada por Pérez Pons también alcanza a la secretaria de Economía municipal, Alejandra Quintana, y al secretario de Gobierno, Diego Landriscina.
Según la acusación, funcionarios del Ejecutivo municipal habrían destinado recursos públicos a instrumentos bursátiles operados en el Mercado Argentino de Valores mediante la intermediación de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin contar con autorización previa del Concejo Municipal ni con una partida presupuestaria específica que habilitara esas colocaciones financieras.
El expediente judicial centra parte de la investigación en operaciones realizadas dentro de segmentos denominados «no garantizados», una modalidad que implica que los inversores asumen directamente el riesgo de incumplimiento por parte de empresas privadas.
De acuerdo con la denuncia, varios de los cheques negociados bajo este esquema habrían sido rechazados al momento de su vencimiento, lo que derivó en pérdidas económicas que impactaron sobre recursos municipales.
Las estimaciones incorporadas en la causa indican que el perjuicio económico para el municipio podría rondar los $2.500 millones, dentro de un esquema general de operaciones financieras que habría generado pérdidas por aproximadamente $12 mil millones en el mercado.
El planteo judicial también advierte que parte del dinero destinado a esas inversiones podría haber tenido asignaciones específicas vinculadas a servicios públicos, programas sociales y obras de infraestructura. Esa hipótesis agrava la investigación, ya que implicaría el uso de recursos afectados a prestaciones esenciales para operaciones financieras de riesgo. La denuncia sostiene que la eventual utilización de esos fondos podría configurar un perjuicio directo para áreas sensibles de la administración municipal.
DÉFICIT MUNICIPAL
La controversia se desarrolla en paralelo con las proyecciones financieras del municipio, cuyos propios presupuestos prevén déficits superiores a los $9.200 millones para el ejercicio 2025 y más de $19 mil millones para 2026.
En ese contexto, Pérez Pons cuestionó el criterio utilizado por el Ejecutivo municipal para avanzar con operaciones bursátiles de riesgo mientras las cuentas públicas exhiben desequilibrios estructurales de gran magnitud.
«¿Cómo puede un municipio con déficit estructural destinar fondos a inversiones especulativas de alto riesgo?», expresó el legislador al referirse a la operatoria investigada. La declaración sintetiza uno de los principales ejes políticos del expediente: la discusión sobre la administración de recursos públicos en un escenario económico deficitario y la legalidad de las decisiones financieras adoptadas por el municipio.
En las últimas horas, el conflicto incorporó un nuevo componente institucional luego de que Pérez Pons denunciara presuntos vínculos personales y políticos entre el juez interviniente y el intendente Cipolini. Según explicó el diputado, su espacio político decidió recusar al magistrado por considerar que existirían relaciones que comprometerían la objetividad del proceso judicial y afectarían la transparencia de la investigación.
De acuerdo con los cuestionamientos planteados por el legislador, el magistrado tendría relación directa con el entorno político y personal del intendente, además de mantener vínculos indirectos con el Ejecutivo municipal a través de su pareja. Sobre esa base, Pérez Pons afirmó: «El juez no tiene imparcialidad. Quieren tapar los delitos de sus amigos».
Las declaraciones profundizaron la tensión política alrededor del expediente y trasladaron el debate hacia el funcionamiento del sistema judicial local.
El diputado también cuestionó la decisión de apartarlo como querellante dentro de la causa, una medida que, según confirmó, fue apelada ante instancias superiores.
Asimismo, Pérez Pons sostuvo que su espacio continuará interviniendo en el expediente y ratificó la intención de sostener la acusación judicial.