Este miércoles se realizó la anteúltima audiencia del juicio por lavado de activos contra el dirigente social Ramón «Tito» López y su familia, ocasión en la que la defensa pidió la nulidad absoluta del proceso por estar «plagado de irregularidades». La sentencia se conocería mañana al mediodía, tras la deliberación del tribunal.
Durante su intervención, López sostuvo su inocencia y aseguró que el proceso judicial en su contra tiene un trasfondo político. “No estoy arrepentido, soy un trabajador rural”, afirmó, al tiempo que remarcó que su proyecto productivo comenzó hace más de dos décadas.
El dirigente explicó que su actividad se originó a partir de políticas impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, que promovían la inserción laboral de movimientos sociales. “Decidimos ser pequeños productores con financiamiento del Estado nacional”, señaló.
López también cuestionó el accionar de las autoridades provinciales y nacionales, y aseguró que tanto él como su familia fueron “condenados por la sociedad y por los medios” antes de conocerse el fallo.
En ese sentido, pidió al tribunal que actúe con imparcialidad: “Espero que no sean influenciados”, expresó, al tiempo que solicitó que se analicen las pruebas presentadas por su defensa.
Además, apuntó contra decisiones políticas que, según dijo, derivaron en su detención, mencionando a funcionarios como Patricia Bullrich y Leandro Zdero.
NULIDAD DEL JUICIO POR IRREGULARIDADES
Por su parte, el abogado defensor, Marcelino Leiva, abrió los alegatos finales con un
cuestionamiento a la totalidad del proceso, al que calificó como «plagado de irregularidades». Sostuvo que durante los 21 meses de detención de sus defendidos se vulneraron «todas las garantías constitucionales», incluido el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad judicial.
El eje central del planteo se ubicó en la presentación espontánea que López realizó el 28 de agosto de 2024 ante el Juzgado Federal de Instrucción N° 2. Según relató Leiva, su cliente se presentó por su cuenta tras enterarse «por medios periodísticos» de que existía una investigación en su contra y solicitó designar abogado defensor y ser informado de las causales que se le imputaban. La respuesta del fiscal, transmitida por el juez Ricardo Mianovich, fue que «no existe proceso abierto» en contra de
López, una afirmación que el defensor calificó como «una falacia».
Leiva aseguró que el magistrado tenía pleno conocimiento de la causa, ya que previamente había ordenado el levantamiento del secreto bancario y financiero sobre su
defendido.
«Una burda maniobra de ocultarle a López la existencia de ese proceso», sentenció el abogado, y agregó que esa decisión judicial constituyó «una violación al proceso legal y al derecho de defensa en juicio» que terminó tiñendo «todo el proceso posterior». Recordó además que apenas dos semanas después, el 11 de septiembre de ese año, se ordenaron las detenciones, allanamientos y secuestros en distintos puntos del Chaco, cuando López todavía no contaba con un abogado designado.
«El juez no cumplió con su deber, y eso hace nulos todos los actos consecuentes que de él deriven», planteó. Para el defensor, el episodio configuró «una artera
violación al derecho de defensa» y comprometió desde el inicio la legalidad de la prueba reunida.
MAÑANA SE CONOCERÁ LA SENTENCIA
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, donde se conocerá la sentencia.
Cabe recordar que el fiscal general Federico Carniel, solicitó penas severas para los cinco
integrantes de la familia: alrededor de 13 años y medio de prisión para Tito López, 13 años para su esposa Librada Beatriz Romero y 12 años para cada uno de sus hijos, David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, todos como coautores de lavado de activos agravado.