La investigación por la muerte de Guillermo Strula avanza con pericias sobre posibles fallas técnicas y presuntas irregularidades en las condiciones de seguridad del comercio donde explotó un matafuego.
La causa por la explosión fatal ocurrida en un local de recarga de matafuegos de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó este viernes un nuevo avance judicial: el propietario del comercio fue imputado por homicidio culposo y lesiones graves culposas, mientras la Fiscalía analiza si corresponde solicitar su detención.
Tal lo publicó LA VOZ DEL CHACO, el hecho ocurrió este jueves en el local “Matafuegos Villa Ángela”, ubicado en el barrio Ensanche Sur de la ciudad termal, donde una explosión provocó la muerte de Guillermo Strula y dejó gravemente herido a Alejandro Gómez, (le amputaron el brazo) quien permanece internado pero evoluciona favorablemente.
La investigación está encabezada por el fiscal César Collado, quien citó al propietario del comercio para prestar declaración en el marco de una causa que busca determinar responsabilidades penales por el siniestro.
Pericias y posibles irregularidades
Según trascendió en las primeras actuaciones judiciales, se detectaron presuntas irregularidades vinculadas al cumplimiento de normas de seguridad industrial y controles técnicos exigidos para este tipo de establecimientos.
De acuerdo con los informes preliminares, el local habría incumplido disposiciones relacionadas con normas ISO 9001 e IRAM 3517, vinculadas a protocolos de mantenimiento, manipulación y verificación de extintores.
Además, las primeras pericias realizadas por Bomberos de la Policía del Chaco señalaron que la explosión podría haberse producido por una falla en el manómetro del extintor, aunque tampoco se descartan errores humanos o deficientes condiciones laborales durante la carga del equipo.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que los especialistas trabajan sobre distintos elementos secuestrados en el lugar para reconstruir la mecánica exacta de la explosión.
El local continúa clausuradoPor disposición judicial, el comercio permanece clausurado mientras continúan las tareas periciales y los análisis técnicos sobre los elementos involucrados en la tragedia.
El caso generó conmoción en Presidencia Roque Sáenz Peña y volvió a poner en debate los controles sobre talleres y comercios dedicados a la recarga y mantenimiento de matafuegos, una actividad considerada de riesgo por el manejo de elementos sometidos a alta presión.
La Fiscalía no descarta nuevas medidas en las próximas horas, en función de los resultados periciales y de la declaración del propietario del establecimiento.