El interbloque oficialista Chaco Puede anunció ayer que impulsará una ampliación de la denuncia judicial vinculada al caso de la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en la provincia, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control dentro del sistema sanitario chaqueño.
La definición fue comunicada públicamente frente a la Legislatura provincial por los diputados provinciales Iván Gyoker y Jorge Gómez, quienes señalaron que el objetivo central será determinar nuevas responsabilidades administrativas, sanitarias y políticas.
La decisión del oficialismo se produjo luego de que la causa judicial adquiriera mayor repercusión pública tras la detención de la mujer investigada en Buenos Aires.
Según manifestaron los legisladores, la intención es avanzar sobre posibles omisiones estatales y reconstruir la secuencia de actuaciones realizadas desde los primeros antecedentes denunciados en la provincia.
Durante la conferencia, los diputados sostuvieron que existen elementos suficientes para profundizar la investigación y analizar si hubo irregularidades previas que no fueron abordadas oportunamente por las autoridades responsables del sistema sanitario. En ese marco, señalaron que buscarán establecer cómo se produjo el ingreso y permanencia de la acusada dentro de distintos hospitales públicos chaqueños.
Gyoker afirmó que el oficialismo pretende que la investigación avance «hasta las últimas consecuencias», al considerar que el caso expuso presuntas falencias estructurales en los mecanismos de supervisión estatal.
El legislador sostuvo además que la ampliación de la denuncia permitirá revisar actuaciones administrativas previas y determinar posibles responsabilidades funcionales.
LAS ACUSACIONES SOBRE EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA
Gyoker afirmó que la información difundida por la fiscalía sostiene que la mujer investigada habría ejercido ilegalmente la medicina desde 2023. «Vamos a hacer el pedido de ampliación de denuncia para evaluar todas las responsabilidades que hubo a lo largo de este tiempo», expresó el legislador al explicar los alcances de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
Según la investigación judicial, la acusada habría desempeñado funciones médicas en hospitales públicos del interior provincial utilizando documentación presuntamente falsa y sin contar con título habilitante.
La causa sostiene además que la mujer intervino en guardias médicas, firmó documentación oficial y realizó actividades reservadas exclusivamente para profesionales matriculados.
El caso adquirió especial gravedad institucional debido a la naturaleza de las funciones presuntamente ejercidas dentro de establecimientos sanitarios públicos. La investigación apunta a determinar de qué manera logró acceder al sistema sanitario provincial y cuáles fueron los controles administrativos realizados durante ese período.
Gyoker vinculó además el expediente actual con otros antecedentes registrados en la provincia durante los años 2022 y 2023 relacionados con presuntos «médicos truchos». Según indicó, existieron denuncias previas que no derivaron en acciones concretas para impedir que continuaran desempeñándose dentro del sistema sanitario.
Denuncias previas
Según relató Gómez, la primera denuncia vinculada a estos hechos habría sido presentada por un abogado ante el área de guardia de Casa de Gobierno.
Sin embargo, afirmó que posteriormente no se promovieron nuevas actuaciones ni se avanzó en medidas concretas para investigar el caso o impedir la continuidad de las actividades denunciadas.
«No se presentaron como querellantes, no ampliaron la denuncia y no lo buscaron», sostuvo el legislador al describir lo que consideró una falta de intervención estatal adecuada frente a los antecedentes conocidos desde 2022. En ese sentido, insistió en que la investigación judicial deberá analizar las omisiones producidas durante ese período.
Gómez agregó además que en junio de 2023 se habría presentado otra denuncia vinculada al mismo caso y que nuevamente no se habrían tomado medidas suficientes para impedir que la acusada continuara trabajando dentro del sistema sanitario provincial. «Hubo ocho meses donde no se hizo nada y evidentemente esa persona siguió trabajando», expresó.
» Defensa y críticas
Gyoker defendió la actuación de la actual gestión provincial y sostuvo que fue el propio Gobierno el que impulsó la denuncia judicial y promovió las medidas necesarias para localizar a la acusada fuera de la provincia. Según afirmó, la administración provincial actuó una vez conocida la situación y colaboró con el avance de la causa.
«La Policía del Chaco fue a buscarla para que pueda ser juzgada en la provincia», aseguró el diputado al referirse al operativo realizado en Buenos Aires que culminó con la detención de la mujer investigada.
El procedimiento permitió poner a disposición de la Justicia a la acusada, quien permanece detenida mientras continúa el proceso judicial.
El legislador también destacó que ya fueron apartados funcionarios y responsables hospitalarios vinculados a tareas de control y supervisión dentro del sistema sanitario provincial. Esa medida, explicó, forma parte de una revisión interna destinada a establecer posibles fallas administrativas y determinar responsabilidades funcionales.
Gómez cuestionó duramente la actuación de la gestión provincial anterior frente a las denuncias registradas desde 2022. El diputado aseguró que existieron advertencias tempranas sobre la presencia de un supuesto médico trucho y que, pese a ello, no se impulsaron medidas suficientes para detener la situación.
«Desde agosto de 2022 sabían de la existencia de un médico trucho y no hicieron absolutamente nada», afirmó Gómez durante la conferencia.
El legislador sostuvo que las denuncias no derivaron en investigaciones efectivas y cuestionó la falta de actuaciones judiciales y administrativas en aquel período.
» Investigación interna
Consultado sobre la posibilidad de que existan más situaciones similares dentro del sistema sanitario provincial, Gómez indicó que ya se iniciaron actuaciones administrativas internas y nuevas líneas de investigación destinadas a revisar procedimientos de control y validación profesional dentro de los hospitales públicos.
«Seguramente se va a hacer toda esa investigación. Ya se inició la investigación administrativa dentro del Ministerio», expresó el legislador al referirse al proceso interno impulsado por las autoridades sanitarias.
Según explicó, el objetivo será revisar los mecanismos administrativos utilizados para verificar títulos, matrículas y antecedentes laborales.
El oficialismo sostuvo además que la investigación no sólo apunta a esclarecer el caso actual, sino también a fortalecer los sistemas de control para evitar futuras irregularidades dentro del ámbito sanitario provincial. En ese sentido, los diputados remarcaron que la situación generó preocupación institucional por la posible vulnerabilidad de los mecanismos de supervisión existentes.
«Queremos que esto se esclarezca y que no suceda nunca más», manifestó Gómez durante la conferencia realizada frente a la Legislatura.