Con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemoró el 8 de mayo, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, presentó su informe «Análisis de las demandas telefónicas de las personas privadas de la libertad durante 2025».
El documento analiza 399 llamados recibidos en las dos líneas de la dependencia especializada, que involucraron 574 demandas o reclamos de personas detenidas en establecimientos carcelarios federales, o de sus familiares, los cuales dieron lugar a 588 gestiones.
Si bien las líneas estaban inicialmente a disposición de la población alojada en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), actualmente se reciben llamados de establecimientos locales de custodia de personas.
Su contenido coadyuva a identificar y mitiga al menos en parte los inconvenientes de un acceso efectivo a la administración de justicia, publicó el portal Fiscales.
En el informe se realizó una representación del último corte estadístico de un trabajo que realiza Procuvin -de modo sistemático y sostenido- desde hace más de 10 años, por el cual a través de sus líneas telefónicas gratuitas instaladas por la Procuración General de la Nación se produce la recepción de múltiples demandas de las personas privadas de la libertad o de sus familiares.
Dentro del trabajo se destacó, además, que en cada llamado pueden plantearse más de una demanda o reclamo, que den lugar a más de una gestión por parte del personal de la Procuraduría.
ANÁLISIS
En el documento se señaló que, de las llamadas analizadas, 379 (lo que corresponde al 95%) provinieron de establecimientos del SPF, 14 de comisarías y solo 6 de servicios penitenciarios provinciales.
El 93% de esas comunicaciones fueron realizadas por varones privados de su libertad, un 4% por mujeres y un 2% por personas travesti-trans.
En el informe se hizo foco que durante 2025 se llevaron adelante 588 gestiones de la Procuvin, que incluyeron 301 informes ante las dependencias judiciales, 191 pedidos de intervención al SPF, 58 comunicaciones telefónicas con dependencias judiciales o del SPF, 23 denuncias penales, 13 orientaciones a personas detenidas o sus familiares y 3 informes a organismos de control policial.
LAS DEMANDAS
La mayoría de las demandas giraron en torno al acceso a la salud (149), acceso a la justicia (146), las condiciones de detención (44), el cambio o permanencia en los lugares de alojamiento (35), trabajo o educación (29) y vinculación familiar (26).
El resto de los reclamos estuvieron vinculados a medidas de reclamo intramuros (25), malos tratos del personal penitenciario (23), aislamiento (20), conflictos entre internos/as (11), régimen de vida (9), elementos personales o cantina (8), alimentación (7), expulsión (6), intentos de suicidio o autolesión (4), tramite de documentación (4) y otras cuestiones (4).
DE DÓNDE VIENEN
El informe señaló que la mitad de las comunicaciones provinieron de personas alojadas en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza, del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ambos en la Buenos Aires, y del Complejo Penitenciario V de Senillosa en Neuquén.
La mayoría de los reclamos en materia de salud provinieron de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, que cuentan con infraestructura hospitalaria. Sin embargo, el foco de los reclamos estuvo en las falencias para recibir la adecuada asistencia médica intramuros.
El informe también destacó que el 43% de los pedidos de comunicación con dependencias judiciales era para canalizar demandas sobre las condiciones de encierro.
Finalmente, de los 83 reclamos por hechos de violencia o conflictividad intramuros el 30% correspondieron a métodos de protesta de las personas detenidas (huelgas de hambre o incendios), el 28% a maltrato del personal penitenciario y el 24% a condiciones de aislamiento solitario.