La estabilidad financiera de los hogares argentinos atraviesa su peor escenario en dos décadas. De acuerdo con datos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero, acumuló 16 meses consecutivos de subas y superó incluso los registros de la pandemia, en niveles que no se observaban desde 2004.
El deterioro responde a un cuadro económico contractivo, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el cierre sostenido de pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de afrontar las deudas se replicó de manera uniforme en casi todas las entidades bancarias y plataformas de crédito del país.
En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) encadenó 10 meses consecutivos en alza y alcanzó los 5,1 puntos, una cifra que ubica a los hogares dentro del rango técnico catalogado como «Fragilidad Familiar». El dato expone el desacople entre las variables macroeconómicas que muestra el Gobierno y la economía cotidiana de la población.
Desde la oposición legislativa expresaron preocupación por la velocidad del proceso, que multiplicó por cuatro los valores mínimos registrados a fines de 2024. El diputado nacional Nicolás Trotta, del espacio Primero la Patria, sostuvo que detrás del récord de morosidad hay familias que recortan gastos a diario y conviven con incertidumbre creciente para llegar a fin de mes.
Analistas del sector financiero señalaron que el crecimiento de las carteras irregulares se concentra en el consumo corriente y en montos bajos —tarjetas, préstamos personales y compras en cuotas—, lo que evidencia que una porción cada vez mayor de la población recurre al crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquileres, medicamentos y servicios.