El Ministerio Público reorganizó su estructura de trabajo y designó a la fiscala de Cámara, Noelia Encinas, como coordinadora de un Equipo Fiscal Especial (EFE).
La decisión fue formalizada mediante la resolución 49 del procurador general Jorge Canteros, que reconoce la particular gravedad institucional y complejidad del caso.
La dirección de la investigación continuará en manos de la fiscal del Equipo Fiscal 14, Julieta Arolfo, mientras que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, seguirá colaborando desde su dependencia, aunque ya no conduce el expediente. El mando conjunto quedó bajo la órbita de Encinas.
Durante el anuncio, el procurador general Jorge Canteros explicó que la decisión fue tomada junto al procurador adjunto Miguel Fonteina y remarcó la gravedad institucional del caso.
«Una desaparición de un joven (21) en democracia es algo que nos hiere, que nos lastima y lógicamente no puede pasar desapercibido. Esto se tiene que resolver, se tiene que aclarar», expresó.
Por su parte, Luciano Santos aseguró que la investigación continúa abierta sobre todas las hipótesis, incluida la posible participación de personal policial.
«Hemos avanzado respecto a esas hipótesis, sin descartar las que tenemos contra el personal policial», sostuvo el fiscal.
Además, confirmó que ya fueron secuestradas armas reglamentarias, teléfonos celulares y prendas de vestir pertenecientes a efectivos policiales, elementos que serán sometidos a distintas pericias.
En ese sentido, explicó que también solicitaron la intervención de fuerzas federales «a los efectos de poder transmitir y trasladar transparencia» a la investigación.
Santos también negó versiones que indicaban que algunos patrulleros involucrados habrían tenido los GPS apagados y aseguró que existen registros de todos los móviles policiales que participaron de los operativos en Fontana y Puerto Tirol.
La fiscala Encinas indicó que su función será aportar nuevas líneas investigativas y posibles medios de prueba, aunque aclaró que primero deberá analizar en profundidad el expediente.
Por último, Fonteina defendió el trabajo realizado hasta el momento y afirmó que «la investigación está bien encaminada». Además, confirmó que analizan implementar una recompensa económica para quienes aporten información relevante sobre el caso.
No se descarta imputar a policías
A casi dos semanas de la desaparición de Axel Alejandro González, el joven (21) visto por última vez en Fontana durante la madrugada del pasado 17, la investigación sumó ayer una declaración oficial que podría marcar el rumbo de la causa: el Ministerio Público Fiscal (MPF) no descartó posibles imputaciones a policías.
La afirmación surgió durante la conferencia de prensa encabezada por el procurador general Jorge Canteros; el adjunto, Miguel Fonteina; el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos; las fiscalas Julieta Arolfo y Noelia Encinas (Cámara), en la que se oficializó la creación de un Equipo Fiscal Especial (EFE) para investigar el caso.
Consultado sobre la situación procesal de efectivos policiales que estuvieron de guardia la noche en que Axel desapareció, Santos confirmó que todavía no fueron llamados a declarar, aunque sí notificados formalmente sobre actuaciones judiciales para que puedan designar abogados defensores, publicó el portal judicial Ligitio.
La pregunta fue directa: si podían terminar imputados. La respuesta también. «Posiblemente», respondió el fiscal, sin avanzar en mayores precisiones.
La declaración buscó despejar una de las principales críticas de la familia de Axel y del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco: la presunta falta de investigación sobre el accionar policial. Santos insistió en que ninguna hipótesis está descartada, incluida la que involucra a personal policial.
«No descartamos ninguna hipótesis, no descartamos ningún testigo», sostuvo el fiscal, quien explicó que desde los primeros días de la investigación fueron secuestrados celulares, armas reglamentarias, prendas de vestir y otros elementos pertenecientes a efectivos que estuvieron de servicio durante la madrugada del pasado 17.
Además, confirmó que esos dispositivos serán peritados por Gendarmería Nacional, luego de una autorización gestionada con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La medida incluye teléfonos de policías sindicados y de toda la guardia policial que prestó funciones esa noche en la comisaría Segunda de Fontana.