Los gremios docentes universitarios agrupados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunciaron la realización de un paro nacional de actividades que se extenderá durante cinco días consecutivos, entre el 16 y el 20 próximo, en el marco de los reclamos vinculados al financiamiento del sistema universitario y a la situación salarial del sector.
La medida fue comunicada luego de diversas instancias de debate interno y se inscribe en un escenario de negociaciones abiertas entre el gobierno nacional y las autoridades universitarias.
La convocatoria sindical tiene como ejes centrales la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios docentes. Según informó la organización gremial, el conflicto continúa sin una resolución definitiva y las conversaciones mantenidas hasta el momento no derivaron en un acuerdo que permita desactivar las medidas de fuerza anunciadas para las próximas semanas.
Desde Conadu señalaron que el plenario de secretarios generales se declaró en estado de alerta y sesión permanente.
Asimismo, indicaron que cualquier propuesta formal que eventualmente presente el gobierno nacional será sometida a consulta de la docencia universitaria antes de adoptar una posición definitiva respecto de la continuidad o modificación del plan de lucha.
ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN Y DENUNCIA INTERNACIONAL
Además del paro nacional, la federación docente resolvió impulsar una serie de acciones públicas destinadas a visibilizar la situación que atraviesan las universidades nacionales. Entre las iniciativas previstas se encuentran clases públicas y actividades de difusión programadas para mañana frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Las actividades también continuarán el 11 y 16 próximos en distintos puntos del país. Entre las ciudades mencionadas por la organización sindical figuran Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se prevé la participación de diversas instituciones universitarias en otras jurisdicciones mediante acciones similares.
En paralelo al desarrollo del plan de lucha, Conadu informó la presentación de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La acción fue impulsada por la falta de convocatoria a la negociación paritaria, una situación que los representantes gremiales consideran central dentro del conflicto que mantienen con el gobierno nacional.
La presentación ante el organismo internacional se suma a las medidas sindicales y constituye una nueva instancia institucional dentro de un reclamo que combina demandas salariales, presupuestarias y vinculadas al funcionamiento general de las universidades públicas.
La propuesta oficial
en discusión
Durante la última semana se desarrolló una reunión entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los rectores Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro. El encuentro formó parte de las conversaciones que buscan acercar posiciones entre el gobierno nacional y las autoridades universitarias.
En esa reunión se analizó una propuesta oficial que contempla distintos componentes presupuestarios y salariales. De acuerdo con la información difundida, la iniciativa incluiría una recomposición salarial del 21,33% para junio y un incremento adicional del 3% previsto para octubre.
La propuesta también incorporaría una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. A ello se sumarían refuerzos presupuestarios destinados específicamente a programas de becas estudiantiles y al sostenimiento de hospitales universitarios.
Las conversaciones continúan abiertas, aunque hasta el momento no se alcanzó un acuerdo definitivo entre las partes involucradas. Mientras tanto, los gremios mantienen vigente el cronograma de medidas anunciado y las universidades continúan reclamando soluciones de carácter integral.
El reclamo por la Ley de Financiamiento
Las autoridades universitarias sostienen que el planteo excede la discusión salarial y comprende el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, insisten en la necesidad de garantizar recursos para salarios, becas, infraestructura y gastos de funcionamiento.
Desde el ámbito académico se remarca que la legislación contempla mecanismos destinados a asegurar la actualización de partidas presupuestarias para distintos componentes del sistema universitario. Por ese motivo, el reclamo institucional se mantiene centrado en la aplicación plena de las disposiciones previstas en la norma.
Las universidades también expresaron su rechazo al pedido formulado por el Poder Ejecutivo para que se retire el litigio judicial actualmente en trámite.
La causa fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se encuentra vinculada precisamente a la aplicación de la ley cuestionada.
El fallo de la Corte Suprema
En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre una presentación realizada por el Estado nacional que buscaba apartar a dos magistrados que intervienen en la causa impulsada por el CIN. El planteo apuntaba al juez de primera instancia Diego Martín Cormick y a un integrante de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
El máximo tribunal rechazó el pedido y concluyó que no se acreditó ninguna causal válida que justificara el apartamiento de los magistrados.
De esta manera, la Corte desestimó los argumentos presentados por el Estado nacional en relación con la continuidad de ambos jueces dentro del expediente.
En su resolución, el tribunal sostuvo que la actividad docente desarrollada en universidades públicas no constituye por sí misma un interés personal y directo en el resultado del proceso.
Asimismo, recordó que los mecanismos de recusación y excusación tienen carácter excepcional y deben interpretarse de manera restrictiva.
La Corte también enfatizó la necesidad de preservar el principio del juez natural, criterio que fue incorporado como uno de los fundamentos centrales de la decisión adoptada por el máximo órgano judicial del país.
Con este pronunciamiento quedó firme la continuidad de los magistrados cuestionados y se mantuvo abierto el camino judicial relacionado con el reclamo universitario.