El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, una herramienta incluida dentro del esquema conocido como «inocencia fiscal» impulsado por el Gobierno nacional.
La información surge de los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde consta la adhesión de Angeletti al régimen para el período fiscal 2025. Desde el entorno del funcionario confirmaron además que Adorni realizó el mismo trámite en las últimas horas.
Sin embargo, desde Casa Rosada rechazaron las versiones que vinculan esta decisión con un eventual blanqueo de capitales o la declaración de dólares no registrados. «Se trata únicamente de una adhesión al régimen simplificado de Ganancias. Permite que el fisco confeccione la declaración de manera más rápida y sencilla. No tiene relación con la utilización del régimen para exteriorizar dinero», señalaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete.
Qué implica el régimen simplificado
El esquema permite que ARCA elabore una declaración predeterminada a partir de la información ya disponible en sus bases de datos. Luego, el contribuyente puede revisarla, corregirla o confirmarla.
La adhesión no implica necesariamente que una persona vaya a declarar fondos previamente no informados. No obstante, quienes ingresan al sistema pueden acceder a beneficios previstos por la normativa, entre ellos ciertas limitaciones para futuras revisiones fiscales sobre períodos alcanzados por la ley.
Según trascendió, la explicación sobre el crecimiento patrimonial del matrimonio podría estar vinculada, al menos en parte, a inversiones en criptomonedas y no a la incorporación de nuevos fondos mediante el esquema de inocencia fiscal.
La declaración jurada y las investigaciones judiciales
Desde el entorno de Adorni indicaron que la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción será inminente y podría concretarse antes del próximo 15 de junio.
Mientras tanto, la Justicia federal avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes aguardan informes técnicos para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado.
Uno de los análisis busca reconstruir la evolución económica del funcionario, evaluando ingresos, deudas, gastos relevantes y adquisición de bienes. Los resultados podrían estar listos entre fines de junio y las primeras semanas de julio.
En caso de detectarse inconsistencias, la fiscalía podría requerir explicaciones formales sobre la compra y remodelación de propiedades, la adquisición de vehículos y otros movimientos patrimoniales realizados desde su ingreso a la función pública.