El segundo juicio oral contra el catequista Juan Salvador M., acusado de abuso sexual agravado en el Colegio San José Obrero de Resistencia, continúa sin una fecha de inicio definida.
A pesar de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la absolución dictada en primera instancia y ordenó la realización de un nuevo debate, el proceso sumó recientes demoras debido a las estrategias de la defensa, que intentó apartar de la causa a los magistrados designados para dictar sentencia.
En los últimos meses, el imputado —conocido en el ámbito escolar como «Salva» o «Jesús»— presentó una recusación contra los tres integrantes del tribunal que debe juzgarlo: los magistrados Ernesto Javier Azcona, María Virginia Ise y Cristina Pisarello, publicó el portal Alerta Urbana. Sin embargo, el planteo fue formalmente rechazado por la Justicia al determinar que los argumentos de la defensa no encuadraban en ninguna de las causales previstas por el Código Procesal Penal. Para el abogado de la familia de la víctima, Pablo Vianello, este tipo de recursos solo busca dilatar los tiempos y postergar el banquillo de los acusados para Medina.
La causa penal se originó por un hecho denunciado en 2017. Según la investigación liderada por el fiscal Juan Martín Bogado, el abuso se habría cometido en el interior de la capilla del establecimiento educativo, ubicada a unos cuarenta metros de las aulas de nivel inicial, en un horario en el que la víctima asistía a las clases de catecismo.
La columna vertebral de la acusación radica en la declaración del niño en cámara Gesell y en las pericias psicológicas oficiales, las cuales detectaron signos de angustia compatibles con el trauma y ratificaron la coherencia absoluta de su relato, descartando cualquier indicio de fabulación.
La dilación del proceso genera una profunda preocupación en el entorno de la víctima, dado que ya transcurrieron casi dos años desde que el máximo tribunal provincial revocara el fallo original.
En abril de 2024, las juezas del STJ, Iride Isabel María Grillo y Emilia María Valle, anularon la absolución que había dictado la magistrada Glenda Vidarte bajo el beneficio de la «duda razonable», marcando un precedente clave en la provincia respecto al interés superior del niño y la valoración de las pruebas en contextos de vulnerabilidad.
Con el tribunal ratificado, la querella aguarda que se fije de manera urgente el inicio de las audiencias para poner fin a la prolongada espera de la familia.
