La Legislatura aprobó ayer la modificación de la figura de reiterancia contemplada en el Código Procesal Penal, una iniciativa que recibió el acompañamiento del diputado provincial del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons.
El legislador fundamentó su voto favorable en la necesidad de dotar de mayores herramientas al sistema de Justicia y sostuvo que su posición sobre la seguridad no establece diferencias entre oficialismo y oposición. «Voté a favor porque como vengo diciendo, en seguridad no hay grieta. Con esta sanción se le dio mayores herramientas a una Justicia que ya las tenía», afirmó.
Pérez Pons explicó que la figura de reiterancia no fue incorporada por primera vez al ordenamiento jurídico chaqueño a partir de la iniciativa impulsada por el actual Gobierno provincial. En ese sentido, señaló que ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal desde la sanción de la Ley 6.582, correspondiente a 2010, y cuestionó la presentación pública de la reforma como una incorporación novedosa. «La reiterancia no es un invento del Gobierno. Está en el Código Procesal Penal desde la Ley 6.582, de 2010.
Zdero la presentó como si la trajera por primera vez, y su propio ex ministro de Justicia lo desmiente. Cuando dicen que la oposición nunca quiso discutir esto, mienten», sostuvo.
El diputado también hizo referencia a los aspectos técnicos y legales del articulado aprobado y señaló que mantiene reparos de constitucionalidad respecto de una parte del texto.
Pérez Pons sostuvo que la incorporación de cambios normativos, por sí sola, no constituye una política integral de seguridad y planteó que la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones debe ser acompañada por recursos destinados al funcionamiento de las fuerzas y del sistema de seguridad provincial.
En ese marco, Pérez Pons afirmó que la reforma no será suficiente si no está acompañada por inversión pública, remarcando que la inversión en obras de seguridad registró una disminución del 79,2% respecto de 2023, mientras que la compra de patrulleros, armas y chalecos se redujo un 51,9%.
ANTECEDENTES
Y RECURSOS
Pérez Pons también se refirió a experiencias de aplicación de la reiterancia en otras provincias y sostuvo que, según su planteo, la vigencia de esa figura no produjo por sí misma una reducción del delito. «Donde ya se aplicó no bajó el delito: subió la cantidad de presos sin condena firme.
En Tucumán y en Mendoza, con la reiterancia vigente, el porcentaje de condenas por esta figura se duplicó y la inseguridad siguió igual», afirmó.
El diputado cuestionó además la utilización política del debate sobre seguridad y sostuvo que la reforma constituye «una bomba de humo más para tapar la peor crisis económica del Chaco».
En el mismo contexto, recordó su gestión al frente del Ministerio de Infraestructura y mencionó las obras ejecutadas durante ese período en materia de infraestructura vinculada con la seguridad. «Nosotros pusimos ladrillos; ellos ponen títulos de prensa que duran una semana», expresó.
«El gobernador dice que esta ley termina con la inseguridad y con la puerta giratoria. Perfecto. Entonces le digo a todos los chaqueños que, a partir de hoy, la responsabilidad total de que cada familia pueda caminar segura por la calle es exclusivamente del gobernador Leandro Zdero. Ya no hay más excusas ni a quién echarle la culpa», sostuvo el diputado provincial.
ABSTENCIÓN
La diputada provincial Analía Flores adoptó una posición diferente durante el tratamiento de la modificación de la figura de reiterancia y decidió abstenerse en la votación.
Durante su intervención, sostuvo que la inseguridad constituye una problemática que requiere respuestas que excedan el endurecimiento de las condiciones para disponer la prisión preventiva.
Planteó la necesidad de abordar de manera simultánea aspectos vinculados con la prevención, la educación, el trabajo, la salud mental, los consumos problemáticos y las políticas destinadas a los jóvenes. «Frente a un problema tan serio como la inseguridad, nuestra responsabilidad es dar respuestas reales y no simplificar una problemática profundamente compleja», afirmó.
Flores aclaró que su abstención no supone desconocer el reclamo de las personas afectadas por delitos ni la demanda social por mayores niveles de seguridad.
En ese sentido, sostuvo que quienes cometen delitos deben responder por sus actos y que las víctimas y sus familias tienen derecho a reclamar respuestas, una Justicia eficiente y la intervención del Estado. «Nadie sostiene que quien delinque no deba responder por sus actos.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a reclamar respuestas, una Justicia eficiente y un Estado que actúe. Pero nuestra obligación como legisladores también es preguntarnos si las leyes que aprobamos realmente van a solucionar aquello que prometemos solucionar», señaló.
Analía Flores: «La inseguridad no empieza ni termina en una prisión preventiva»
Flores sostuvo que la discusión sobre seguridad debe extenderse a las políticas públicas destinadas a prevenir las situaciones que pueden derivar en delitos.
En su exposición, planteó interrogantes sobre las acciones que se desarrollan antes de que ocurra un hecho delictivo y señaló que la prisión preventiva constituye solamente uno de los componentes posibles dentro de una política de seguridad. «La inseguridad no empieza ni termina en una prisión preventiva. Tenemos que discutir qué estamos haciendo en educación, trabajo, vivienda, salud mental, consumos problemáticos y generación de oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes», expresó.
La diputada planteó que una política integral debe contemplar a las víctimas de delitos y a sus familias, pero también las condiciones sociales que atraviesan muchas de las personas que ingresan al sistema penal.
Su argumentación se centró en la necesidad de incorporar distintas áreas de intervención estatal dentro del debate sobre seguridad, en lugar de limitarlo a las modificaciones relacionadas con la prisión preventiva y la reiterancia.
La legisladora sostuvo que las decisiones adoptadas por la Legislatura tienen efectos sobre el conjunto de la sociedad y requieren una evaluación de sus consecuencias.
En la misma línea, Flores cuestionó la utilización de discursos que, según expresó, reduzcan la discusión sobre la Justicia a una lógica de sometimiento o castigo. «No podemos permitirnos ningún circo cuando de personas se trata. No podemos fomentar discursos que pretendan volver a entender la Justicia como sometimiento, martirio o suplicio», remarcó.
Su planteo estuvo vinculado con la necesidad de sostener una discusión legislativa centrada en las personas alcanzadas por las decisiones del sistema judicial y penitenciario.
Flores concluyó su intervención defendiendo la abstención adoptada durante la votación como una decisión política frente a un proyecto que, de acuerdo con su posición, no ofrece una respuesta integral al problema de la inseguridad.
La diputada vinculó el ejercicio de la función legislativa con la responsabilidad de evaluar las consecuencias de cada norma y cuestionó el tratamiento de iniciativas bajo criterios determinados por la agenda pública. «Cuando nos sentamos en nuestras bancas estamos tomando decisiones que influyen en la vida de cada ciudadano y en el conjunto de la sociedad.
No podemos legislar con agenda mediática. Tenemos que legislar con responsabilidad y con la conciencia de las consecuencias de nuestras decisiones», concluyó.