El requerimiento de acusación tiene 78 páginas y fue presentado por los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg. El Ministerio Público solicitó la apertura del juicio oral y detalló las penas pretendidas para cada uno de los imputados.
La causa conocida como “Narcopolicías” o “Banda del Yeso” ingresó en una etapa decisiva. A través de un escrito de 78 páginas, los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg formularon acusación contra los ocho policías que continúan imputados y solicitaron la apertura del juicio oral, previo control de la acusación.
El documento corresponde al Legajo COIRON N° 239410/2025 y a la Carpeta Judicial N° 10726/2025/1. Los acusados son Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Rubén Héctor César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
La hipótesis fiscal
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho central ocurrió el 18 de diciembre de 2025, durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez.
La acusación sostiene que Quizama, Ramírez, Almirón Núñez, Urne Canteros y Acosta habrían actuado de manera coordinada para sustraer 9,490 kilos de cocaína que se encontraban bajo custodia y debían ser incinerados.
A Villalba y García, en tanto, la Fiscalía les atribuye una intervención posterior vinculada con la tenencia y eventual comercialización del estupefaciente, mientras que ubica al comisario César Alegre como presunto organizador de la maniobra.
El Ministerio Público sostiene que existió una organización previa y que el supuesto plan consistía en apoderarse de parte de los secuestros y, de ser necesario, reemplazarlos por “panes” confeccionados con yeso para disimular el faltante durante el procedimiento de quema.
El hallazgo en la camioneta policial
La acusación también incorpora como elemento central el resultado de la requisa realizada sobre una Toyota Hilux policial utilizada durante el operativo.
Según el documento, dentro del vehículo fueron hallados nueve formatos rectangulares con sustancia estupefaciente, correspondientes a dos expedientes cuyos secuestros estaban siendo destruidos. Posteriormente, una nueva pericia determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína.
El requerimiento también menciona pericias telefónicas, conversaciones de WhatsApp, audios, documentación policial, filmaciones y testimonios reunidos a lo largo de la investigación.
Las calificaciones legales
Para Quizama, Ramírez, Urne Canteros, Almirón Núñez y Acosta, la Fiscalía mantiene la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de intervinientes y por la condición de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado.
En el caso de Alegre, la imputación es por organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público y en concurso real con peculado.
Respecto de Villalba y García, la Fiscalía atribuye tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de intervinientes y la condición de funcionarios públicos.
Las penas solicitadas
Uno de los puntos centrales del escrito aparece hacia el final, donde el Ministerio Público precisa las penas que pretende en caso de que la acusación prospere en un eventual juicio.
La pena más alta fue solicitada para Rubén Héctor César Alegre: 15 años de prisión, además de multa e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
Para Franco Andrés Ramírez, la Fiscalía pidió 12 años de prisión. Para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez, solicitó 11 años de prisión para cada uno.
En tanto, para Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, requirió 8 años de prisión para cada uno, junto con las correspondientes multas e inhabilitaciones.
Las penas solicitadas por la Fiscalía no constituyen condenas, sino que forman parte del requerimiento acusatorio que deberá ser discutido por las defensas y eventualmente resuelto en juicio.
“Gravedad institucional”
En otro tramo del escrito, los fiscales remarcan el contexto en el que presuntamente ocurrió el episodio.
El Ministerio Público destaca que el hecho habría sido cometido durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes, con presencia de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo provincial, a plena luz del día y con cobertura de medios de comunicación, circunstancias que utiliza para sostener la gravedad institucional del caso.
El próximo paso
Con la acusación formalizada, la causa deberá transitar ahora la instancia de control de la acusación, donde las defensas podrán cuestionar los hechos atribuidos, las calificaciones legales y las pruebas ofrecidas.
La Fiscalía, por su parte, ya dejó establecido en el documento que considera reunidos los elementos necesarios para avanzar hacia el juicio oral contra los ocho policías acusados.
