La Fiscalía N.º 13 y la Policía del Chaco activaron medidas de protección para resguardar a la víctima y evitar su revictimización. Advirtieron que está prohibido guardar, publicar o reenviar material sexual de menores de edad y que hacerlo puede constituir un delito.
Fiscalía y Policía intervinieron ante un presunto abuso sexual entre adolescentes y la posterior difusión de imágenes.
La investigación se originó a partir de una denuncia vinculada con un hecho ocurrido en un establecimiento educativo de Resistencia. Además de las diligencias investigativas, la Fiscalía dispuso medidas preventivas y de protección para evitar nuevas vulneraciones de la adolescente involucrada.
El Equipo Fiscal N.º 13 de Resistencia junto a la Policía del Chaco, interviene en la investigación de un presunto hecho de abuso sexual ocurrido el pasado 31 de agosto en el ámbito de una escuela secundaria de la ciudad, así como de la posterior grabación y difusión de material relativo al hecho entre alumnos.
La actuación policial se inició a partir de la denuncia formulada por la madre de la adolescente ante la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana. Puesto el caso inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, se dispuso la adopción de las primeras medidas, entre ellas el traslado de la víctima al SAINNAV del Hospital Julio C. Perrando para su atención y la aplicación del protocolo correspondiente, así como distintas diligencias tendientes a preservar la prueba e individualizar a las personas que intervinieron.
Las actuaciones también dan cuenta de que el material habría sido posteriormente difundido mediante aplicaciones de mensajería entre estudiantes, circunstancia que pasó a integrar la investigación.
En ese marco, la madre de la víctima fue recibida personalmente por el Fiscal, asistida por su representante legal, oportunidad en la que se le explicó el estado de las actuaciones y las particularidades jurídicas derivadas de la edad de los presuntos involucrados. Se le informó que los supuestos autores son menores de edad y resultan inimputables conforme al régimen legal aplicable al momento del hecho, tanto respecto de la eventual autoría del presunto abuso.
Sin perjuicio de esa circunstancia, la Fiscalía destacó que la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal a quienes no alcanzan la edad prevista legalmente no impide adoptar medidas de protección, prevención y resguardo de la víctima, ni desarrollar las diligencias necesarias para esclarecer integralmente lo sucedido.
En esa línea, el Equipo Fiscal dispuso una medida preventiva y de protección en el ámbito escolar, requiriendo a la Escuela involucrada y al Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco que coordinen jornadas de concientización destinadas al alumnado. La actividad deberá abordar especialmente el consentimiento sexual, la prohibición de ejercer presiones o intimidaciones y, de manera expresa, la ilicitud de filmar, fotografiar, guardar, reenviar o compartir material sexual correspondiente a personas menores de 18 años.
La medida fue concebida con un carácter estrictamente preventivo y no sancionatorio, procurando evitar nuevas divulgaciones, reducir la revictimización y brindar a los estudiantes información clara sobre las consecuencias de este tipo de conductas. Asimismo, se ordenó que las actividades se desarrollen sin efectuar referencia alguna que permita identificar directa o indirectamente a los adolescentes involucrados.
La investigación continúa bajo intervención del Equipo Fiscal Nº 13, manteniéndose especialmente preservada la identidad de la víctima y de todos los menores involucrados.
PROHIBICIÓN DE REENVIAR EL MATERIAL
En este sentido, se insta especialmente a abstenerse de reproducir, reenviar, almacenar, publicar o compartir cualquier imagen o video de contenido sexual que involucre a personas menores de edad, por cuanto tales conductas pueden dar lugar a responsabilidad penal conforme al art. 128 del Código Penal.
Además, tenerse presente que, una vez que este tipo de material adquiere estado público o comienza a circular, resulta extremadamente difícil detener su propagación, debido a la rapidez de los reenvíos, la generación de copias y capturas, las descargas en múltiples dispositivos, la republicación desde distintas cuentas o plataformas y la consiguiente pérdida de control sobre quiénes lo poseen o continúan distribuyéndolo. Por ello, además de la responsabilidad penal, cada nueva difusión profundiza la afectación y revictimización de la persona menor de edad involucrada.