El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia firme dictada en la causa conocida como la «usina de facturas truchas», fallo firmado por los jueces Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano, con la intervención del juez Juan Manuel Iglesias durante la deliberación.
En el documento se expuso la reconstrucción integral de la estructura delictiva encabezada por Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, ambos condenados a 10 años de prisión.
De acuerdo con la resolución judicial, Pasko actuó como jefe y coorganizador aportando sus conocimientos técnicos en ciencias económicas, manejo de claves fiscales e ingeniería contable, mientras que Ayala asumió la coorganización mediante sus vínculos de gestión política y social.
La banda centralizaba la administración de los trámites e inscripciones tributarias a través de un mismo correo electrónico operado por el contador.
El fallo distinguió dos etapas operativas dentro del esquema de la organización:
Evasión sobre privados (2019–2021): comenzó con el uso no autorizado de CUITs y claves fiscales de clientes del estudio contable de Pasko para emitir facturas apócrifas. Para compensar saldos de IVA, cargaban tiques factura «A» falsos atribuidos a comercios reconocidos de la región que negaron haber realizado dichas ventas.
Desvío de fondos públicos (desde 2022): la red reorientó sus maniobras hacia organismos del Estado provincial, principalmente en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep).
En este tramo resultó clave la intervención de Diana Yael Daniel (abogada, escribana y esposa de Pasko), quien ejercía como secretaria general de administración y colaboradora de la presidencia del Iafep.
La imputada autorizó pagos a cooperativas y fundaciones vinculadas a la banda por montos estimados entre $815 millones y $876 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023.
Para canalizar los fondos, se crearon decenas de personas jurídicas bajo las figuras de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), SRL, cooperativas y fundaciones que carecían de capacidad operativa, empleados o insumos.
Entre los entes utilizados figuran La Reina del Norte SAS, Feraya SAS, Tercer Norte SRL, Cooperativa de Trabajo Construir Más Limitada, Fundación Solidaridad es una Elección de Vida, Fundación Insert-Arte, Fundación Brilla Mujer y Fundación Propósitos.
Asimismo, el tribunal encuadró los hechos en los delitos de asociación ilícita fiscal en concurso real con lavado de activos agravado por la pertenencia a una organización, disponiendo el decomiso definitivo de todos los bienes, multas equivalentes al doble del monto de las operaciones y la intimación al pago solidario de la Tasa de Justicia.
DETALLES
Walter Antonio Pasko: 10 años de prisión.
Fernando Adrián Ayala: 10 años de prisión.
María José Reinau: 7 años de prisión, multa del doble del monto de la operación y costas.
Diana Yael Daniel: 6 años de prisión (coautora de asociación ilícita fiscal).
Edith Marisel Ayala: 5 años de prisión (coautora de asociación ilícita fiscal).
Jorge Pasko: 4 años y 6 meses de prisión (asociación ilícita fiscal).
Álvaro Iván Pasko: 4 años y 6 meses de prisión (coautor de asociación ilícita fiscal).
Ariel Ramón Acevedo: 4 años de prisión (coautor en calidad de integrante).
Osvaldo Ramón Godoy: 4 años de prisión (coautor de asociación ilícita fiscal).
Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses de prisión (coautora en calidad de integrante).