En diálogo con Ciudad TV, primeramente, la magistrada Vilma Almirón aclaró que –en el ámbito chaqueño– «venimos preparándonos para recibir la implementación de la nueva Ley desde principios de año.
«La verdad que desde el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) organizamos una capacitación interna para toda la provincia, y también invitamos también a los distintos Poderes Judiciales del país a través de Jujefus, la Junta Federal de Cortes», dijo.
Respecto de la nueva norma puesta en vigencia hace pocos días, recordó que en nuestra provincia aplica su propia ley de procedimiento (Ley 2951-N) para guiar el proceso de los adolescentes. «Esta es una ley procedimental. Es decir, es una facultad delegada en las provincias y que nosotros tenemos la facultad, valga la redundancia, de aplicarla sí o sí y que tiene que convivir con la Ley Nacional, la ley de fondo, la 27801», dijo.
Indicó que la misma, como tal, aporta como cuestión más trascendente la baja de la edad. «Es decir, que desde ahora ingresan al sistema, al fuero Penal Juvenil, causas con adolescentes de 14 y 15 años y todos los delitos.
Porque antes también los delitos leves eran inimputables, por más que tuvieran 16 o 17 años, pero eran imputables en caso de lesiones leves, en caso de hurto», explicó.
Consultada sobre si un joven, un adolescente (14), hoy puede quedar detenido, la jueza apuntó que «obviamente depende la gravedad del delito. Si se nos presenta el caso de un delito leve, como hurto o amenazas, se trabaja con medidas de competencia penal que prevé nuestra ley procesal local, la 2951N, con orientación y protección o libertad vigilada. Pero a su vez, nosotros, contamos con la medida de alojamiento, que es la más gravosa.
Entonces, puede suceder que ingrese una causa con un adolescente de 14 o 15 años con un hecho grave, como robo a mano armada, lesiones gravísimas, o un homicidio».
Asimismo, Almirón insistió en señalar que, ante estos casos de gravedad procesal, «nosotros ya teníamos previsto en nuestra ley local el alojamiento.
Como Poder Judicial tuvimos una reunión entre todos los jueces de la provincia, -los 18 penales juveniles que tenemos con esa competencia–, donde entendemos en este criterio de decir que, los delitos más graves, son los pasibles de ser aplicada esta medida que es la más rigurosa.
La que es la privación de la libertad y el alojamiento en Aldea Tres Horquetas, porque ése es el dispositivo que contamos en la provincia para menores de edad», dijo.
Respecto a las condiciones a este lugar de alojamiento, la magistrada aseguró que se encuentra funcionando plenamente desde antes de la puesta en funcionamiento a la Ley 27801 y ahora con más razón, dependencia que, además, está a cargo la Subsecretaría de Niñez a través de la Dirección de Protección de Derechos; es decir, está en la órbita del Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Humano. «Trabajan allí operadores convivenciales y existe un equipo técnico con psicóloga, psicopedagoga, con trabajadores sociales, mientras que el perímetro de la Aldea está a cargo el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Pero el contacto con los adolescentes lo tienen los operadores convivenciales y el equipo técnico.
A su vez en misma está la educación en contexto de encierro. Esto quiere decir que, dentro de la misma, los alumnos –los adolescentes allí alojados– que estén en primaria o secundaria tienen su educación formal», describió.
Luego, Almirón reseñó un caso puntual encuadrado en el nuevo proceso penal y el desempeño que tuvo la repartición judicial a su cargo. «Vamos a seguir trabajando de acuerdo a la gravedad delito o el daño causado, porque esta esta posibilidad que abre que abre la ley que, la verdad, tiene sus pro y sus contras.
Como toda ley es perfectible, pero a nosotros como como operadores judiciales nos toca aplicarla, y sin perjuicio a esto, por encima de una ley de fondo como esta, está la Constitución y las Convenciones y tratados de Derechos Humanos que forman parte de la misma», resaltó.
