La Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones Chaco Invierte, con 20 votos a favor, siete pedidos de permanencia en cartera y cuatro abstenciones, sobre un total de 31 legisladores presentes y uno ausente. El régimen contempla beneficios impositivos y financieros para nuevas inversiones, ampliaciones, modernizaciones y reconversiones de emprendimientos existentes, con una alícuota de Ingresos Brutos del 0% durante los primeros 24 meses de inversión, reintegros de parte del costo financiero por hasta 12 meses, un crédito fiscal transferible equivalente al 60% de determinadas inversiones elegibles, exenciones en el Impuesto de Sellos y estabilidad tributaria por 30 años.
La Legislatura del Chaco aprobó ayer el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (Rini), denominado Chaco Invierte, con 20 votos favorables, siete legisladores que solicitaron que el proyecto permaneciera en cartera y cuatro abstenciones.
La votación volvió a exponer diferencias dentro de los bloques opositores, ya que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo recibió el acompañamiento de integrantes de Primero Chaco y del Frente Integrador, además del oficialismo.
Entre los respaldos al proyecto estuvieron los de Laura Fogar y Atlanto Honcheruk, integrantes del bloque Primero Chaco, y Katia Blanc, del Frente Integrador. Los tres legisladores acompañaron el despacho aprobatorio en una sesión en la que también quedaron registradas posiciones diferentes respecto del alcance del régimen, los mecanismos de control y la necesidad de profundizar el debate sobre las herramientas destinadas a promover inversiones privadas.
El Rini establece un conjunto de beneficios impositivos, incentivos al financiamiento y créditos fiscales destinados a promover inversiones privadas en la provincia. El régimen contempla tanto nuevos emprendimientos como ampliaciones, modernizaciones y reconversiones de actividades existentes, siempre sujetos a la aprobación de los proyectos y al cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa.
El debate legislativo estuvo atravesado por distintas posiciones respecto de los instrumentos considerados necesarios para estimular la inversión, generar empleo y sostener a las empresas que ya desarrollan actividades en el territorio chaqueño. También se plantearon diferencias sobre los mecanismos de seguimiento y control de los recursos provinciales involucrados en la aplicación del régimen.
La votación final expuso la diversidad de posiciones. Mientras 20 diputados respaldaron el despacho aprobatorio, siete solicitaron que la iniciativa permaneciera en cartera para continuar su tratamiento y cuatro optaron por la abstención. El tablero de la sesión registró 31 legisladores presentes y un ausente.
EL RESPALDO DE PRIMERO CHACO
Antes de fijar la posición de Primero Chaco sobre el Rini, Laura Fogar agradeció a sus pares por haberla elegido como representante suplente de la Legislatura ante el Consejo de la Magistratura. Luego anticipó el acompañamiento del bloque que integra junto con Atlanto Honcheruk y explicó los fundamentos de esa decisión durante el debate parlamentario.
Fogar sostuvo que la posición adoptada por su espacio no implicaba respaldar de manera automática las iniciativas del Poder Ejecutivo, sino acompañar aquellas propuestas que incorporaran modificaciones consideradas necesarias por el bloque. «Nuestra función no es oponernos a todo por el simple hecho de criticar. Nuestra tarea es controlar, proponer y cuidar a las familias chaqueñas», expresó.
La diputada señaló que Primero Chaco había participado en la discusión del proyecto y destacó modificaciones que, según explicó, fueron incorporadas a partir del trabajo desarrollado durante el tratamiento legislativo. Entre ellas ubicó la posibilidad de que las empresas ya radicadas en la provincia accedan a los incentivos cuando decidan invertir, modernizar sus instalaciones o ampliar sus niveles de producción.
En ese sentido, Fogar remarcó la importancia de contemplar a las industrias y pequeñas y medianas empresas que ya desarrollan sus actividades en el Chaco. «No alcanza con buscar nuevas empresas si nos olvidamos de las industrias y pymes que ya están instaladas, peleándola todos los días en nuestro suelo», señaló.
Otro de los aspectos destacados por la legisladora fue el acuerdo para establecer prioridad en la contratación de trabajadores con residencia en la provincia.
Además, presentó esta condición como uno de los puntos centrales de la posición de Primero Chaco y sostuvo que los beneficios otorgados a las inversiones deben traducirse en oportunidades laborales para trabajadores chaqueños.
El planteo sobre el empleo local quedó incorporado dentro de los argumentos utilizados para justificar el acompañamiento del bloque.
Mecanismos de control
El respaldo de Primero Chaco al proyecto estuvo acompañado por cuestionamientos relacionados con los mecanismos de control.
Fogar explicó que su bloque había propuesto la creación de un Consejo Consultivo Provincial de Inversiones y la presentación de informes periódicos ante la Legislatura, aunque señaló que esas herramientas no alcanzaron consenso con el oficialismo durante el tratamiento.
La diputada sostuvo que la ausencia de acuerdo sobre esos mecanismos no modificaba la posición de su espacio respecto de la necesidad de controlar la administración de los recursos públicos. «Aunque esta herramienta de control no haya sido consensuada por el oficialismo, nosotros mantenemos nuestra postura firme sobre cómo debe gestionarse el dinero de los chaqueños», manifestó.
También planteó que durante la etapa de reglamentación del régimen sean convocadas entidades empresariales y productivas de la provincia. Entre las organizaciones mencionadas estuvo Fechaco, junto con representantes de los trabajadores, entre ellos la Uocra, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas al proceso de aplicación de la nueva normativa.
Posición del Frente Chaqueño
Desde el Frente Chaqueño, Nicolás Slimel cuestionó que el Rini concentrara la atención política y mediática de una sesión que también incluía cuestiones relacionadas con el sobreendeudamiento de las familias y la situación tarifaria.
El diputado sostuvo que esos temas tienen efectos inmediatos sobre la población y reclamó que fueran considerados dentro de la discusión legislativa.
Slimel también rechazó que las posiciones críticas frente a determinadas iniciativas sean interpretadas automáticamente como una oposición general a la gestión provincial. En ese marco, recordó que integrantes de la oposición habían acompañado presupuestos, autorizaciones de endeudamiento y otras herramientas solicitadas por el Gobierno durante distintos tratamientos legislativos. El legislador señaló que esas decisiones habían sido presentadas, en distintos casos, junto con expectativas vinculadas con la llegada de nuevas inversiones. A partir de ese planteo, reclamó una discusión más profunda sobre el contenido de los proyectos y sobre las condiciones necesarias para que las políticas destinadas a promover inversiones tengan efectos sobre la producción y el empleo. «¿Por qué no nos ponemos a discutir en serio la letra de cada uno de los proyectos que hacemos en vez de apurarnos para sacar una noticia al otro día?», planteó Slimel durante la sesión.
Beneficios del régimen
El texto aprobado establece beneficios destinados a nuevas inversiones y también a ampliaciones, modernizaciones y reconversiones de emprendimientos existentes.
La aplicación de los incentivos estará sujeta a la aprobación de cada proyecto y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el régimen, que contempla instrumentos vinculados con impuestos, financiamiento, crédito fiscal y estabilidad tributaria.
En materia de Ingresos Brutos, el régimen prevé una alícuota del 0% durante los primeros 24 meses de la etapa de inversión. Luego establece reducciones escalonadas, con exclusión del adicional destinado a los consorcios camineros, de acuerdo con las condiciones previstas para los proyectos alcanzados.
El esquema también contempla reintegros de una parte del costo financiero de los proyectos durante un período máximo de 12 meses. Las condiciones varían según la ubicación de la inversión y están relacionadas con el cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos aquellos vinculados con el sostenimiento del empleo.
Otro de los instrumentos previstos es un crédito fiscal transferible mediante un certificado equivalente al 60% de las inversiones elegibles realizadas en infraestructura pública y en obras o servicios relacionados con la puesta en marcha de los proyectos aprobados. El mecanismo forma parte del conjunto de incentivos fiscales establecidos por el régimen.
En cuanto al Impuesto de Sellos, la normativa contempla exenciones para instrumentos vinculados con créditos destinados a inversiones comprendidas dentro del régimen. A esto se suma una estabilidad tributaria por un plazo de 30 años para aquellos proyectos que reúnan los requisitos establecidos en la normativa aprobada por la Legislatura.
La propuesta establece una vigencia general de diez años para los beneficios específicos, aunque cada incentivo cuenta con plazos particulares de aplicación.
Además, contempla la posibilidad de una extensión de hasta cinco años en determinados proyectos considerados estratégicos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen.