La jueza de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, María Inés Benítez, confirmó que hoy, desde las 10, comenzará el juicio oral contra el ex jefe de la comisaría de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori, y otros cuatro policías acusados por hechos de violencia institucional contra integrantes de la Asociación Civil Todo por Todos.
La decisión se conoció después del fuerte reclamo público de los médicos y voluntarios solidarios, que cuestionaron la suspensión de las audiencias y exigieron garantías para ejercer su derecho a ser escuchados.
En la resolución a la que tuvo acceso el portal judicial Litigio, la magistrada explicó que la suspensión dispuesta inicialmente respondió a la necesidad de prevenir situaciones de riesgo, violencia o amedrentamiento contra las abogadas querellantes Adriana y Fiorella De Langhe.
En este marco, para fundamentar la decisión de posponer las audiencias, la jueza invocó tratados internacionales de protección de las mujeres, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará, además de precedentes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) local.
La magistrada remarcó que la normativa y jurisprudencia mencionada, «imponen al Estado y a sus magistrados el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir cualquier situación de riesgo, violencia o amedrentamiento hacia las mujeres, garantizando un entorno seguro tanto para las víctimas como para las operadoras jurídicas en el ejercicio de su profesión, como en este caso en particular».
Sin embargo, tras una nueva presentación de las querellantes, quienes manifestaron que las condiciones de inseguridad denunciadas habían sido superadas y solicitaron que se reanudara el debate con medidas de protección específicas, Benítez resolvió fijar nuevamente la fecha de inicio.
La jueza también ponderó el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial y la garantía de los imputados de ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Por otra parte, a pedido de la querella, la magistrada solicitó la colaboración de la Policía Federal para que asuma la custodia exclusiva de las dos abogadas de las víctimas durante las audiencias. También dispuso que se organicen ingresos y egresos diferenciados de las partes al edificio judicial, con el objetivo de evitar que circulen por los mismos sectores.
RESTRICCIONES
Se recuerda que el año pasado, tras sufrir situaciones de hostigamiento y presuntas amenazas, las abogadas querellantes lograron que se le imponga una restricción de acercamiento a Melchiori de 500 metros.
Ante eso, la jueza consideró que el edificio judicial no se encontraba en condiciones de mantener dicha distancia y ordenó la suspensión preventiva de las audiencias.
Sin embargo, la abogada Adriana De Langhe explicó a este medio que esta decisión no tenía ningún sentido. Dijo que la medida cautelar había sido dispuesta por seis meses y no fue prorrogada, por lo que considera que ya no se encontraba vigente. Además, de la evidente contradicción en la actuación judicial: fue la propia jueza Benítez quien archivó el expediente correspondiente a esa medida de protección.
La resolución de la jueza Benítez establece, además, que se notifique a las partes.
En este sentido, el oficio enviado a Melchiori confirmó un dato: pese a las denuncias en su contra, el comisario no fue desplazado de la fuerza y actualmente se encuentra prestando servicio en la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía del Chaco. Este traslado, de Taco Pozo a Resistencia, se parece más a un premio que a una sanción.
El incidente
La causa investiga episodios ocurridos el 17 de agosto de 2025, cuando médicos y voluntarios de Todo por Todos se preparaban para regresar a Córdoba después de realizar actividades sanitarias y solidarias en Taco Pozo.
Según la acusación fiscal, Melchiori habría golpeado a Exequiel Roque Margonari durante una intervención en la vía pública.
También se investiga la detención ilegítima de la médica María Candelaria García Nebbia, quien fue trasladada al interior de la comisaría por orden del entonces jefe policial sin una causa legal que justificara la privación de su libertad.
La investigación incluye, además, una presunta falsedad ideológica en un informe policial sobre una supuesta comunicación con la jueza de Paz y Faltas de Taco Pozo, Silvia Elena Arias, quien negó haber recibido esa llamada en el horario consignado y haber dispuesto las medidas asentadas en el documento.
Melchiori está acusado por apremios ilegales agravados por la violencia, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica.
Los policías Mario Alberto Argañaraz, Juan Pablo Vizgarra, Ramón Esteban Rojas y Nadia Verónica Serrano llegan a juicio imputados por encubrimiento.