El presidente del Paraguay anunció ayer renuncia en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de la entidad que tenía aproximadamente 2.9 millones de clientes y cuyos depósitos quedaron afectados por la suspensión de operaciones. La decisión se produjo tras perder el respaldo del Partido Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes, mientras la Cámara de Diputados pide juicio político por presuntos conflictos de intereses, utilización irregular de fondos previsionales y posibles maniobras de encubrimiento institucional. El vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la Presidencia, mientras Peña afirmó que ejercerá su derecho a la defensa y reclamó que la devolución de los ahorros avance independientemente de su situación política.
Santiago Peña anunció ayer su renuncia a la Presidencia del Paraguay en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos, y de una creciente ruptura política que alcanzó al propio Partido Colorado.
La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político impulsado por sectores opositores y disidentes del oficialismo.
Sin embargo, el escenario institucional tuvo un nuevo giro cuando el mandatario afirmó que ejercería su derecho a la defensa, después de que los legisladores oficialistas abandonaran el Congreso y dejaran sin quórum la sesión prevista para resolver su dimisión. Peña reclamó que la devolución de los ahorros avance independientemente de su situación política y que las investigaciones determinen las responsabilidades correspondientes.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía y difundido a través de sus canales oficiales, el mandatario definió la determinación como uno de los momentos más difíciles de su vida y sostuvo que la continuidad de las instituciones democráticas y la tranquilidad de la población deben prevalecer sobre cualquier responsabilidad individual. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República», manifestó, al fundamentar su posición en la necesidad de preservar la estabilidad nacional.
La decisión presidencial se conoció mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político promovido por sectores de la oposición y legisladores disidentes del oficialismo.
El escenario parlamentario se había modificado sustancialmente después de que Horacio Cartes, expresidente del Paraguay y titular del Partido Colorado, anunciara que acompañaría el proceso de destitución. Ese posicionamiento debilitó la capacidad política de Peña para sostenerse en el Gobierno y alteró el equilibrio interno de la principal fuerza oficialista, que hasta entonces constituía su respaldo institucional. La intervención de Cartes representó un punto de inflexión en una crisis que dejó de concentrarse exclusivamente en el funcionamiento del sistema financiero y pasó a comprometer directamente la continuidad del Poder Ejecutivo.
En su mensaje, Peña sostuvo que la República debe ocupar un lugar superior a cualquier interés personal y que las decisiones de quienes ejercen responsabilidades públicas deben ajustarse a la Constitución Nacional. En ese marco, manifestó su voluntad de respetar los mecanismos institucionales y reconoció la responsabilidad que implica conducir el Gobierno, al tiempo que pidió disculpas a la ciudadanía por los errores que pudiera haber cometido durante su administración.
También agradeció la confianza depositada en él y recordó que había asumido la Presidencia con la voluntad de trabajar por el país. Su planteo estuvo acompañado por una definición sobre la naturaleza de la responsabilidad institucional y los límites del ejercicio del poder frente a una situación que compromete el interés colectivo.
El mandatario explicó que su determinación respondía a al deber de preservar la estabilidad institucional, la paz social y el funcionamiento democrático, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la situación económica. «Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República», afirmó, antes de expresar otra de las definiciones centrales de su intervención: «Ninguna persona está por encima del Paraguay».
La crisis que precipitó el deterioro político comenzó con la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras que había registrado una expansión significativa en el Paraguay. El Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la institución después de detectar una grave insuficiencia patrimonial que comprometía su funcionamiento.