El déficit habitacional y las desigualdades en el acceso a los servicios públicos constituyen una problemática estructural que atraviesa a numerosas ciudades argentinas y que tiene una expresión particular en el Gran Resistencia y distintas localidades del Chaco.
El crecimiento de los asentamientos informales, la dificultad para acceder a un terreno propio y el encarecimiento de los alquileres conforman un escenario que obliga a revisar las políticas de planificación urbana y las responsabilidades del Estado.
En ese contexto, la arquitecta Daniela Petrucci, presidenta del Colegio de Arquitectos del Chaco, analizó en diálogo con LA VOZ DEL CHACO los alcances de esta problemática y advirtió que la falta de infraestructura, las dificultades económicas y la ausencia de planificación territorial profundizan las condiciones de vulnerabilidad de miles de familias.
Sus declaraciones se conocieron luego de la difusión de un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al primer semestre de 2026, que puso nuevamente en evidencia las dificultades de acceso a los servicios esenciales en los principales centros urbanos del país.
De acuerdo con ese relevamiento, el 52,6% de la población de los 31 aglomerados urbanos incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no accede al menos a uno de los tres servicios considerados fundamentales: agua corriente, gas natural por red y cloacas.
El dato refleja la magnitud de una problemática que afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos, que muchas veces deben resolver sus necesidades habitacionales en condiciones de precariedad, sin infraestructura adecuada y en terrenos que incluso pueden presentar riesgos ambientales.
Aunque el indicador corresponde al conjunto de los aglomerados urbanos relevados y no constituye una medición exclusiva del Chaco, permite dimensionar la extensión nacional de un problema que también tiene manifestaciones concretas en la realidad chaqueña.
Para Petrucci, la situación no puede analizarse solamente desde la cantidad de viviendas disponibles, sino que debe contemplar las condiciones urbanas, jurídicas, ambientales y sanitarias en las que viven las familias.
alquileres empuja a las familias hacia los asentamientos
Al comenzar su análisis, la presidenta del Colegio de Arquitectos sostuvo que el crecimiento de los asentamientos informales es una problemática que viene de hace tiempo, pero que se agravó como consecuencia de las dificultades económicas y el aumento de los costos de acceso a una vivienda.
«Esto es algo que viene de hace rato. Debe haber empeorado porque se generan nuevos asentamientos. ¿Por qué se generan? Porque los alquileres han subido una barbaridad y la gente ya no puede pagar alquiler», explicó.
En ese sentido, describió un proceso mediante el cual numerosas familias, ante la imposibilidad de sostener un alquiler o acceder al mercado inmobiliario formal, terminan buscando un lugar donde instalarse, incluso cuando esos terrenos no cuentan con las condiciones mínimas de urbanización.
«Entonces va y se asienta en lugares, en lotes sin servicios, donde no hay agua y no hay cloacas», señaló. La arquitecta consideró que detrás de cada nuevo asentamiento existe una problemática social y económica que no puede ser ignorada.
La falta de recursos para acceder a una vivienda formal empuja a muchas personas hacia espacios que no cuentan con infraestructura, equipamiento urbano ni seguridad jurídica.
De esta manera, el problema habitacional termina trasladándose al territorio: las familias consiguen un lugar donde construir sus viviendas, pero quedan expuestas a condiciones de vida que dificultan su integración a la ciudad.
La situación adquiere mayor complejidad cuando esos terrenos carecen de redes de agua potable, sistemas cloacales, calles adecuadas y acceso a otros servicios indispensables.
El informe del INDEC y el acceso a los servicios
El diagnóstico de Petrucci se vincula con los resultados del último informe del Indec sobre condiciones de vida, que mostró que más de la mitad de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios básicos analizados.
El 52,6% registrado durante el primer semestre de 2026 evidencia que la falta de infraestructura continúa siendo una de las principales expresiones de desigualdad social en las ciudades argentinas.
El indicador contempla el acceso a las redes de agua corriente, gas natural y cloacas. Esto significa que una persona puede encontrarse alcanzada por el déficit si no dispone de al menos uno de esos servicios, aunque sí tenga acceso a los otros.
La situación golpea especialmente a los sectores de menores ingresos, que tienen menos posibilidades de resolver individualmente las carencias de infraestructura y deben recurrir a alternativas que, en muchos casos, implican mayores costos y condiciones menos seguras.
Al ser consultada sobre esta realidad, Petrucci coincidió en que los sectores más afectados son aquellos que acumulan diferentes formas de vulnerabilidad. «Es población altamente vulnerable económicamente y, en general, no voy a decir que todos, pero también tienen una vulnerabilidad jurídica porque no tienen el dominio del lugar donde están asentados, porque son asentamientos informales. No son los dueños», explicó.
De esta manera, remarcó que la precariedad habitacional no se limita a la falta de servicios, sino que también comprende la inseguridad sobre la tenencia de la tierra y las dificultades para acceder a derechos básicos.
La interrupción del FISU y las obras inconclusas
Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las políticas de integración sociourbana que se habían implementado para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares.
Petrucci recordó el funcionamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana y del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), un instrumento que permitía financiar proyectos de infraestructura y urbanización en sectores socialmente vulnerables.
La arquitecta explicó que esos programas tenían como objetivo intervenir en barrios que presentaban importantes carencias de infraestructura y cuyos habitantes, en muchos casos, tampoco contaban con la titularidad de los terrenos que ocupaban. «Esto era lo que trató de subsanar en su momento la Secretaría de Integración Socio Urbana, que trabajaba a través de fondos. Había un fideicomiso que se llamaba Fisu, el Fondo de Integración Socio Urbana, que ni bien asumió ese gobierno lo dio de baja», recordó.
La profesional señaló que el fondo estaba integrado, entre otros recursos, por los provenientes del aporte extraordinario a las grandes fortunas, creado durante la pandemia de coronavirus.
Ese mecanismo había permitido financiar intervenciones en barrios populares mediante obras de infraestructura, apertura de calles, redes de agua, cloacas, veredas y otros componentes necesarios para integrar esos sectores a la trama urbana. Sin embargo, la disolución del fideicomiso y la interrupción de las políticas de financiamiento generaron preocupación por la continuidad de los proyectos que estaban en marcha. «Cuando toma el gobierno esta gestión, desaparece, deshace el fideicomiso, así como deshizo casi todos los fideicomisos», expresó Petrucci.
Al referirse al destino de los recursos, manifestó que no contaba con información precisa: «La verdad es que no tengo ni idea. Debe haber ido al Ministerio de Economía y ahí a un agujero negro, básicamente». Más allá de esa apreciación, la arquitecta puso el acento en las consecuencias concretas que tuvo la interrupción de esos programas para los barrios que esperaban completar sus obras de infraestructura. «La Secretaría de Integración Socio Urbana lo que hacía era generar proyectos en barrios vulnerables, que tenían vulnerabilidad también legal porque no eran los dueños de la tierra, y trataba de generar justamente la integración de esos barrios a la ciudad», explicó. Entre las intervenciones previstas mencionó la apertura de calles, la construcción de veredas, la instalación de redes de agua y cloacas y la incorporación de infraestructura urbana.
La Rubita, un ejemplo de las obras que no se terminaron
Al describir el impacto de la interrupción de los programas, Petrucci mencionó particularmente el caso del barrio La Rubita, en Resistencia, donde quedaron obras sin concluir.
«Hay muchas obras que quedaron inconclusas, muchísimas obras. Nosotros tenemos el ejemplo en La Rubita. Esa obra quedó inconclusa, nunca se pudo llegar a terminar», afirmó. La profesional recordó que el proyecto era gestionado y financiado mediante el Fondo de Integración Socio Urbana y que formaba parte de una política destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias que habitaban barrios populares.
También mencionó intervenciones en el barrio Zampa y otros asentamientos informales del Chaco que habían sido alcanzados por proyectos financiados a través del Fisu. La paralización de este tipo de obras tiene consecuencias que van más allá de la infraestructura pendiente.
Cuando no se completan las redes de servicios, las calles y los equipamientos previstos, los habitantes continúan expuestos a las mismas dificultades que motivaron la intervención estatal. En ese sentido, la arquitecta consideró que la integración de los barrios a la ciudad requiere continuidad en las políticas públicas y no solamente la ejecución de intervenciones aisladas.
El agua potable: un servicio esencial
La falta de acceso a los servicios básicos fue otro de los ejes centrales de la conversación. En particular, Petrucci hizo hincapié en la importancia del agua potable y en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar su disponibilidad.
Al analizar las diferencias entre los servicios, explicó que algunas necesidades pueden resolverse mediante alternativas individuales cuando no existen redes cercanas, siempre que se respeten las condiciones técnicas y sanitarias correspondientes.
Por ejemplo, la falta de cloacas puede abordarse mediante sistemas individuales de tratamiento de efluentes, como cámaras sépticas y pozos absorbentes correctamente construidos.
De la misma manera, cuando no existe conexión a la red de gas natural, las familias pueden recurrir al uso de garrafas. Sin embargo, sostuvo que el agua representa una necesidad que no puede sustituirse de la misma manera. «Si vos a la vulnerabilidad económica le agregás el no acceso a los servicios básicos, la situación se agrava», explicó.
Por otro lado, profundizó: «La cloaca podrías llegar a subsanarla con un pozo si no tenés redes cercanas. Existen los sistemas bien hechos, con cámaras sépticas y pozos absorbentes. El gas lo podés suplantar con una garrafa, pero el agua no hay forma». En ese punto, dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: «El agua es un servicio esencial que vos le tenés que dar a la población».
Para la presidenta del Colegio de Arquitectos, el acceso al agua no puede considerarse un beneficio adicional ni una prestación que pueda quedar supeditada a la capacidad económica de cada familia. «No estamos hablando de algo que, si no tengo, no pasa nada. El agua es imposible de suplantar, no existe otra forma», enfatizó.
La falta de agua segura tiene consecuencias directas sobre la higiene, la preparación de alimentos y la prevención de enfermedades. Por eso, su disponibilidad constituye una condición indispensable para garantizar una vida digna.
La falta de planificación estatal detrás de los asentamientos
Consultada sobre la responsabilidad del Estado en el crecimiento de las ocupaciones informales, Petrucci vinculó directamente esta problemática con la ausencia de planificación territorial.
A su entender, las usurpaciones y los nuevos asentamientos no pueden abordarse únicamente cuando ya se produjeron, sino que es necesario anticiparse mediante políticas de acceso al suelo urbano. «Totalmente, es así», respondió al ser consultada sobre la relación entre el déficit habitacional y la falta de planificación.
Luego explicó: «En general, el tema de las usurpaciones, el tema de los asentamientos y todas esas cuestiones que llevan a lo que estamos hablando tienen que ver con la falta de planificación del Estado».
La arquitecta consideró que muchas veces los gobiernos no disponen de tierras para desarrollar políticas habitacionales o no planifican adecuadamente el aprovechamiento de los terrenos fiscales existentes. «Muchas veces el Estado no es poseedor de tierras o no planifica por ahí las tierras que tiene como para poder generar lotes con servicios», sostuvo.
El Gobierno y la responsabilidad de planificar las ciudades
La presidenta del Colegio de Arquitectos sostuvo que la planificación de estos espacios no puede quedar exclusivamente en manos del mercado inmobiliario o de iniciativas particulares.
Consideró que el Estado tiene un papel fundamental porque es quien debe garantizar que el crecimiento urbano se produzca de manera ordenada y que los nuevos barrios cuenten con infraestructura y servicios. «El Estado es el único que puede planificar esas cosas. No le podemos pedir a un privado que se ocupe de eso», afirmó.
Su planteo apunta a la necesidad de que las políticas públicas contemplen no solamente la construcción de viviendas, sino también la generación de suelo urbano, la extensión de las redes de servicios y la disponibilidad de equipamiento comunitario.
En ese esquema, el acceso a un terreno con servicios aparece como una herramienta para prevenir la expansión de asentamientos informales y evitar que las familias deban resolver individualmente problemas que requieren una respuesta colectiva.
Basurales, lagunas de oxidación y terrenos inundables
Otro de los puntos que destacó Petrucci fue la situación ambiental de muchos asentamientos informales. Explicó que, ante la necesidad urgente de encontrar un lugar donde vivir, algunas familias terminan ocupando terrenos que no reúnen condiciones adecuadas para el desarrollo urbano. «Hay muchos que también sufren otro tipo de vulnerabilidades. Están cerca de basurales, están cerca de lagunas de oxidación, terrenos que en general no se deberían ocupar, pero que se ocupan ante la desesperación de la gente por no tener un lugar donde vivir», describió.
La entrevistada también confirmó que existen asentamientos en zonas inundables, una situación que representa un riesgo adicional para las familias. «Inundables también», respondió al ser consultada sobre la localización de estos terrenos.
En el Chaco, donde distintas comunidades conviven con problemas vinculados a las lluvias intensas, las inundaciones y las dificultades de drenaje, la ocupación de terrenos sin planificación puede agravar las condiciones de vulnerabilidad. Por eso, Petrucci consideró que las políticas de hábitat deben contemplar previamente las características ambientales de cada sector y evitar que las familias terminen instalándose en espacios que no son aptos para la urbanización.
La obra pública, indispensable para garantizar infraestructura
Finalmente, Petrucci se refirió a la importancia de la obra pública como instrumento para concretar las políticas de integración urbana.
Sostuvo que la infraestructura es indispensable para que los barrios puedan desarrollarse y que la reducción de las intervenciones estatales también repercute sobre la capacidad de planificación. «Al reducirse o sacar del medio lo que es la obra pública, muchas veces sacamos del medio lo que es planificación para hacer una obra pública», advirtió.
La arquitecta explicó que las intervenciones urbanas necesitan estudios, proyectos y una planificación previa.
No se trata solamente de ejecutar una obra, sino de determinar qué infraestructura necesita cada sector, cómo se conectará con el resto de la ciudad y qué servicios deberán garantizarse a sus habitantes. «Necesitás planificar algo. No podés hacer las cosas al tuntún», expresó.
En ese sentido, volvió a remarcar que la obra pública es una herramienta esencial para que las políticas de hábitat puedan concretarse y sostenerse en el tiempo. «La obra pública es esencial para que todo esto pueda llegar a ser sustentable», concluyó.
El Colegio prepara actividades sobre urbanismo
En el tramo final de la entrevista, Petrucci también se refirió a las actividades institucionales que lleva adelante el Colegio de Arquitectos del Chaco en el marco de su ciclo de charlas vinculadas con el urbanismo.
Anticipó que el jueves siguiente se desarrollaría un nuevo encuentro bajo el eje «La ciudad en perspectiva», con abordajes relacionados con la accesibilidad universal, la perspectiva ambiental y la perspectiva de género.
Además, anunció que el 26 de noviembre tendrá lugar la última actividad del ciclo correspondiente a este año, que estará dedicada a la participación ciudadana.
«En el Mes del Urbanismo terminamos con el ciclo de charlas. El próximo 26 es la charla final, que es sobre la participación ciudadana», adelantó.