Adrián Luna Vázquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió en La Otra Campana que frigoríficos exportadores estarían pagando menos a productores que no utilizan la plataforma privada de trazabilidad. También cuestionó un acuerdo con UATRE, reclamó mayor participación del Estado y denunció posibles abusos de posición dominante en el mercado ganadero.
La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a manifestar su preocupación por la utilización de la plataforma privada VISEC Carne como condición comercial para la venta de hacienda destinada a la exportación. Su secretario, Adrián Luna Vázquez, advirtió que algunos frigoríficos están aplicando descuentos a los productores que no cuentan con esa certificación y sostuvo que la situación genera un creciente malestar en el sector ganadero.
En una entrevista concedida al programa La Otra Campana, emitido por LT7 Radio Provincia de Corrientes, el dirigente explicó que la controversia surge a partir de las exigencias ambientales de la Unión Europea, pero aseguró que la normativa internacional no obliga a utilizar una plataforma privada determinada.
«Está un poco convulsionado con el tema este del VISEC, que la verdad genera mucha confusión», expresó Luna Vázquez al describir la situación que atraviesan los productores.
Según señaló, el problema se agrava porque un grupo de frigoríficos exportadores estaría utilizando la inscripción en el sistema como criterio para determinar el precio de compra de los animales.
Descuentos de entre $300 y $600 por kilo
Durante la entrevista se mencionaron descuentos de entre 300 y 600 pesos por kilo de hacienda, cifras que Luna Vázquez reconoció como significativas para la rentabilidad de los establecimientos ganaderos.
El dirigente explicó que algunos compradores condicionan las operaciones comerciales a la certificación mediante VISEC.
«Si tiene VISEC, pago lo que señala el mercado y, si no, de lo contrario, lo que hago es o pagar menos o no comprar», describió al reproducir la postura que atribuye a determinados frigoríficos.
En ese contexto, cuestionó que una herramienta destinada a verificar condiciones ambientales termine funcionando como mecanismo de presión comercial.
«De alguna manera se está haciendo uso de esta herramienta para generar una situación, si se quiere, de competencia desleal o abuso de posición dominante de mercado», sostuvo.
«De alguna manera se está haciendo uso de esta herramienta para generar una situación, si se quiere, de competencia desleal o abuso de posición dominante de mercado».
Los conductores del programa señalaron que el novillo apto para la Unión Europea se comercializaría alrededor de los $8.000 a $8.100 por kilo, mientras que el ganado que no cumple con las condiciones exigidas por la plataforma podría recibir valores de entre $7.500 y $7.700.
Luna Vázquez también destacó que los descuentos se aplicarían sobre la totalidad de los kilos comercializados, aunque solamente una parte de los cortes obtenidos del animal se destine al mercado europeo.
«No es todo el desguace del animal que va a Europa, sino solamente una parte. Sin embargo, se le hace un descuento sobre la totalidad del kilo de la hacienda y sobre toda la hacienda que se carga», remarcó.
«Entonces, realmente es un perjuicio importante al productor», agregó.
CRA cuestiona VISEC Carne: denuncian descuentos a productores ganaderos.
Cuestionamientos al acuerdo entre VISEC y UATRE
Otro de los aspectos abordados por Luna Vázquez fue un acuerdo que, según indicó, VISEC celebró el 29 de octubre con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), vinculado con la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales.
El secretario de CRA expresó su rechazo a que una organización sindical intervenga en los procedimientos de validación de la legalidad laboral de los establecimientos productivos.
Según su interpretación de la legislación argentina, las tareas oficiales de inspección corresponden a los organismos estatales competentes, mientras que los representantes gremiales poseen atribuciones específicas de acompañamiento.
«No puede entrar un delegado gremial a un establecimiento a hacer un control de legalidad, porque además carece absolutamente de facultades para hacerlo», afirmó.
Para el dirigente, el convenio genera preocupación entre los productores que evalúan incorporarse al sistema de trazabilidad.
Sus declaraciones constituyen un cuestionamiento a los alcances del acuerdo y a las facultades de fiscalización, aspectos que deberán diferenciarse de las competencias legales efectivas de los organismos laborales y de la representación sindical.
«Sin embargo, se le hace un descuento sobre la totalidad del kilo de la hacienda y sobre toda la hacienda que se carga».
Productores certificados por otros sistemas tampoco podrían vender
Luna Vázquez aseguró que CRA recibe reclamos de productores de distintas provincias que encuentran dificultades para comercializar sus animales pese a contar con certificaciones de trazabilidad emitidas por otras herramientas.
Como ejemplo, mencionó el sistema público y gratuito Santa Fe Produce Sustentable, que permite validar información de los establecimientos agropecuarios.
«Nosotros en CRA recibimos reclamos de todo el país», señaló.
El dirigente relató que productores que ya fueron validados por esa plataforma encuentran objeciones cuando intentan vender su hacienda a determinados frigoríficos.
«Cuando ese productor quiere vender a un frigorífico le dice: ‘Si no es VISEC, yo no te valido’. Y terminó», manifestó.
En ese sentido, sostuvo que el problema no radica en cumplir las condiciones ambientales solicitadas por Europa, sino en la falta de reconocimiento comercial de otros mecanismos de certificación.
«Cuando ese productor quiere vender a un frigorífico le dice: ‘Si no es VISEC, yo no te valido’. Y terminó».
Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, cuestionó en La Otra Campana la imposición de VISEC Carne y denunció descuentos a productores ganaderos.
CRA reclama que el Estado garantice alternativas
Ante esta situación, Luna Vázquez confirmó que CRA mantuvo una reunión con autoridades nacionales para trasladar las inquietudes de los productores y solicitar una mayor intervención estatal.
Recordó que históricamente la Argentina utilizó mecanismos oficiales para acreditar las condiciones sanitarias y comerciales necesarias para exportar carne a distintos mercados.
«Cuando en su momento se tuvieron que acreditar condiciones para acceder a otros mercados, como por ejemplo cuota Hilton, cuota 481, Estados Unidos, vaca china, siempre las validaciones de cumplimiento las hizo el propio Estado a través del SENASA», explicó.
También cuestionó que las plataformas privadas utilicen información existente en registros públicos para desarrollar sus mecanismos de validación.
«Todas estas plataformas utilizan la información pública que está en los registros del Estado, del SENASA, de ARCA», indicó.
Y planteó una comparación con los países vecinos:
«Si Brasil, Paraguay y Uruguay desarrollaron herramientas públicas, no entendemos por qué el Estado nacional no lo quiere hacer».
Para el dirigente, es necesario que el Gobierno nacional garantice la existencia de alternativas públicas, sin impedir que continúen funcionando las plataformas privadas.
«Más allá de que existan las validaciones privadas, que tampoco el Estado se haga a un costado», reclamó.
«Si Brasil, Paraguay y Uruguay desarrollaron herramientas públicas, no entendemos por qué el Estado nacional no lo quiere hacer».
La preocupación por la libertad de comercialización
Durante la entrevista, Luna Vázquez también se refirió a las dificultades prácticas que enfrentan los ganaderos cuando deben decidir si incorporarse o no a VISEC.
Explicó que la actividad tiene tiempos productivos que limitan la posibilidad de postergar indefinidamente la venta de animales, especialmente cuando ya alcanzaron las condiciones comerciales necesarias.
«Cuando el animal está listo para vender, el productor tiene que vender, no puede dejarlo», señaló.
El dirigente aclaró que CRA no pretende indicarles a los productores si deben registrarse en la plataforma, sino brindarles información para que puedan evaluar las consecuencias comerciales de cada decisión.
«Nosotros no le decimos, le dejamos libertad de decisión al productor, pero le damos a conocer lo que está ocurriendo. Tratamos de transferirle el conocimiento para que pueda tomar decisiones adecuadas», afirmó.
De esta manera, la entidad busca visibilizar las dificultades que, según sostiene, podrían surgir cuando una herramienta de validación privada adquiere una posición determinante en la comercialización de hacienda.
La controversia abre un debate sobre el papel del Estado, la competencia entre los compradores y las condiciones que deben cumplir los productores para acceder a los mercados internacionales.
Para CRA, el desafío consiste en garantizar las exigencias ambientales de la Unión Europea sin que la trazabilidad se convierta en una barrera comercial que afecte los ingresos de quienes producen la hacienda.
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