El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves un proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, aprobado por unanimidad con 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La norma busca reemplazar el esquema de emergencia por un marco jurídico permanente que garantice la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901, el financiamiento y la previsibilidad para las familias y los prestadores.
Entre los principales cambios, la legislación actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, fijando su haber en el 70% de la jubilación mínima garantizada con actualización automática y estableciendo la compatibilidad con el empleo formal hasta un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, asegura la cobertura sanitaria a través de las prestaciones básicas, dispone auditorías periódicas con garantías de defensa y fija un cronograma para cancelar deudas pendientes con los prestadores.
Durante el debate, el miembro informante oficialista Agustín Monteverde sostuvo que la ley brinda reglas estables y financiamiento identificado, mientras que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la definió como un acuerdo político y social para salir de la incertidumbre. Desde la oposición, senadores como Alicia Kirchner, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich, Daniel Bensusan, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio acompañaron la sanción, aunque cuestionaron el recorte de recursos y exigieron cumplir con las partidas y el programa Incluir Salud.
Según las estimaciones expuestas en el recinto, el costo proyectado por la Oficina de Presupuesto del Congreso para el ejercicio 2028 asciende a 1,2 billones de pesos, mientras que las compensaciones pendientes a los prestadores rondan los 278.300 millones de pesos. Con esta sanción, el sistema pasa a regirse bajo pautas de coordinación federal junto al Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control presupuestario.

