El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, firmado por la totalidad de los integrantes del Gabinete de Ministros, y autorizó una ampliación de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio. La medida representa un incremento del 10,2 por ciento respecto del crédito presupuestario vigente hasta entonces, estimado en $152,47 billones, y modifica las proyecciones fiscales para el cierre del año. Como consecuencia de la actualización de las partidas y de la evolución de los ingresos públicos, el superávit previsto para diciembre se reduce en alrededor de $7,5 billones.
La modificación presupuestaria está detallada en la Planilla Anexa I, un documento de 564 folios que contiene la distribución de los nuevos créditos y las adecuaciones realizadas en las distintas jurisdicciones y organismos del Estado. La ampliación responde principalmente a la diferencia entre las previsiones económicas utilizadas cuando se elaboró el presupuesto y la evolución efectiva de los precios durante 2026. El cálculo original contemplaba una inflación anual cercana al 18 por ciento, mientras que la variación acumulada y proyectada para el conjunto del año se ubica alrededor del 33 por ciento, una brecha que incidió sobre los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las dependencias públicas.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señala que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y atender los compromisos asumidos. La norma también contempla los requerimientos presentados por distintos organismos nacionales, que comunicaron insuficiencias en las asignaciones originales debido a que sus necesidades de ejecución superaron las estimaciones realizadas al comienzo del ejercicio. Entre los conceptos alcanzados por esas diferencias se encuentran las remuneraciones, las jubilaciones, los gastos operativos y las obligaciones financieras del sector público.
EL EFECTO SOBRE EL RESULTADO FISCAL
La actualización de los gastos no tiene una contrapartida equivalente en el crecimiento de los ingresos públicos. Según los datos de la modificación presupuestaria, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, mientras que las autorizaciones de gasto se incrementan en $15,6 billones. La diferencia, cercana a los $7,5 billones, se refleja directamente en una reducción del resultado fiscal proyectado para el cierre de 2026. De esta manera, el superávit estimado originalmente en unos $26,4 billones pasaría a ubicarse alrededor de los $18,9 billones.
Los datos de ejecución presupuestaria disponibles al 16 de noviembre mostraban que el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los $33,2 billones. Esa cifra corresponde al resultado registrado hasta esa fecha y debe distinguirse de la proyección anual posterior a la modificación de los créditos presupuestarios. La ampliación dispone recursos para atender obligaciones durante las últimas semanas del ejercicio, período en el que se concentrará una parte importante de las erogaciones adicionales autorizadas por el Gobierno.
La diferencia entre el incremento nominal del presupuesto y el crecimiento efectivo del gasto también forma parte de los fundamentos de la medida. Los $15,6 billones adicionales no representan necesariamente una expansión equivalente de las erogaciones reales, debido a que una proporción significativa corresponde a la actualización de partidas que habían sido calculadas con parámetros de inflación inferiores a los registrados durante el año. Sin embargo, los mayores ingresos obtenidos durante el ejercicio no alcanzaron para compensar íntegramente las necesidades presupuestarias, por lo que el Ejecutivo dispuso utilizar parte del superávit previsto para financiar las nuevas obligaciones.
Pami y la deuda concentran los refuerzos
Entre las partidas que reciben los principales incrementos se encuentran las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. El organismo obtiene un refuerzo cercano a los $10 billones, equivalente a casi dos tercios de la ampliación presupuestaria total. Se trata del mayor incremento individual contemplado en la modificación, destinado a atender las necesidades financieras vinculadas con las prestaciones y los servicios que reciben jubilados y pensionados, cuyos costos también fueron afectados por la evolución de los precios durante 2026.
El segundo refuerzo de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública. La partida destinada al pago de intereses y comisiones aumenta aproximadamente $3,9 billones, en función de las necesidades financieras que superaron las previsiones incorporadas al presupuesto original. La actualización alcanza así a los compromisos asociados al endeudamiento estatal, otro de los componentes que demandaron mayores recursos durante el ejercicio. Entre las dos principales asignaciones, PAMI y el servicio de la deuda concentran la mayor parte de los fondos adicionales autorizados por el decreto.
En el área sanitaria, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, recibe una ampliación cercana a los $0,8 billones para atender sus necesidades de funcionamiento. El refuerzo se incorpora dentro de las adecuaciones presupuestarias destinadas a sostener las prestaciones de los organismos nacionales. La modificación también contempla a la Gendarmería Nacional, que suma aproximadamente $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, destinado a las actividades comprendidas en esa área de intervención.
Nuevo escenario de cierre
En sentido contrario, la modificación establece una reducción de créditos en distintas áreas del presupuesto. El ajuste más importante corresponde a la finalidad Servicios Económicos, que registra una disminución aproximada de $2,3 billones.
Esos recursos se reorientan desde programas vinculados con el área económica hacia otras partidas que el Gobierno considera prioritarias para atender las obligaciones pendientes y garantizar el funcionamiento de los organismos durante el tramo final del ejercicio.
La distribución de los nuevos fondos muestra que los mayores refuerzos se concentran en PAMI y en el pago de los compromisos financieros del Estado, mientras que otras jurisdicciones reciben asignaciones adicionales de menor magnitud y determinadas finalidades registran reducciones. El esquema contempla tanto el incremento de las autorizaciones de gasto como los ajustes entre partidas y la actualización de los recursos previstos.
De acuerdo con las cifras consignadas en la modificación, el crecimiento de los ingresos públicos no alcanza para financiar la totalidad de las necesidades adicionales, por lo que una parte de la diferencia se absorbe mediante una reducción del resultado fiscal esperado.

