El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura para competir por un tercer mandato consecutivo, respaldado por una reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida.
El mandatario, de 45 años, presentó su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral acompañado por aproximadamente 3.000 seguidores y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Durante la convocatoria, sus simpatizantes corearon «¡Seis años más!», en respaldo a la continuidad de su gestión. Bukele, que llegó al poder en 2019 y asumió su segundo período presidencial el 1 de junio de 2024, buscará extender su permanencia en el Gobierno por otros seis años, pese a que la Constitución salvadoreña prohibía entonces la reelección consecutiva.
Durante el acto de inscripción, el mandatario reivindicó su proyecto político y defendió la continuidad de su administración frente a las críticas de sus adversarios. «Vamos a hacer historia otra vez (…). El Salvador no va a volver al pasado», proclamó en un discurso pronunciado en las puertas del Tribunal Supremo Electoral.
Bukele cuenta con una aprobación cercana al 80%, de acuerdo con los datos consignados en el informe, y sustenta buena parte de su respaldo popular en la política de seguridad implementada contra las pandillas, que permitió reducir drásticamente los índices de violencia en un país que anteriormente registraba algunos de los niveles más elevados del mundo. Ese resultado constituye uno de los principales argumentos de su gestión para impulsar un nuevo período presidencial.
CUESTIONAMIENTOS POR LA CONCENTRACIÓN DE PODER
La candidatura de Bukele también se inscribe en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias, sectores de la prensa independiente y dirigentes opositores sobre la concentración de poder y las características de su modelo de gobierno.
La reforma que habilitó la reelección presidencial indefinida generó controversias por sus implicancias institucionales y por el cambio de las restricciones constitucionales que anteriormente impedían la continuidad presidencial.
Frente a las críticas de sus adversarios, que lo califican de «autócrata», el mandatario defendió las condiciones de participación política en el país. «Ahora sí hay democracia y todos pueden participar, todos los partidos políticos», afirmó durante su intervención pública.
A las objeciones sobre el funcionamiento institucional se suman las denuncias por abusos cometidos durante la ofensiva contra las pandillas. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas señaló que las violaciones registradas en el marco de esa política de seguridad constituyen crímenes de lesa humanidad, una acusación que introduce cuestionamientos internacionales sobre los métodos utilizados por el Gobierno salvadoreño.
Aunque la estrategia permitió una reducción significativa de la violencia y fortaleció la imagen pública del presidente, también recibió críticas por las detenciones y los procedimientos aplicados durante su implementación.

