La gestión liderada por Jorge Capitanich nombró a 65 personas con la jerarquía de Oficial Principal en la Policía del Chaco, quienes pasaron a formar parte del Cuerpo Profesional de la entidad.
El decreto 3570/23 fue firmado por la ex ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, y el ex gobernador. El documento decía que los 65 nombrados «poseen título de grado, el cual los habilita para el desempeño de sus funciones conforme los alcances e incumbencias de los mismos, reuniendo las condiciones necesarias para la ejecución de labor que serán asignadas en su cargo según corresponda».
Luego de tres meses, la actual gobernación revocó dicho decreto alegando «la inexistencia de causa suficiente y legalmente fundada, así como también el apartamiento expreso e injustificado de la aplicación en el caso del procedimiento reglado para promociones o titularizaciones (Llamado a Concurso y/o Oposición), viendo se afectado con ellos elementos esenciales del acto administrativo».
Se constató que en el proceso han intervenido las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Finanzas y Programación Presupuestaria, ambas expresando objeciones técnicas negativas con respecto a los presupuestos legales de la medida firmada por la gestión anterior.
La actual gestión aseguró que en los cuatro años de gestión de Capitanich se eludió «deliberadamente las normativas legales aplicables, beneficiando a los agentes en detrimento del resto del personal de planta permanente. Esto se evidencia en la falta de sujeción a la normativa legal de aplicación expresa y en la atribución indebida de potestades, obviando las disposiciones constitucionales pertinentes».
«Se han omitido los requisitos específicos establecidos por el ordenamiento jurídico de aplicación, lo cual contraviene el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública», comentaron desde el Ejecutivo, ya que no se respetó el procedimiento de concurso público.