Luego de escuchar a los choferes y al personal policial que acudió en apoyo al llamado del agente Alexis Fleitas Noguera, no quedan dudas de que la siesta del 26 de febrero de 2022 se desplegaron cinco móviles policiales para aprehender a una sola persona que se encontraba desarmada, en pleno centro de la ciudad de Charata, publicó en un informe especial el portal judicial Litigio. Media hora después de la detención, Leandro “Leo” Bravo era declarado sin vida en el hospital local.
Todos los testimonios fueron coincidentes en que cuando llegaron los agentes al lugar la víctima ya estaba “reducida”, tirada en el piso boca abajo, esposada y sostenida por uno de los oficiales, mientras que el otro estaba parado al lado. Ninguno de los policías pudo precisar cuál fue el origen del llamado que desencadenó semejante despliegue de móviles y agentes.
Se prevé que las audiencias del juicio oral se extiendan hasta el próximo 18 de octubre en la sede del Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial de Charata. Los imputados son el oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz, todos acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Asimismo, al primero también se lo acusa por falsedad ideológica. En tanto que Enzo Gómez está imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte, que conlleva la misma pena que el delito del cual fue parte, es decir, perpetua.
El tribunal es presidido por el juez de la Cámara en lo Criminal de Charata, Juan Carlos Clauter, secundado por las juezas de Andrea Sánchez y Lorena Cimbaro Canella, ambas de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de esa localidad, por la inhibición de los dos jueces que debían intervenir en el juicio. Por la parte acusadora participan la fiscal de Cámara de Villa Angela, Silvana Rinaldis, y las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura (los abogados Roberto Sotelo y Romina Duarte), la Subsecretaría de Derechos Humanos, y la familia Bravo, a través del abogado Jorge Ferronato. La fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos Adjunta, Silvia Slusar, que instruyó la causa, no participará del juicio ya que se encuentra de licencia por cuestiones de salud.
CONTRADICCIONES
En el inicio fue llamativa la insistencia del juez que preside el Tribunal, Juan Carlos Clauter, en incorporar nueve declaraciones testimoniales por lectura ya que, según él, contendrían muchos datos que, muy probablemente, después de un año y medio los testigos no recordarían. En un primer momento, las defensas en forma unánime aceptaron la propuesta, mientras que la Fiscalía, representada por la fiscal Silvana Rinaldis de la Cámara del Crimen de Villa Angela, se opuso. En ese sentido, argumentó que el principio de oralidad y de publicidad de las audiencias de debate se vería comprometido. Las querellas tampoco aceptaron la introducción por lectura de las testimoniales. La diferencia radica en que de no escucharse las testimoniales durante el juicio hubiera sido imposible detectar las contradicciones en las que incurrieron varios de los testigos.
Por ejemplo, en sede fiscal uno de ellos había afirmado haber visto muerto a Bravo en el momento de la detención. Otros habían declarado que el joven estaba desmayado al momento de llegar a la sede de Sanidad Policial. Esta versión se modificó bastante frente al Tribunal y en todo momento dijeron que el joven se subió caminando a la parte de atrás del móvil en el cual fue trasladado, boca abajo, esposado, con el torso desnudo sobre la chapa de la cajuela, en una siesta de febrero de intenso calor.
Curiosidades de la primera jornada de las audiencias
El primer testigo en declarar fue el comisario Manuel Barreto, quien llevó a cabo la información sumaria ese 26 de febrero, ordenada por el fiscal en turno. Barreto contó que la primera noticia de Bravo la tuvo cuando recibió un llamado del imputado Fleitas desde el Hospital para decirle que un aprehendido había fallecido.
Al ser preguntado por la querella del Comité para la Prevención de la Tortura, representado por el abogado Roberto Sotelo, sobre cuál era su función ese día, contestó que era vomisario de turno y que tenía que disponer los operativos y asentar toda la información de las novedades que ocurrieran.
El abogado volvió a preguntar si se encontraba presente en la unidad entre las 15 y las 16 horas, a lo que el testigo contestó que no y que tampoco supo de la detención de Bravo. Es decir que todo el despliegue policial se realizó sin su conocimiento.
El testigo también declaró que por pedido del fiscal tomó una denuncia de la señora “Beti” Scalone, quién supuestamente hizo la llamada de auxilio que el imputado Fleitas Noguera habría utilizado como coartada para justificar el operativo contra Bravo.
Sin embargo, Barreto tuvo que admitir que no estuvo en ningún momento durante la toma de la denuncia y que quién la realizó fue Fleitas.
La querella del Comité le recordó que él había firmado como si hubiese estado presente delante de la señora Scalone. Este testimonio es clave ya que Fleitas Noguera también está acusado de falsificar la denuncia.
Una de las cuestiones que llamó la atención durante la primera jornada fue la conducción de la audiencia de debate por parte del Presidente del Tribunal, el juez Clauter.
En varias oportunidades, tanto la defensa como las querellas plantearon objeciones a las preguntas del magistrado que resultaban indicativas y claramente sugerían las respuestas a los testigos.
El juez hacía caso omiso a las objeciones y en un momento llegó a justificar como un error material una clara contradicción del testigo Ramírez.
Éste había declarado haber visto a “una persona fallecida” en el lugar del operativo y durante la audiencia cambió su versión haciéndola coincidir con el resto de sus colegas de que Bravo estaba con vida y que se desplazaba por sus propios medios.
En otros momentos del debate, siempre según el informe especial del portal judicial Litigio, la fiscala Rinaldis le pidió al Presidente que lea la parte pertinente de las declaraciones prestadas en fiscalía para refrescar la memoria del testigo, práctica que permite el Código Procesal, justamente para evitar el falso testimonio. El juez no contestaba y luego de unos segundos admitió que no estaba escuchando porque estaba leyendo las testimoniales.