El fiscal general de Resistencia, Federico Carniel, solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) de esa jurisdicción que imponga penas de 9 y 5 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y el exsenador Fabio Darío Biancalani, respectivamente, a quienes acusó del delito de evasión tributaria agravada por presuntas maniobras delictivas con la emisión de facturas apócrifas que habrían desarrollado a través de la Sucesión de Adelmo Biancalani, padre del acusado. El 83,33% de los derechos hereditarios de Adelmo Biancalani habían sido adquiridos por la empresa Austral Construcciones SA, propiedad de Báez, mientras que la porción restante permaneció en manos del exsenador, único heredero que no vendió sus derechos. Ante el tribunal integrado por Noemí Marta Berros, Lilian Graciela Carnero, María Emilce Rojas y Manuel de Jesús Moreira, el fiscal además reclamó penas de entre 4 y 7 años de prisión para los administradores de la sucesión Claudio Fernando Bustos, Julio Enrique Mendoza y Jorge Checo, por el mismo delito. Según el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), estos acusados habían trabajado anteriormente para Austral Construcciones S.A. y en realidad habrían sido operadores encubiertos de esa firma. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, los elementos recolectados en la causa permiten sostener que la sucesión de Anselmo Biancalini, integrada por empresas constructoras, se valió de Austral Construcciones para conseguir facturas apócrifas que le permitieran evadir más de $40 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2013 y 2015; $11.005.807,64 en el impuesto a las ganancias en 2014; y $633.389 en el impuesto a las salidas no documentadas en 2013.
El pedido de penas
En detalle, el fiscal Carniel solicitó una condena de 9 años de prisión para Báez, a quien se atribuye la autoría del delito de evasión agravada, tanto por el monto involucrado como por el uso de facturas apócrifas en cuatro hechos.
Para Bustos y Mendoza, pide una pena de 7 años de prisión, ya que se les considera coautores de los mismos delitos que Báez.
En el caso de Biancalini, el fiscal requiere 5 años de prisión, ya que se le acusa de evasión simple y coautoría en la evasión agravada por el monto y el uso de facturas falsas en cuatro ocasiones.
Finalmente, se solicita una pena de 4 años de prisión para Checo, quien es señalado como autor del delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas en un solo hecho.
Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), en su rol de querellante, ha solicitado penas significativamente más severas.
Para Báez, la Afip demanda 18 años de prisión; para Bustos y Mendoza, 14 años cada uno; y para Biancalini y Chueco, 6 años de prisión cada uno.
El caso
La investigación se inició tras una inspección realizada por la Afip respecto de la contribuyente Sucesión de Adelmo Biancalani, en la que el organismo fiscal detectó inconsistencias y la existencia de maniobras a través de las cuales los imputados habrían evadido el IVA en 2013 por $3.214.530,24, en 2014 por $5.741.953 y en 2015 por $31.528.087,54; el Impuesto a las Ganancias en 2014 por $11.005.807,64; y el Impuesto a las Salidas no Documentadas en 2013 por $633.389.
Como consecuencia, la Afip formuló la denuncia correspondiente y el Ministerio Publico Fiscal requirió la instrucción contra administradores y propietarios de la sucesión investigada.
FRAUDE A TRAVéS DE
UNA EMPRESA QUEBRADA
En su alegato, el fiscal dijo que «no se hallaron elementos que permitan constatar la veracidad de las operaciones (detalle de los equipos alquilados, horas afectadas, fechas, condiciones, consumo de combustible, etcétera), los que si constan en las operaciones con otras firmas que le facturan iguales servicios».
«Tampoco se han detectado -en la totalidad de la documentación analizada contratos de alquiler y/o condiciones de los servicios facturados, los que resultan indispensables para acreditar las prestaciones de servicios», agregó el fiscal general del Chaco.
Además, «los principales clientes de la Sucesión de Adelmo Biancalani son la Dirección Nacional de Vialidad y las direcciones provinciales de Vialidad del Chaco, Corrientes y Formosa, llegando en 2015 a ser casi el 90% de su facturación».
En fuentes judiciales, se supone que algún exfuncionario poderoso -que no está en este juicio- le sugirió a Lázaro Báez que comprara una empresa quebrada para quedarse con contratos de Vialidad Nacional y de varias vialidades provinciales.
Báez podría sumar su tercera condena
Báez afronta los dos pedidos de condena efectiva en Resistencia, donde tramita otro juicio oral en su contra por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante los últimos años de la presidencia de Fernández de Kirchner, acusación que la defensa confía en rebatir.
Sujeto a prisión domiciliaria en Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom, a diferencia de Fabio Biancalani, quien sí se presentó para la primera audiencia en la sala dispuesta en Paraná por el tribunal de Resistencia.