El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en el Chaco.
Se recuerda que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como «Mafia del desmonte», impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Trascendió que el primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a Tres Isletas.
En la tarea llevada adelante en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestro de una topadora.
Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
En el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraban avalados por el mismo, por lo cual eran «ilegales».
Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024 por tres meses y que luego fue prorrogada en dos oportunidades, la última en febrero de este año, tal lo publicado por el portal judicial Litigio.
A principios de febrero, el empresario participó de una reunión con el gobernador Leandro Zdero, a la que también asistió un grupo de empresarios forestales ligados a la exportación de carbón vegetal, de la cual el ahora imputado es uno de los principales referentes.
El último de los hechos imputados está vinculado a que Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales.
Además, advirtió que no debe soslayarse que «su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación» que lleva adelante la Fiscalía Federal.
