El diputado nacional Juan Manuel Pedrini denunció públicamente el presunto desvío de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles, cuya asignación está prevista por ley para obras de infraestructura vial, vivienda social y el sostenimiento del régimen jubilatorio. Según explicó en una entrevista radial, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para garantizar que esos recursos sean distribuidos conforme a su destino legal.
Pedrini indicó que «cada vez que un ciudadano argentino carga un litro de nafta, se cobra un impuesto» que debe destinarse al Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), al mantenimiento y construcción de rutas, al régimen previsional y al Tesoro Nacional.
No obstante, señaló que «las rutas no se están manteniendo correctamente, ni se están construyendo viviendas sociales», lo que motivó el reclamo de los mandatarios provinciales.
El legislador remarcó que «si el gobierno nacional quiere quedarse con esa plata, tiene que cambiar la ley».
Asimismo, cuestionó el incumplimiento de la normativa vigente y expresó que «la situación en la que estamos demuestra que no se estaría cumpliendo con la distribución prevista por la ley».
LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LOS GOBERNADORES
Frente a esta situación, 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño impulsaron un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado. La iniciativa busca redireccionar de manera automática el producido del impuesto a los combustibles hacia las provincias, reforzando así el federalismo fiscal.
El proyecto fue presentado inicialmente en la Cámara alta «porque allí están representadas las provincias», explicó Pedrini, quien consideró que el respaldo territorial es contundente. En caso de ser aprobado también en Diputados, la norma implicaría una modificación en la coparticipación de dichos fondos.
Pedrini subrayó que el objetivo es garantizar que las provincias reciban los recursos que les corresponden y así puedan abordar con mayor autonomía el mantenimiento de sus rutas y otras obras públicas. El Chaco, en particular, se beneficiaría con una parte significativa de estos fondos.
LA RESPUESTA ESPERADA DEL GOBIERNO NACIONAL
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del Ejecutivo nacional. No obstante, Pedrini anticipó que el presidente Javier Milei ya manifestó su intención de vetar la ley si es aprobada por la Cámara baja. Ante esta posibilidad, el diputado señaló que «si el veto se cae, el presidente anunció que lo judicializaría».
Pedrini desestimó la viabilidad de una judicialización del caso, al sostener que «no hay un proceso en el cual se pueda judicializar una ley que ya está sancionada por el Congreso».
Añadió, además, que «las provincias son preexistentes a la Nación» y que, por ende, tienen derecho a recuperar potestades delegadas en materia de recaudación.
Desde la perspectiva del legislador, este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, aunque aclaró que no necesariamente derivará en una ruptura definitiva.
El papel de la Comisión de Seguimiento Tributario
Pedrini recordó que preside la Comisión de Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, un órgano legislativo que no interviene antes de la sanción de una ley, sino que se encarga de verificar su cumplimiento una vez que ya está en vigor.
En este marco, la Comisión solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y al Ministerio de Hacienda sobre el destino de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles. La citación se concretará el martes 5 de agosto, primer día hábil luego del receso legislativo.
El diputado anticipó que «la respuesta de Arca, si confirma que no se están cumpliendo los fines previstos por la ley, puede ser determinante para avanzar con el proyecto que ya tiene media sanción del Senado».
La citación genera expectativa sobre posibles definiciones institucionales.
Impacto federal y contexto económico
El volumen de fondos en discusión no es menor. Pedrini mencionó que se trata de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente $20 mil millones. Ese monto, hoy presuntamente retenido por Nación, podría fortalecer las finanzas provinciales y reactivar proyectos paralizados por falta de presupuesto.
A su vez, el conflicto se enmarca en una creciente tensión entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, especialmente en lo que refiere a la distribución de los recursos fiscales.
Varios gobernadores han denunciado recortes discrecionales por parte del Ejecutivo y han buscado respuestas a través del Congreso.
El diputado chaqueño sostuvo que «si el gobierno nacional no mantiene las rutas, alguien tiene que hacerlo», dejando entrever que el traspaso automático de los fondos sería una solución estructural y no meramente coyuntural.
Próximos pasos
Consultado sobre el escenario legislativo, Pedrini consideró que hay posibilidades concretas de que el proyecto obtenga la aprobación en Diputados. Señaló que «es una ley que tiene consenso» y que, en caso de veto presidencial, «los dos tercios podrían alcanzarse para insistir con su sanción».
En cuanto al impacto político, el diputado evitó hablar de una ruptura definitiva entre las provincias y el presidente. «No creo que genere una ruptura, pero sí es un límite que le están poniendo los gobernadores», expresó.
También mencionó que «a pesar de los destratos, hay gobernadores que siguen en negociaciones con el presidente Milei», dejando en claro que el vínculo institucional sigue abierto aunque tensionado.
Pedrini cerró la entrevista agradeciendo el espacio y reafirmando su compromiso con el seguimiento del tema. «Vamos a estar atentos a lo que se defina el 5 de agosto», dijo, anticipando que el encuentro con funcionarios del área económica nacional podría traer definiciones relevantes.