En el Chaco, con el caso de Gabriela Romero, se registran -en lo que va de 2025- 9 asesinatos a mujeres. Además, hay casos, de hermanos, padres, vecinos, que agreden a mujeres, pero no se toman denuncias porque las instituciones están fallando. Una vez más vuelve en debate la verdadera aplicación de la Ley Micaela y una sociedad cada vez más capacitada y enterada de las leyes. La referente de Ni Una Menos lo explica bien.
La integrante del colectivo Ni Una Menos Chaco, Magda Corvalán, se refirió con preocupación al reciente femicidio de Gabriela Barrios en Avia Terai y a la discusión judicial sobre la posible carátula del caso. En diálogo con Chaco Ahora, sostuvo que el dolor y la indignación deben traducirse en acción colectiva y en un compromiso sostenido para prevenir la violencia de género.
“Es una situación muy angustiante, muy preocupante. Nos genera mucha impotencia, pero también renueva el compromiso que asumimos: acompañar a las víctimas, a las sobrevivientes, a las familias, y sobre todo trabajar en la prevención y la concientización para que esto no vuelva a suceder nunca más”, expresó Corvalán.
Consultada sobre el debate judicial en torno al concepto de femicidio, señaló que “poner en duda la tipificación es aberrante y peligroso”. “Hace poco acompañamos un caso en Charadai donde una mujer denunció violencia por parte de su hermano y le respondieron que, como no era su marido, no era violencia de género. Eso es una falacia. La ley 26.485 es clara: cualquier asimetría de poder que derive en una agresión constituye violencia de género”, explicó.
Corvalán remarcó que las estadísticas y la experiencia cotidiana del colectivo muestran un incremento de casos:
“Han crecido mucho. Desde 2015 nos organizamos para acompañar a víctimas, estar en fiscalías, juzgados o simplemente tomando un mate para contener y pensar estrategias. Pero vemos que los discursos de odio se legitimaron desde altas esferas de poder. Se naturalizó que cualquiera pueda emitir agravios o culpar a las víctimas. Ayer mismo, mientras hallaban el cuerpo de Gabriela, ya había comentarios responsabilizándola a ella. Eso también es violencia”.
Respecto al rol de la Justicia chaqueña, la referente reconoció algunos avances, pero advirtió que la capacitación con perspectiva de género “sigue siendo una deuda pendiente”.
“Si una fiscalía le dice a una mujer con 15 denuncias que no es violencia de género porque no es su marido, está claro que la Ley Micaela no se aplicó con la profundidad necesaria”, afirmó.
Desde Ni Una Menos impulsan un proyecto para que los municipios sean los encargados de capacitar a la sociedad civil en materia de violencia de género.
“No se trata solo de que el Estado o los tres poderes sepan cómo actuar. Cada persona en la comunidad tiene que tener su propio protocolo, saber qué decir, qué no decir, cómo acompañar sin presionar ni revictimizar. El compromiso tiene que ser general”, sostuvo Corvalán.
Finalmente, señaló que las leyes actuales son suficientes, pero que falta aplicarlas y hacerlas llegar a cada rincón del territorio:
“Argentina tiene una legislación de vanguardia. España e Italia tomaron parte de nuestras normativas. No necesitamos cambiar las leyes, sino conocerlas, difundirlas y hacerlas cumplir. Solo así podremos defender los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de una vez por todas”.
Fotos: Osvaldo Ramírez
Video: Gentileza TN24