La Unidad Fiscal Corrientes formalizó una investigación penal que derivó en la imputación y el dictado de prisión preventiva por 45 días para un ciudadano venezolano acusado de haber ingresado a la Argentina de manera irregular y sospechado de integrar la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. La investigación se desarrolló con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y otros organismos nacionales e internacionales, en el marco del sistema acusatorio vigente.
El procedimiento judicial tuvo como eje central la constatación de un ingreso clandestino al territorio nacional, sin documentación personal ni habilitación migratoria, lo que activó la intervención del Ministerio Público Fiscal y de diversas fuerzas de seguridad. La causa se inscribe dentro de las políticas de persecución penal vinculadas al control migratorio y al combate contra el crimen organizado transnacional.
La imputación fue formulada por la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel, junto con los auxiliares fiscales Juan Martin Mariño Fages y Nicolás Marquevich. La audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención se realizó el 23 de diciembre pasado ante el juez de Garantías de la jurisdicción, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.
Durante dicha audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso los elementos reunidos hasta ese momento, solicitó la prisión preventiva del imputado y fundamentó su pedido en una serie de indicadores de riesgo procesal vinculados tanto a la forma de ingreso al país como a los antecedentes y características personales del acusado.
El juez Fresneda, tras escuchar a las partes y analizar el material incorporado al expediente, resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dictar la prisión preventiva por un plazo de 45 días, fijando como fecha de vencimiento el 26 de febrero próximo.
EL HECHO INICIAL Y LA DETENCIÓN EN ITUZAINGÓ
La causa se inició el 20 de diciembre pasado, cuando personal de la Sección Guardia y Patrullaje de la Prefectura Naval Argentina demoró al hombre en el Puerto local de Control de la ciudad correntina de Ituzaingó. Durante el control, se constató que el individuo había ingresado a la Argentina de manera irregular y que no portaba documentación personal que acreditara su identidad.
En el marco del sumario administrativo labrado por la Prefectura Naval, el imputado manifestó que había ingresado al país por un paso fronterizo no habilitado ubicado en la provincia de Salta y que no había realizado ningún trámite ante las autoridades migratorias argentinas. Esta declaración fue considerada un reconocimiento expreso del ingreso clandestino al territorio nacional.
El hombre exhibió ante los agentes un «certificado de extravío» emitido por la Policía de Corrientes el 19 de diciembre de 2025 y señaló que había arribado al puerto local con la intención de trasladarse por vía fluvial hacia la República del Paraguay, lo que reforzó las sospechas sobre su intención de abandonar rápidamente el país.
Además, indicó que se había desplazado previamente por vía terrestre hasta la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde afirmó que, días antes de su detención, le habían robado sus pertenencias. Según su relato, había llegado a la ciudad de Ituzaingó el 19 de diciembre, un día antes de ser demorado por la Prefectura Naval.
Finalmente, el imputado declaró que en el año 2017 salió de manera ilegal de la República Bolivariana de Venezuela y que, desde entonces, transitó siempre de forma irregular por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, sin cumplir con los requisitos migratorios exigidos en ninguno de esos países.
Antecedentes internacionales
Ante la ausencia de información sobre la identidad del hombre en las bases de datos nacionales, la Unidad Fiscal Corrientes ordenó una serie de diligencias tendientes a establecer su identidad y antecedentes. Se consultaron los registros de Migraciones, Sifcop, Interpol, la Policía Federal Argentina y otros organismos competentes, sin resultados positivos en una primera instancia.
Frente a esta situación, la fiscalía dispuso el registro de las huellas dactilares del imputado, su demora preventiva para la correcta identificación y la notificación al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela. Estas medidas permitieron avanzar en la reconstrucción de su historial personal y judicial.
El 21 de diciembre, la Oficina Central Nacional de Interpol Venezuela informó que las consultas realizadas en el Sistema de Investigación e Información Policial y en el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería revelaron que el imputado registraba antecedentes policiales por el delito de «homicidio intencional», ocurrido en agosto de 2013, y por «porte, detención u ocultación de arma», fechado en enero de 2012.
A su vez, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el 25 de enero de 2025 el hombre fue expulsado de ese país tras constatarse que había ingresado de manera ilegal. Asimismo, indicó que el 16 de junio de 2024 había sido arrestado por carecer de documentación que habilitara su permanencia en territorio estadounidense.
En aquella oportunidad, el imputado declaró haber ingresado a los Estados Unidos a través de la frontera mexicana y afirmó residir en Canadá junto a su pareja. Al momento de su detención, se le incautó un arma blanca y, durante los controles médicos, se detectó que tenía una bala alojada en el abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca, lesiones que justificó por su presunta pertenencia al Ejército venezolano.
Además, las autoridades estadounidenses advirtieron que el hombre presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Por este motivo, permaneció detenido hasta su expulsión, al ser considerado un riesgo para la seguridad pública y un riesgo concreto de fuga.
Vínculos con el Tren de Aragua
La investigación también permitió establecer que el imputado tenía un pedido de arresto emitido por las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. Dicho requerimiento se originó por su incomparecencia en distintas causas vinculadas a los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.
Los informes incorporados al expediente señalaron, además, que el hombre integraría la organización criminal transnacional Tren de Aragua, incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento en la República Argentina. Esta circunstancia agravó de manera sustancial su situación procesal.
Tras recibir esta información, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional y con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich. Paralelamente, se encomendó a personal de la Prefectura Naval la realización de tareas de campo para verificar el domicilio aportado por el imputado.
El 23 de diciembre, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión del ciudadano venezolano de la Argentina y le prohibió, con carácter permanente, el reingreso al país. Ese mismo día, el hombre fue detenido en la localidad de Ituzaingó, lo que motivó la intervención formal del juez de Garantías.
La decisión administrativa de Migraciones fue comunicada al magistrado, quien convocó a la audiencia de formalización de la investigación penal y de control de la detención, en la que se debatió la procedencia de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal.