El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes inició el lunes pasado el juicio oral contra tres personas acusadas de integrar una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes, principalmente desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí.
El proceso tiene como principal imputado a Jorge Eduardo Espinosa, alias Chaquito, señalado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) como presunto líder de la estructura, quien actualmente cumple una condena en la cárcel federal de Resistencia por causas anteriores vinculadas al narcotráfico.
Junto a Espinosa son juzgados su madre, Juana Torres, y un transportista identificado como Rubén Ángel María Tabares. Los tres deberán responder por distintos delitos en el marco de una investigación que ya derivó en condenas para otras doce personas mediante juicios abreviados, con penas que oscilaron entre los tres y seis años de prisión, lo que da cuenta de la magnitud y extensión de la estructura investigada.
Madre e hijo están imputados como presuntos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de más de tres personas.
En el caso de Tabares, la acusación comprende el delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el de uso de documento público falso, ambos en calidad de autor, en relación con el vehículo que conducía al momento de su detención.
El debate se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. La audiencia inicial tuvo lugar el lunes y continuó el martes con la recepción de declaraciones testimoniales de miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la investigación y en los procedimientos que permitieron reunir la prueba incorporada a la causa.
La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich.
La etapa de instrucción fue dirigida por el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la Procunar, Martín Uriona. El juicio se reanudará el próximo 20.
ANTECEDENTES DEL PRINCIPAL ACUSADO
Jorge Eduardo Espinosa registra antecedentes penales vinculados al narcotráfico. En agosto de 2019 fue condenado por el TOF de Corrientes a siete años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes, en una causa anterior que ya lo había situado en el radar de las investigaciones federales por su presunta participación en maniobras de comercialización de droga.
Posteriormente, en agosto de 2021, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) lo condenó a ocho años de prisión en el marco de la denominada causa Sapucay. Dado que contaba con una condena previa, se le impuso una pena única de diez años y seis meses de prisión, que actualmente cumple en la Unidad Penitenciaria Federal 7 Prisión Regional del Norte, en la capital chaqueña.
Según el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores individualizaron a Chaquito como líder de la organización actualmente juzgada.
La acusación fiscal sostiene que dirigía y coordinaba las maniobras delictivas desde el establecimiento penitenciario donde se encuentra detenido, lo que constituye uno de los ejes centrales del debate oral.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Espinosa habría mantenido comunicaciones con integrantes de la estructura utilizando un teléfono móvil personal y una línea telefónica de la unidad penitenciaria. A través de esos medios, se habría vinculado con su hermano, alias Viru, quien ya fue condenado en un juicio abreviado, y quien actuaba como nexo operativo con el exterior.
El hermano del principal acusado organizaba viajes a Corrientes, retiraba dinero y articulaba con otros integrantes de la organización.
Para los investigadores, este esquema permitía sostener la logística y la circulación de fondos derivados de la actividad ilícita, pese a que el presunto líder se encontraba privado de su libertad.
La detención
del transportista
Rubén Ángel María Tabares, el tercer acusado en el proceso, fue detenido el 8 de enero de 2025 cuando se encontraba prófugo. La aprehensión tuvo lugar durante un control vehicular efectuado por personal de la Prefectura Naval Argentina sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1184, en la intersección con la ruta provincial 113, en el acceso al paraje Tilita.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el imputado conducía un Volkswagen Polo Trend blanco en sentido Corrientes–Posadas y no acató la orden de detener la marcha. Tras una persecución controlada por la ruta nacional 118, realizó una maniobra en «U» e intentó embestir al móvil policial, según consta en el acta del procedimiento.
El vehículo fue finalmente interceptado a la altura del kilómetro 1150. Al descender, Tabares intentó darse a la fuga realizando movimientos como si fuera a sacar algo de la cintura, lo que motivó que uno de los efectivos efectuara un disparo. El imputado fue reducido, detenido y posteriormente recibió atención médica.
En la inspección del automóvil se hallaron 601,575 kilogramos de marihuana distribuidos en 729 envoltorios rectangulares tipo «ladrillo» envueltos en cinta de embalar naranja y en 66 bolsas transparentes con «cogollos».
El secuestro superó los 600 kilogramos y se incorporó como uno de los principales elementos probatorios de la acusación.
Las diligencias posteriores permitieron establecer que los números de chasis y motor del vehículo correspondían a otro automóvil de igual marca y modelo, registrado bajo distinto dominio y con pedido de secuestro por robo desde el 29 de noviembre de 2023, en una causa tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Los estudios técnicos confirmaron que la cédula de identificación vehicular y las chapas patente colocadas eran apócrifas.
Según la investigación, dentro de la organización Tabares cumplía el rol de facilitar vehículos para el transporte de estupefacientes y su traslado hacia otras provincias, lo que completaba la fase logística de la maniobra ilícita que se le atribuye a la estructura.
Estructura y funcionamiento de la organización
La causa involucra a quince personas acusadas de haber participado en maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana, en sus distintas etapas: introducción al país, guarda, transporte y distribución comercial.
Además, se les atribuyen conductas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo de los fondos obtenidos.
La investigación determinó que la organización operó al menos entre el 16 de mayo de 2021 y el 3 de marzo de 2023.
En esta última fecha se concretaron allanamientos y detenciones que marcaron el desmantelamiento parcial de la estructura.
Durante esos procedimientos se secuestraron 215,224 kilos y 532,450 kilos de marihuana, en distintos operativos vinculados a la causa.
Conforme a la prueba colectada, la droga era obtenida en la República del Paraguay e ingresada al territorio argentino a través de Itatí. Desde allí era trasladada hacia otras provincias, donde continuaba la cadena de comercialización, configurando un circuito de alcance interjurisdiccional.
El requerimiento fiscal sostiene que Espinosa contaba con la colaboración de su madre, Juana Torres, y de su pareja, Fabiana Hermosilla, quien también fue condenada en un juicio abreviado.
Según la acusación, el imputado se comunicaba con ellas para que recibieran en sus cuentas bancarias o billeteras virtuales los pagos provenientes de la actividad ilícita.
Asimismo, la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) señala que Torres realizaba transferencias de dinero, por pedido de su hijo, a cuentas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos movimientos financieros forman parte de la prueba incorporada al expediente y serán objeto de análisis durante el juicio oral.