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    Portada » Ciberseguridad y narcomenudeo, en la agenda judicial del nordeste
    Política

    Ciberseguridad y narcomenudeo, en la agenda judicial del nordeste

    16 de marzo de 2026
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    Autoridades judiciales del Chaco y Corrientes participaron en la reunión del Comité Ejecutivo de la Región NEA de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Ju.Fe.Jus), realizada en la ciudad de Posadas, Misiones. En ese marco intervino el secretario regional del organismo, Alejandro Alberto Chaín, quien coordinó una agenda de trabajo centrada en la articulación institucional entre las provincias del nordeste. Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos vinculados con ciberseguridad judicial, lucha contra el narcomenudeo y la implementación del régimen penal juvenil, en el marco de una agenda regional orientada a fortalecer la cooperación entre los poderes judiciales del NEA.

    La ciudad de Posadas, Misiones, concentró a autoridades judiciales del nordeste en una reunión del Comité Ejecutivo de la Región NEA de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. El encuentro reunió a representantes institucionales de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones con el objetivo de avanzar en una agenda común vinculada al funcionamiento y fortalecimiento de los sistemas judiciales provinciales.
    En ese marco, el doctor Alejandro Alberto Chaín, en su carácter de secretario de la Región NEA, desempeñó un papel central en la organización y coordinación de la reunión. Su intervención permitió articular el diálogo entre las jurisdicciones participantes y establecer un espacio de consenso para abordar problemáticas compartidas por las provincias del litoral argentino.
    La jornada contó además con la presencia del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, quien acompañó las deliberaciones del comité regional. La participación de ambos magistrados contribuyó al desarrollo de un ámbito de trabajo orientado a la construcción de políticas judiciales coordinadas entre las provincias del nordeste.
    Durante el encuentro también participaron la presidenta nacional de la Ju.Fe.Jus, Emilia María Valle, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien ofició como anfitriona de la reunión realizada en la capital misionera.

    ARTICULACIÓN REGIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES
    La reunión permitió consolidar una agenda institucional orientada a fortalecer la cooperación entre los poderes judiciales de las provincias que integran la región NEA. Bajo la conducción operativa del doctor Chaín, el encuentro avanzó en la coordinación de acciones conjuntas destinadas a abordar problemáticas comunes en el ámbito judicial.
    En este contexto, las autoridades coincidieron en la necesidad de generar mecanismos de trabajo regional que permitan optimizar recursos y desarrollar respuestas institucionales frente a los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales del litoral argentino.
    Durante las deliberaciones se subrayó la importancia de mantener instancias periódicas de encuentro entre las máximas autoridades judiciales, con el propósito de promover el intercambio de experiencias, la planificación estratégica y la definición de políticas conjuntas.
    El doctor Chaín reafirmó en ese marco la relevancia de la cooperación institucional entre las provincias de la región, señalando que los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales del nordeste presentan características propias. En ese sentido se indicó que se trata de problemáticas «distantes y distintos» a las que atraviesan otras regiones del país.
    Las autoridades presentes coincidieron en que la coordinación regional constituye una herramienta clave para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en contextos donde las demandas sociales requieren respuestas institucionales articuladas.

    Justicia juvenil

    El Comité Ejecutivo también dedicó parte de la jornada al análisis del nuevo régimen penal juvenil y su implementación en las jurisdicciones provinciales. Las autoridades judiciales evaluaron el estado de aplicación de esta normativa y las dificultades que presenta su desarrollo en el ámbito regional.
    En ese contexto se planteó la necesidad de establecer estándares comunes de aplicación entre las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos en el tratamiento judicial de las causas vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.
    Las deliberaciones incluyeron además la revisión de mecanismos institucionales destinados a mejorar la coordinación entre los poderes judiciales provinciales, con el propósito de consolidar prácticas administrativas y jurisdiccionales compartidas.
    Durante la jornada se destacó la importancia del trabajo institucional sostenido para transformar los acuerdos alcanzados en acciones concretas dentro de cada jurisdicción judicial.
    En ese sentido se subrayó que «este tipo de reuniones exigen una voluntad férrea de llevar adelante el compromiso institucional», destacando el papel de las instancias de secretaría y coordinación como instrumentos fundamentales para traducir el diálogo institucional en políticas judiciales efectivas.

    Cooperación académica

    En paralelo a las instancias de articulación regional, el Superior Tribunal de Justicia y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer la formación académica de operadores judiciales.
    El acuerdo fue suscripto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Varela, y el decano de la facultad, Mario Villegas, en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades judiciales y académicas vinculadas al ámbito del derecho y la formación judicial.
    Entre los asistentes se encontraban la jueza Iride Isabel María Grillo, el juez Alberto Mario Modi, la jueza Emilia Valle, el juez Víctor del Río y la codirectora de la Maestría en Magistratura y Función Judicial, Luz Masferrer.
    El convenio establece un marco de cooperación institucional destinado a promover la capacitación permanente de operadores judiciales y a facilitar la formación académica de los estudiantes de la maestría que dicta la mencionada facultad.
    Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, extensión universitaria y transferencia de conocimientos, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial, la universidad y la comunidad.
    En ese sentido se prevé que ambas instituciones planifiquen acciones orientadas a atender las necesidades de formación de los maestrandos y a promover instancias de capacitación continua para los integrantes del sistema judicial.

    Agenda estratégica

    Durante la reunión del Comité Ejecutivo se abordaron diversos temas considerados prioritarios para el funcionamiento de las estructuras judiciales provinciales. La intervención del doctor Chaín en el orden del día permitió avanzar en el tratamiento de cuestiones vinculadas con la modernización institucional y la seguridad de los sistemas judiciales.
    Uno de los ejes analizados fue la ciberseguridad y el desarrollo tecnológico aplicado al ámbito judicial. En ese sentido se presentó la conclusión del análisis del encuentro de Áreas de Tecnologías del NEA, instancia que permitió impulsar un relevamiento regional orientado a fortalecer la protección de los datos vinculados con la administración de justicia.
    El relevamiento tiene como objetivo identificar vulnerabilidades y establecer estrategias comunes de prevención frente a posibles riesgos informáticos que puedan afectar la seguridad de la información judicial y de los ciudadanos.
    Otro de los temas abordados durante la reunión fue la lucha contra el narcotráfico, problemática que ocupa un lugar central en la agenda institucional de la región. En ese marco se avanzó en una propuesta de trabajo conjunto destinada a obtener mayores apoyos nacionales para las provincias que cuentan con el fuero de narcomenudeo.
    La implementación de este fuero es considerada por las autoridades judiciales como una política de Estado prioritaria para el nordeste argentino, debido al impacto que el narcotráfico tiene en las dinámicas sociales y de seguridad de la región.

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