El gobierno nacional dispuso la eliminación de una serie de trámites administrativos vinculados a la actividad agropecuaria mediante una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con el objetivo de reducir la carga burocrática y los costos operativos para los productores.
La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación impulsada por la actual administración, que busca simplificar procesos sin modificar los estándares sanitarios vigentes.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que los productores agropecuarios ya no deberán presentar habilitaciones municipales o provinciales para realizar determinados trámites ante el Senasa, siempre que estén inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa). Esta decisión apunta a eliminar requisitos considerados redundantes dentro del sistema administrativo.
El Renspa, que es obligatorio y gratuito, funciona como una herramienta central de registro que vincula al productor con su actividad específica, ya sea agrícola, ganadera o forestal, así como con el predio donde desarrolla su producción. Su función principal es garantizar la trazabilidad y el control en materia de sanidad animal y vegetal, así como la inocuidad de los alimentos.
Además de su carácter gratuito, el registro puede gestionarse de manera digital a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero o de forma presencial, lo que representa una ventaja frente a las habilitaciones locales que, en muchos casos, implican costos adicionales y trámites presenciales más complejos.
La resolución lleva la firma de la titular del Senasa, María Beatriz Giraudo, y deroga disposiciones vigentes desde noviembre de 1992, lo que implica una actualización normativa acorde a los lineamientos actuales de simplificación administrativa promovidos por el Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y MARCO LEGAL
En sus considerandos, la resolución se sustenta en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y en el decreto 90/2025, ambos pilares del proceso de desregulación impulsado por el gobierno nacional. Estas normas establecen el marco conceptual y jurídico que orienta la eliminación de trabas administrativas en distintos sectores productivos.
El DNU 70/2023 plantea que «el Estado nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo». Este principio se traduce en la eliminación de regulaciones consideradas innecesarias o distorsivas.
Asimismo, el decreto señala la necesidad de avanzar hacia «la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», eliminando restricciones que afecten la oferta de bienes y servicios o que interfieran en el funcionamiento del mercado.
Por su parte, el decreto 90/2025 promovió un relevamiento integral de la normativa vigente con el objetivo de identificar disposiciones redundantes o que generen sobrecostos al sector productivo. Este proceso se apoya en una revisión de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.
ALCANCES DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
La medida apunta específicamente a eliminar la superposición de requisitos entre distintos niveles del Estado, una problemática que, según la propia resolución, «importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación».
En muchos casos, los trámites exigían la presentación de documentación vinculada a habilitaciones municipales o provinciales que no formaban parte de las competencias directas del Senasa, lo que implicaba una carga adicional tanto para los administrados como para el propio organismo.
La normativa también subraya que estas exigencias generaban «una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos», lo que refuerza el argumento de que su eliminación contribuirá a una mayor eficiencia en la gestión pública.
Otro de los objetivos centrales es la armonización de criterios frente a «la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación», que variaban significativamente entre jurisdicciones y dificultaban la estandarización de procesos a nivel nacional.
En términos concretos, la resolución elimina la obligatoriedad de presentar habilitaciones locales para diversos eslabones de la cadena productiva, incluyendo predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.
Garantías sanitarias
Pese a la eliminación de ciertos requisitos administrativos, el Senasa aclaró expresamente que la medida no implica una flexibilización de las normas sanitarias vigentes ni una reducción de las responsabilidades de los actores del sector.
En ese sentido, la resolución establece que «la presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades», lo que refuerza la continuidad de los controles sanitarios.
Asimismo, se recuerda que la Ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal establece que esta materia es de interés nacional y asigna a los actores de la cadena agroalimentaria la responsabilidad de garantizar la inocuidad y calidad de la producción.
De este modo, la medida busca equilibrar la simplificación administrativa con el zapzavimiento de los estándares sanitarios, evitando que la reducción de trámites derive en una menor calidad o seguridad en la producción agroalimentaria.
«Un granito de arena»
La medida fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó su impacto en la reducción de la carga regulatoria.
En ese sentido, calificó la decisión como «un granito de arena para contener la voracidad municipal».
El funcionario explicó que la separación entre los trámites nacionales y los requisitos municipales permite evitar «duplicaciones y el margen para la extorsión», en referencia a prácticas que, según su visión, podían derivarse de la superposición normativa.
«En el gobierno de Milei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso», sostuvo, remarcando el enfoque ideológico que sustenta el proceso de desregulación en curso.