En una decisión que marca un antes y un después, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió anular la condena contra Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar cerca de 18.000 millones de dólares, incluyendo intereses, en uno de los juicios más significativos de los últimos años.
La resolución judicial determinó que no existen fundamentos suficientes para considerar que el Estado argentino incumplió un contrato con los accionistas privados de la compañía. En este sentido, los jueces concluyeron que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral exigible bajo la ley argentina, lo que fue clave para revertir la decisión previa. Además, se ratificó que la petrolera no tiene responsabilidad en la causa.
El caso será ahora remitido nuevamente a la jueza de primera instancia para que dicte un nuevo fallo en línea con los criterios establecidos por la Cámara. Este punto abre una nueva etapa judicial, aunque con un escenario mucho más favorable para el país.
Detrás de esta decisión también se destacó la estrategia de defensa argentina, que durante años sostuvo que el caso debía analizarse bajo legislación local. A esto se sumó el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que advirtió sobre las implicancias internacionales de avanzar contra un Estado soberano en tribunales locales.
El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control de la empresa. A partir de allí, accionistas minoritarios iniciaron demandas que luego fueron adquiridas por el fondo Burford Capital, que buscaba cobrar una indemnización millonaria. Tras más de una década, el fallo representa un giro clave tanto en lo económico como en lo político.