La investigación de Cibercrimen avanzó tras mensajes difundidos en redes sociales. Interviene la Justicia y organismos de Niñez. Advierten que se trata de un delito penal.
El Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco logró identificar a uno de los presuntos responsables de la difusión de amenazas de tiroteo en la E.E.S. N° 66 “Roberto Muller”, en la ciudad de Resistencia. En el marco del procedimiento, LA VOZ DEL CHACO pudo confirmar que se secuestró el teléfono celular utilizado para emitir los mensajes intimidatorios y se dio intervención a la Justicia y a organismos de protección de la niñez.
La causa se inició el pasado 18 de abril, luego de que una docente radicara una denuncia al detectar la circulación de capturas de pantalla en WhatsApp e Instagram. En esos mensajes se advertía sobre supuestos ataques con armas de fuego y armas blancas dentro del establecimiento educativo, lo que generó alarma en la comunidad escolar.
Rastreo digital y localización
A partir de tareas investigativas en entornos digitales, los efectivos de Cibercrimen realizaron un análisis de perfiles en redes sociales y fuentes abiertas, logrando identificar el origen de las publicaciones. Como resultado, se estableció un domicilio en el barrio La Rubita, donde reside un menor de 13 años señalado como presunto autor de la creación y difusión del contenido.
Secuestro y peritaje del dispositivo
Por disposición del Equipo Fiscal N° 03, se concretó un procedimiento en el domicilio indicado, donde se procedió al secuestro formal de un teléfono celular marca Samsung A13.
El dispositivo será sometido a peritajes técnicos bajo cadena de custodia para determinar su vinculación con los hechos investigados.Asimismo, se notificó a la madre del menor sobre la causa por supuesta intimidación pública, mientras que se dio intervención a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia, a través de la línea 102, con el objetivo de garantizar un abordaje integral de la situación.
Advertencia oficial
Desde la Policía del Chaco reiteraron que la difusión de amenazas o falsas alarmas vinculadas a ataques en escuelas no constituye una broma, sino que está tipificada como delito.
Este tipo de conductas genera temor social, altera el normal funcionamiento de las instituciones educativas y moviliza recursos de seguridad, por lo que puede derivar en consecuencias judiciales tanto para los autores como para sus responsables legales.
La investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados en la difusión de los mensajes.