En la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada bajo la gestión de Javier Milei, estudiantes, docentes y personal no docente exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. «203 días sin aplicar la Ley», fue el documento consensuado y leído como cierre del acto.
Las universidades difundieron un duro documento en el que acusan al Gobierno de incumplir sus compromisos de financiamiento, mientras la UBA aclaró que el reclamo no responde a intereses partidarios sino a la defensa de la educación pública.
El acto central se llevó a cabo en el escenario con dirigentes sindicales, decanos y docentes universitarios presentes mientras la multitud reunida frente a la Casa Rosada entonó el himno a las 17, en un clima de unidad y compromiso. Siete oradores tomaron la palabra antes de la lectura del documento oficial que exige al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a estudiantes, docentes, personal no docente e investigadores se movilizaron este martes en todo el territorio nacional. La jornada representa la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia.
El contundente documento redactado por las universidades se tituló «203 días sin aplicar la Ley» y fue leído ante un millón quinientas mil personas.
«Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.»
«El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema», continuó el documento.
«La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario».
Asimismo, en el documento se destacó que la política salarial del Gobierno nacional ha provocado un fuerte deterioro en las universidades públicas: los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, se multiplicaron las renuncias de personal capacitado, el pluriempleo y la crisis en las obras sociales.
Según se argumenta en el texto, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación fue del 293,3 % frente a un aumento salarial del 147,3 %, lo que implica una pérdida del 37,1 % del poder adquisitivo, equivalente a casi 11 sueldos en ese período.
Hoy, los salarios universitarios están en su nivel más bajo en 23 años, son los peores del Estado nacional y los más bajos de América Latina, con consecuencias graves para el sistema de salud, las obras sociales y las jubilaciones.
Tanto las becas estudiantiles y el financiamiento universitario están en crisis. Según advirtieron las autoridades estudiantiles los planes Progresar y Manuel Belgrano perdieron poder adquisitivo o fueron desfinanciadas, las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC) están suspendidas y los gastos de funcionamiento de las universidades se redujeron drásticamente.
«El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y fallos judiciales, rompiendo la división de poderes», señalaron en el documento y destacaron que «este deterioro amenaza la igualdad, la justicia social y el rol estratégico de la universidad pública en el desarrollo nacional,» por lo que se reclama a la Corte Suprema que garantice su financiamiento.
«No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!», cerró el documento ante una multitud de personas unidas por un mismo reclamo.
En una jornada marcada por el reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios y la falta de recursos para las universidades, las pancartas y cánticos reflejaron la creatividad y la bronca: “Estudiá, no seas Adorni”, “Milei cumplí la ley”, “Las fuerzas del libro vs las fuerzas del cielo”, “El que recorta la tiene corta» y por último «y sin arte, ¿quién sos?”.
