En el marco de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una significativa organización ilícita acusada de la sustracción ilegal de información digital sensible, proveniente de organismos públicos y privados.
La presente investigación se inició en octubre de 2025, por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Ramiro González. Dicho magistrado encomendó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de esta Institución, la ejecución de tareas de campo y análisis, con el objeto de establecer la estructura de una organización delictiva, dedicada a la exfiltración y comercialización ilegítima de bases de datos, pertenecientes a la administración pública nacional y registros del sector privado.
De esta manera, el personal interviniente procedió a cumplimentar las tareas encomendadas, mediante las cuales se individualizó a los administradores de diversas cuentas en la plataforma Telegram, utilizadas como vectores para la oferta de activos de información vulnerados.
En consecuencia, se procedió a la identificación y preservación de evidencia digital vinculada a los bots comercializados en los canales de dicha mensajería.
Tras un exhaustivo proceso de inteligencia y análisis de datos, se logró determinar que la organización operaba predominantemente en entornos digitales, empleando herramientas de automatización, para proveer acceso irrestricto a información sensible.
En ese contexto, el espectro de datos comprometidos abarcaba datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dominios vehiculares de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a las plataformas Mi Argentina y del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Dicha información era comercializada en el mercado negro y posteriormente utilizada para la comisión de diversos delitos, entre ellos, estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras ilícitas.
En paralelo y a partir de la investigación desarrollada, los efectivos federales establecieron que la organización contaba con una red de hackers. Además, se detectó el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para la estratificación y redistribución de los activos provenientes de estas maniobras ilícitas.
Cabe destacar que, entre los sujetos identificados, se determinó que algunos de los investigados actuarían como «mulas digitales». Asimismo, través del análisis de trazabilidad financiera y la geolocalización de conexiones IP, se consolidaron los vínculos coordinados y sostenidos entre los implicados.
Es considerable destacar que, durante las pesquisas, se determinó que esta estructura poseía una estrecha vinculación operativa y compartía integrantes con una organización criminal transnacional, desarticulada por este mismo Departamento en octubre de 2025.
En aquella organización, operaba una sofisticada comunidad de ciberdelincuentes bajo la denominación «dictadores». Muchos de los investigados formaban parte de esa matriz criminal dedicada al desarrollo y usufructo de infraestructuras cibernéticas ilícitas.
Como resultado de las amplias investigaciones se estableció la identidad de los integrantes de dicha organización criminal, así como el rol que cumplía cada uno dentro de la banda.
Por ello y con el total del material probatorio reunido, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, ordenó la realización de once allanamientos en Alejandro Korn, Bosques, Luis Guillón, José C. Paz, Moreno, Capital y localidad de Jovita en la provincia de Córdoba, localidad de Villa Berthet en Chaco, ciudad Capital de La Rioja, ciudad Capital de San Juan y en la ciudad de Paraná de Entre Ríos.
Debido a la magnitud del procedimiento, se utilizaron un total de 128 efectivos y 20 móviles policiales.
Es dable mencionar que durante dichos procedimientos, se hizo necesario la implementación del «Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de la evidencia digital», sobre telefonía celular y equipos de computación, disponiendo, asimismo, el allanamiento digital en todos los objetivos.
Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años. Asimismo, se secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, cuadernos con anotaciones, un disco externo y pendrive, una tablet, dos discos SSD, un point de Mercado Pago, un módem, un router y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.