La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recientes recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformar el sistema tributario argentino y afirmó que las medidas propuestas no atacan los problemas estructurales que afectan la competitividad, la inversión y la generación de empleo formal en el país.
La posición de la entidad surgió luego de que el organismo internacional publicara, el pasado 26 de mayo, una serie de sugerencias orientadas a ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, reducir el piso a partir del cual los trabajadores comienzan a tributar, extender la aplicación del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo mediante la ampliación de sus categorías.
Para CAME, estas iniciativas tienen un carácter regresivo porque trasladan la presión tributaria hacia los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin intervenir sobre los impuestos que, a su entender, representan las principales trabas para el desarrollo productivo.
“La reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI”, sostuvo la entidad empresaria al presentar un informe en el que propuso avanzar hacia una transformación profunda del sistema tributario subnacional.
tributos provinciales
Según el diagnóstico elaborado por CAME, el principal obstáculo para la actividad económica no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria aplicada por provincias y municipios.
La entidad sostuvo que el FMI ignoró en su análisis el impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y de las tasas municipales, que representan una carga significativa para las empresas independientemente de su nivel de rentabilidad.
De acuerdo con el documento, el sistema tributario subnacional se caracteriza por la superposición de gravámenes que pueden representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa.
A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava las utilidades efectivamente obtenidas, Ingresos Brutos se aplica sobre la facturación y se cobra en cada etapa de la cadena productiva. Esta característica genera un efecto acumulativo conocido como “impuesto en cascada”, que incrementa los costos a medida que los productos avanzan por los procesos de producción, distribución y comercialización.
Desde CAME señalaron que este mecanismo termina encareciendo los bienes y servicios, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menores márgenes para absorber esos costos.
El peso de las
tasas municipales
La entidad también cuestionó el impacto de las tasas municipales, entre ellas la Tasa de Seguridad e Higiene, la Tasa General de Inmuebles y diversos derechos de habilitación comercial.
Según el informe, muchos municipios calculan estos tributos tomando como referencia la facturación de las empresas, lo que implica una carga adicional que oscila entre el 0,3% y el 1,2% de las ventas brutas.
CAME sostuvo que, en numerosos casos, estas contribuciones no guardan una relación clara con servicios efectivamente prestados por las administraciones locales.
Asimismo, advirtió que la existencia de más de 2.300 municipios con normativas diferentes genera una gran complejidad administrativa para las empresas que desarrollan actividades en distintas jurisdicciones.
La entidad consideró que esta situación constituye uno de los principales factores que desalientan nuevas inversiones y dificultan la radicación de emprendimientos productivos en el interior del país.
Retenciones
bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del documento se refiere a los regímenes provinciales de retenciones y percepciones vinculados a Ingresos Brutos.
Según explicó CAME, estos mecanismos fueron creados para anticipar la recaudación tributaria mediante descuentos aplicados antes de que los contribuyentes presenten sus declaraciones juradas.
El problema, señaló la entidad, es que las alícuotas utilizadas para calcular esos anticipos suelen exceder el impuesto que realmente corresponde pagar.
Como consecuencia, las empresas terminan acumulando saldos a favor en sus cuentas tributarias provinciales.
En teoría, esos montos deberían ser compensados con futuras obligaciones fiscales o devueltos por los fiscos. Sin embargo, CAME sostuvo que en la práctica los mecanismos de recuperación son lentos e insuficientes.
La organización afirmó que los nuevos saldos generados cada mes superan habitualmente la capacidad de compensación de los contribuyentes, provocando una acumulación permanente de créditos fiscales.
Además, indicó que los procedimientos de devolución pueden extenderse entre uno y tres años en numerosas provincias.
Durante ese período, la inflación reduce significativamente el valor real de los recursos retenidos, generando pérdidas económicas para las empresas.
El informe destacó que algunas jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, implementaron sistemas de devolución más ágiles para determinados montos, aunque aclaró que la situación general continúa siendo problemática.
Un financiamiento involuntario
CAME sostuvo que el régimen actual funciona, en los hechos, como un préstamo obligatorio y sin remuneración de las empresas hacia los fiscos provinciales.
“Las empresas pagan más de lo que deben, acumulan créditos que no recuperan en tiempo y forma y terminan financiando al Estado con recursos que deberían destinarse a inversión o capital de trabajo”, indicó la entidad.
La organización también cuestionó la falta de transparencia sobre el volumen de saldos a favor acumulados en cada jurisdicción.
Según señaló, ninguna provincia publica estadísticas completas sobre estos montos, lo que dificulta dimensionar el problema y limita las posibilidades de control público.
La situación resulta especialmente compleja para las empresas alcanzadas por el Convenio Multilateral, ya que los coeficientes utilizados para distribuir la actividad económica entre distintas provincias no siempre reflejan la realidad operativa de cada contribuyente.
Esto puede generar retenciones sobre bases imponibles incorrectamente asignadas, incrementando aún más los saldos acumulados.
un nuevo consenso fiscal
Frente a este escenario, CAME propuso la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.
Laentidad aclaró que el objetivo no debería ser únicamente reducir alícuotas, sino establecer reglas permanentes que armonicen criterios tributarios en todo el país.
Entre las principales medidas planteadas se encuentran la unificación de bases imponibles, la simplificación de los regímenes de retención y percepción y la implementación de mecanismos automáticos para la devolución de saldos a favor.
Según el documento, estas reformas permitirían reducir costos administrativos, brindar mayor previsibilidad y mejorar la competitividad de las empresas.
No obstante, la organización remarcó que ninguna solución será definitiva mientras no se avance sobre el diseño del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Por ello, propuso eliminar el tributo en las etapas intermedias de producción y concentrar su aplicación exclusivamente en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.
A juicio de la entidad, esta modificación permitiría eliminar el efecto cascada y reducir gran parte de las distorsiones que actualmente afectan a las cadenas productivas.
Además, sostuvo que la medida no implicaría necesariamente una pérdida de recursos para las provincias, sino una distribución más eficiente de la carga tributaria.
El papel de la Comisión Arbitral
Otro de los ejes de la propuesta consiste en fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
CAME consideró que este organismo debería transformarse en la autoridad encargada de coordinar la aplicación del nuevo consenso fiscal.
Entre sus funciones, mencionó la homologación de los padrones de agentes de retención y percepción, la validación de los coeficientes de distribución utilizados por las distintas jurisdicciones y la fiscalización de los plazos de devolución de saldos a favor.
La entidad sostuvo que el Convenio Multilateral constituye la herramienta institucional más adecuada para coordinar la política tributaria entre las 24 jurisdicciones del país sin necesidad de introducir reformas constitucionales.
Críticas al enfoque del FMI
En el tramo final del informe, CAME reiteró sus cuestionamientos a las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional.
La entidad argumentó que ampliar el alcance del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios no contribuirá a resolver los problemas estructurales de la economía argentina.
Por el contrario, sostuvo que una mayor presión tributaria sobre los ingresos laborales reduciría el consumo interno y afectaría negativamente la actividad económica.
“Reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad, no mejora la competitividad de ninguna empresa y no ataca ninguno de los distorsivos que frenan la inversión productiva”, afirmó la organización.