Frente a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar por decreto mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el senador Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para garantizar procedimientos públicos, transparentes y participativos en la conformación del máximo tribunal del país.
El Gobierno Nacional, a través del decreto 467/26 publicado en el Boletín Oficial, modificó el mecanismo de selección de jueces federales, eliminando por decreto mecanismos de transparencia y participación ciudadana. La medida deroga disposiciones del decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner, “que obligaban a dar publicidad a las candidaturas y a abrir instancias para que la ciudadanía pudiera presentar observaciones antes de la nominación presidencial”.
Ante esta medida que afecta la transparencia en el proceso para la selección de los jueces, el senador Capitanich presentó el proyecto “Ley de Transparencia, publicidad y participación ciudadana en el procedimiento de selección de candidatos a la Corte Suprema de la Nación”, con el objetivo de organizar el sistema de Justicia y garantizar, además, la publicidad y la participación ciudadana.
“La integración del máximo tribunal no puede depender de decisiones tomadas entre pocos ni de los criterios de quien ocupe el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema merece procesos transparentes y la Argentina también”, afirmó Capitanich.
El objeto de la iniciativa es “establecer un procedimiento público, transparente y participativo, aplicable al ejercicio de la facultad conferida al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional”, garantizando la evaluación de la idoneidad técnica, moral, y la trayectoria profesional y académica de los candidatos. Además de su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos.
Capitanich propone criterios para la selección, como son la diversidad de género, la especialidad jurídica, y también la procedencia regional de los aspirantes. Un eje central es la publicidad de las candidaturas a través de los mecanismos oficiales y los medios de comunicación, para conocimiento de los ciudadanos. También, exige la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los interesados, y de sus familiares.
Además de proteger el principio de transparencia, el proyecto busca hacer lo mismo con la participación ciudadana. Se legisla para que puedan mantenerse las instancias de participación de ciudadanos particulares, ongs, instituciones académicas y científicas, por medio de la presentación de adhesiones y objeciones a las candidaturas.
Capitanich agregó que “es fundamental que los antecedentes sean públicos, que la sociedad pueda opinar, que se controlen los conflictos de intereses y que cada decisión esté debidamente fundamentada”.
Los fundamentos del proyecto sostienen que “la presente ley no modifica ni altera las competencias constitucionales de los Poderes del Estado. Por el contrario, establece condiciones de transparencia y publicidad para que dichas competencias sean ejercidas con mayor información, responsabilidad institucional y legitimidad republicana”.