La nueva etapa de concesiones de rutas nacionales impulsada por el Gobierno nacional volvió a despertar cuestionamientos entre las organizaciones que representan a los usuarios viales. Mientras avanza el proceso licitatorio para adjudicar distintos corredores a empresas privadas, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que el nuevo esquema tendrá consecuencias directas para quienes circulan por la ruta nacional 11, uno de los principales corredores del Nordeste argentino.
Ricardo Lasca, coordinador de CONADUV e integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, sostuvo que el proyecto no contempla obras de infraestructura de fondo y que se limitará a tareas de mantenimiento. En ese sentido, cuestionó la incorporación de nuevas estaciones de peaje y aseguró que el sistema profundizará un modelo que, a su entender, ya fracasó durante las últimas décadas.
«Solo se prevé corte de pasto y bacheo, un maquillaje. No se proyectan autovías, autopistas ni multitrochas, justamente las obras que permiten reducir los choques frontales», afirmó durante una entrevista con Radio Libertad.
Cinco peajes entre Chaco y Santa Fe
Lasca explicó que el proyecto prevé incorporar 54 nuevas estaciones de peaje en todo el país. En el caso de la ruta nacional 11, precisó que el tramo de aproximadamente 500 kilómetros entre Chaco y Santa Fe contaría con cinco puestos de cobro.
«Va a haber cinco estaciones de peaje entre Chaco y Santa Fe. Es un disparate total. Las tarifas se van a duplicar o triplicar y, además, no existiría un organismo regulador que controle esos valores», sostuvo.
El dirigente remarcó que las concesiones viales constituyen un servicio público y consideró que debería existir un ente regulador con participación de los usuarios para controlar el funcionamiento del sistema.
» un impuesto al tránsito»
Uno de los principales cuestionamientos del titular de CONADUV apunta al propio modelo de financiamiento de las rutas concesionadas.
«No estamos en contra del peaje cuando financia una obra nueva. Lo que existe desde los años noventa es otra cosa. Son rutas ya construidas con fondos públicos y sin caminos alternativos. Esto no es un peaje; es un impuesto al tránsito», aseguró.
Según explicó, el costo termina trasladándose a toda la economía porque incide directamente sobre el transporte de cargas.
“»Uno compra un kilo de yerba y también está pagando el peaje, porque ese costo ya fue incorporado al transporte. Por eso decimos que afecta directamente a las economías regionales y termina encareciendo toda la cadena productiva», sostuvo.
Reclamos por obras
Lasca sostuvo que el sistema de concesiones vigente durante las últimas décadas no permitió desarrollar las obras estructurales que requieren los principales corredores nacionales.
Recordó especialmente la situación de la ruta nacional 11 y mencionó la tragedia ocurrida años atrás cerca de Margarita Belén, donde un colectivo que transportaba estudiantes del colegio Ecos protagonizó un choque frontal.
«Durante más de veinte años se cobró peaje y nunca se construyó la autovía. Esa tragedia podría haberse evitado si existiera una vía con carriles separados», expresó.
A su criterio, la recaudación obtenida mediante el cobro de peajes no alcanza para financiar grandes obras debido al bajo volumen de tránsito que registran la mayoría de las rutas nacionales fuera de las grandes áreas metropolitanas.
Lo que se recauda termina destinándose al costo operativo del propio sistema de cobro y no alcanza para construir autovías o autopistas. Durante treinta años prácticamente no se hizo un kilómetro de camino con ese sistema; las obras importantes se realizaron con fondos del Estado nacional o con créditos internacionales», señaló.
Críticas al futuro de Vialidad
El referente también cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con cambios en la estructura de Vialidad Nacional.
«Vialidad no es un organismo corrupto. Los corruptos son quienes manejan políticamente el organismo. Allí trabajan excelentes profesionales y técnicos que hacen lo que pueden con los recursos disponibles», señaló.
Asimismo, sostuvo que el Estado dispone de recursos provenientes del impuesto a los combustibles que, según indicó, deberían destinarse prioritariamente al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.
Reclamos judiciales
Durante la entrevista, Lasca recordó que desde CONADUV impulsaron distintas presentaciones judiciales cuestionando el sistema de peajes por considerar que existe una doble imposición tributaria y porque, en muchos casos, no se ofrecen caminos alternativos libres de pago.
También lamentó que desde hace 17 años permanezca vacante la figura del Defensor del Pueblo de la Nación, organismo que —según afirmó— debería intervenir en la defensa de los derechos de los usuarios viales.
El dirigente expresó su preocupación por la continuidad del modelo de concesiones.
«No es bronca; es tristeza y desilusión. Existen propuestas para hacer un sistema vial distinto y seguimos repitiendo un esquema que lleva más de treinta años sin resolver los problemas de infraestructura ni de seguridad», concluyó.
Finalmente, reclamó que el debate sobre el futuro de las concesiones incorpore la participación de los usuarios y priorice obras de seguridad vial antes que la expansión del sistema de cobro. «Seguimos jugando con la vida de la gente mientras se mantienen rutas donde los choques frontales continúan siendo una de las principales causas de siniestros graves», concluyó.