El director general del centro asistencial, Hugo Ramos, explicó que la institución se encuentra a la espera de precisiones por parte de las autoridades provinciales y de los organismos competentes para conocer el alcance de la normativa.
«Justamente hoy hablábamos con la asesoría legal y nos explicaba nuestro abogado que esto surge de un decreto o una resolución nacional, pero las provincias tienen que determinar qué van a hacer, de qué manera se va a cobrar y a quiénes alcanzará la medida», señaló Ramos en declaraciones a La Radio.
El profesional aclaró que existen situaciones que, por su naturaleza, deben ser atendidas de manera inmediata, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria del paciente.
«Hay atenciones que son un accidente o un chico que sufrió un golpe o una caída. Es una atención inmediata que tenemos que realizarla. Eso no admite discusión», afirmó.
En ese sentido, diferenció las prestaciones de urgencia de aquellas prácticas programadas que podrían quedar alcanzadas por eventuales mecanismos de recupero de costos.
«Distinto es el caso de una cirugía programada, un tratamiento oncológico o una práctica previamente planificada. Eso es lo que habrá que analizar y definir cómo se manejará», sostuvo.
Consultado sobre la situación actual en el hospital, Ramos confirmó que no existe ninguna disposición específica para modificar los protocolos vigentes.
«Por ahora no tenemos ningún tipo de instructivo. Seguimos atendiendo normalmente al personal extranjero. Sabemos que hay mucha gente que viene de países limítrofes, como el Paraguay, en forma continua, pero la atención sigue desarrollándose con normalidad», remarcó.
Incremento de consultas por los cambios climáticos
Por otra parte, el director del pediátrico se refirió al movimiento registrado en la guardia durante los últimos días y señaló que las variaciones de temperatura volvieron a impactar en la demanda de atención.
«No estamos en los niveles que teníamos cuando comenzó el frío, pero estos cambios climáticos generan un nuevo repunte.
Durante el fin de semana largo tuvimos alrededor de 500 consultas y actualmente estamos entre 350 y 400 consultas por día durante los fines de semana», precisó.
Qué establece la nueva normativa nacional
La consulta sobre el cobro a extranjeros surge luego de que el Ministerio de Salud de la Nación reglamentara el procedimiento que establece que los extranjeros no residentes deberán abonar las prestaciones médicas no urgentes en los hospitales administrados por el Estado nacional.
La medida se desprende del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que introdujo modificaciones en la Ley de Migraciones y fue formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial junto con el denominado «Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional».
La normativa dispone que los extranjeros no residentes que cuenten con cobertura médica podrán recibir atención mediante la facturación correspondiente a su aseguradora. En caso de no poseer seguro de salud, deberán afrontar el costo de la prestación antes de recibir la atención programada.
Sin embargo, la resolución deja expresamente establecido que las emergencias médicas continuarán siendo atendidas de manera inmediata y gratuita, sin que puedan existir demoras o condicionamientos administrativos.
Entre las situaciones consideradas emergencias figuran los infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, insuficiencias respiratorias agudas, quemaduras extensas, sepsis, intoxicaciones severas, emergencias obstétricas y cuadros pediátricos o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
Asimismo, el procedimiento establece que, en caso de duda sobre la gravedad del cuadro, deberá prevalecer siempre el criterio de brindar atención inmediata hasta que el profesional responsable determine si se trata o no de una emergencia.
La resolución también garantiza que los extranjeros con residencia permanente mantendrán el acceso al sistema de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).