La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina presentó ante el Banco Central de la República Argentina un paquete de medidas destinado a generar herramientas frente al incremento de la mora crediticia, con especial atención sobre los deudores que atraviesan dificultades para afrontar las cuotas de sus préstamos.
El planteo tiene como eje la modificación de determinados criterios regulatorios vinculados con la clasificación de los deudores y el registro contable de los saldos que permanecen impagos.
El pedido principal de la asociación consiste en que la autoridad monetaria habilite mecanismos que permitan flexibilizar la clasificación de determinados deudores y el tratamiento contable de las obligaciones en mora.
Según el planteo, cuando un cliente ingresa en determinadas categorías de irregularidad, las entidades deben constituir mayores previsiones contables y enfrentan restricciones para refinanciar esos saldos, una situación que reduce el margen disponible para ofrecer planes de pago con condiciones más accesibles.
La propuesta sostiene que una flexibilización de esos criterios permitiría ampliar el margen de acción de las entidades sin que ello implique asumir un riesgo regulatorio adicional.
Abappra, entidad que nuclea a bancos públicos y privados, entre ellos Banco Ciudad y Banco Provincia, sostuvo que esos mecanismos «ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de estrés sistémico y que resultaron virtuosos».
La asociación planteó así la utilización de herramientas regulatorias que ya fueron aplicadas por el Banco Central en otros períodos caracterizados por dificultades en el sistema financiero.
El segundo eje de la iniciativa consiste en homogeneizar los criterios utilizados por los distintos proveedores de crédito para evaluar la capacidad de pago de los clientes, junto con los parámetros vinculados con la información y la transparencia.
De acuerdo con la propuesta, establecer criterios comunes permitiría identificar de manera anticipada a las personas que comienzan a presentar dificultades y ofrecerles alternativas antes de que el atraso en sus obligaciones se profundice.
EVOLUCIÓN DE LA MORA EN LOS HOGARES
El planteo de las entidades bancarias se conoce en un contexto en el que los indicadores de mora muestran comportamientos diferentes según el tipo de crédito analizado.
El último informe del Banco Central correspondiente a junio de 2026 registró una interrupción de la tendencia ascendente que la mora bancaria total había mantenido durante 19 meses. El indicador descendió levemente del 7,7% al 7,6% del total de créditos otorgados al sector privado.
La evolución general, sin embargo, contrasta con la situación específica de los hogares. La irregularidad de las familias se mantuvo en el 12,8% durante junio, sin registrar una mejora respecto del período anterior. Dentro de ese segmento, los préstamos personales presentaron un deterioro, ya que la mora pasó del 15,9% en mayo al 16,3% en junio.
La situación también se reflejó en el comportamiento de los usuarios de tarjetas de crédito.
De acuerdo con los datos incluidos en el informe, el 12,6% de los argentinos no alcanzó a pagar siquiera el monto mínimo correspondiente a sus tarjetas durante junio. El dato forma parte del cuadro de dificultades que afecta al crédito destinado al consumo de los hogares.
Tres factores que actúan simultáneamente
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señaló que la mora correspondiente a préstamos y tarjetas de crédito de las familias se multiplicó por cinco desde 2024. El centro de estudios vinculó ese incremento con tres factores que actúan simultáneamente, relacionados con la capacidad de pago de los hogares, las condiciones del crédito y la evolución de la oferta de financiamiento.
Respecto de la capacidad de pago, Idesa sostuvo que «el ingreso disponible se vino deteriorando: el salario real se estancó y, al mismo tiempo, se recuperaron tarifas y otros gastos fijos. Los alquileres, por ejemplo, siguieron una dinámica inflacionaria. Entonces, aun cuando el salario aumente, queda menos margen para pagar deudas.»
El segundo factor identificado por el centro de estudios está relacionado con el costo y la volatilidad del crédito. En este punto, Idesa indicó que «no fue solamente un problema de tasas altas. La fuerte volatilidad de las tasas hacia fines del año pasado por las elecciones también pudo haber generado dificultades para hogares que tomaron deuda», remarcó.
El tercer aspecto señalado corresponde a la expansión de la oferta de crédito y a los mecanismos utilizados por las entidades para evaluar el riesgo de los nuevos deudores. s
Idesa explicó que «en los últimos años, muchos bancos tuvieron que expandir muy rápidamente el crédito al sector privado para ocupar parte del espacio que antes tenía el financiamiento del Estado. Ese proceso también implicó aprender a seleccionar y asignar crédito en un contexto nuevo. En algunos casos, los sistemas de scoring y evaluación del riesgo pueden haber fallado».
El análisis también detalló la diferencia entre el costo del financiamiento que afrontan las familias y el costo al que las entidades captan depósitos. Según los datos consignados, una familia paga alrededor de un 67% de TNA por préstamos, mientras que los bancos toman depósitos a tasas de entre el 20% y el 23%.
Idesa explicó que «sobre la tasa de referencia se acumulan el riesgo de incobrabilidad, los encajes, impuestos de los tres niveles de gobierno, seguros y el margen de intermediación».
Próximos pasos
Abappra precisó que su iniciativa no plantea una eliminación generalizada de las obligaciones ni un mecanismo de condonación de deudas.
La asociación señaló que «la propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias, mejorar la información disponible y generar herramientas que contribuyan a sostener una relación crediticia saludable».
En concreto, el planteo está dirigido a situaciones consideradas transitorias y no constituye un alivio universal para todos los deudores. La propuesta tampoco está orientada a resolver casos de insolvencia estructural, sino a generar herramientas que permitan identificar dificultades determinadas y establecer mecanismos de tratamiento antes de que los atrasos se profundicen.
En ese sentido, la asociación bancaria manifestó su disposición a trabajar con las autoridades mediante mesas técnicas destinadas a analizar las alternativas planteadas.
La iniciativa se encuentra actualmente en esa instancia y, hasta el momento, no existen definiciones sobre cuáles serían los mecanismos concretos que podría adoptar el Banco Central a partir de la propuesta presentada por las entidades.
En paralelo, en el Congreso de la Nación se acumulan distintos proyectos destinados a amortiguar la mora bancaria. Esas iniciativas forman parte de un debate legislativo que, de acuerdo con la información disponible, hasta el momento no derivó en la sanción de una medida específica.
Costo impositivo
Idesa planteó que una respuesta exclusivamente regulatoria no alcanzaría para resolver el conjunto de factores vinculados con la mora. El centro de estudios señaló que la situación también requiere considerar la evolución de los ingresos de las familias y el impacto que tienen sobre el costo final de los préstamos los impuestos aplicados por los distintos niveles del Estado.
En relación con los ingresos de los hogares, Idesa sostuvo que «al margen de la cuestión monetaria, es fundamental que se recuperen los ingresos de las familias, para que no suceda que incluso montos bajos de deuda lleguen a comprometer las finanzas de los hogares».
El segundo aspecto señalado por el centro de estudios corresponde a la carga impositiva incorporada al costo del crédito. Idesa afirmó que «un tema muy importante a abordar desde las políticas públicas es el papel de los impuestos en el costo del crédito.
Entre IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, se puede llegar a aumentar 50% el costo de un préstamo. Con lo cual los tres niveles de gobierno tienen algo de responsabilidad en bajar ese costo.»
Según Idesa, los impuestos aplicados al crédito pueden incrementar sustancialmente el costo de los préstamos, por lo que una eventual modificación de las condiciones regulatorias de los bancos no abarcaría por sí sola todos los factores que determinan el costo final que afrontan los deudores.