La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Atun), Liza Hortt, advirtió que los trabajadores universitarios acumularon una pérdida de entre el 80% y el 90% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Además, cuestionó que el gobierno nacional no aplicara la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó que la comunidad educativa continuará con las medidas de protesta.
En diálogo con Radio Natagalá, Hortt sostuvo que docentes, no docentes, autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se encontraban unidos frente a una crisis que no solamente afectaba los salarios, sino también el funcionamiento cotidiano de la institución, las becas y los servicios destinados a los alumnos.
Sus declaraciones se conocieron luego de que los rectores de las universidades públicas, reunidos en Bariloche, coincidieran en la necesidad de avanzar en la organización de una quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización, prevista en principio para octubre, tendrá como uno de sus principales reclamos la aplicación efectiva de la ley y la asignación de recursos suficientes en el presupuesto 2027.
«Seguimos en lucha. Hace dos años y ocho meses que estamos en pie de lucha con este Gobierno nacional, que no entiende lo público y no lo sabe administrar», afirmó la dirigente sindical.
gran deuda desde 2024
Hortt explicó que la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba solamente una parte del deterioro salarial sufrido por los trabajadores del sector. Según señaló, la pérdida más fuerte se produjo durante 2024 y no fue incluida en la recomposición establecida por la norma.
«La ley toma solamente la deuda de 2025. La pérdida más grande del poder adquisitivo la tuvimos en 2024, cuando perdimos casi un 60%, y de esa deuda el Gobierno ni siquiera hace mención», indicó.
La secretaria general de Atun recordó que la iniciativa fue aprobada reiteradamente por el Congreso, pero cuestionó que el Poder Ejecutivo se negara a cumplirla. También reclamó una respuesta de la Justicia ante la falta de ejecución de una ley sancionada por el Poder Legislativo.
«La Ley de Financiamiento Universitario fue cuatro veces aprobada por el Congreso y tres veces vetada por el Presidente. Tampoco la aplica el Gobierno. Lo que no entendemos es cómo el Poder Judicial de la Nación no hace que se ejecute», expresó.
De acuerdo con los cálculos realizados por el sindicato, durante 2025 los trabajadores universitarios recibieron una recomposición del 21,3%, mientras que la pérdida salarial de ese período habría alcanzado el 38,9%. A ese desfase se sumó, según Hortt, una nueva caída cercana al 30% durante 2026.
«Si vamos sumando todos los remanentes salariales que perdimos en estos casi tres años, estamos alrededor del 80% o 90% del poder adquisitivo», aseguró.
La referente gremial señaló que Atun realizó un estudio para comparar cuánto podían adquirir docentes y no docentes de la canasta básica a comienzos de 2023 y cuánto podían comprar actualmente con sus salarios. «Es alarmante. Estamos luchando por eso», remarcó.
Una lucha que unificó
Hortt destacó que los distintos sectores de la Unne lograron construir una posición común frente al ajuste nacional. La intersindical quedó integrada por Atun y los sindicatos docentes Adiunne y Codiunne, junto con la Federación Universitaria del Nordeste y diferentes agrupaciones estudiantiles.
«Tenemos nuestras diferencias, pero venimos trabajando juntos. Estamos luchando todos unidos», afirmó.
La dirigente consideró que la crisis generó una mayor conciencia sobre la situación común que atravesaban quienes trabajaban dentro de la universidad, más allá de las funciones, jerarquías y niveles de ingreso.
«El rector es un trabajador, los secretarios generales y los decanos son trabajadores, los docentes e investigadores son trabajadores y nosotros también somos trabajadores. Todos vivimos de nuestro salario», sostuvo.
En ese sentido, afirmó que uno de los resultados de la resistencia al ajuste fue el reconocimiento de esa condición compartida: «Comprenderlo fue todo un trabajo de reconocimiento de clase que, gracias a Milei, logramos. Es una ironía».
La dirigente aclaró que las acciones gremiales no se limitaron a los paros. Señaló que los sindicatos también recorrieron las aulas para explicar a los estudiantes las consecuencias del modelo económico y de la reducción del financiamiento destinado a las casas de altos estudios.
Becas insuficientes
Hortt afirmó que la situación de los estudiantes constituía una preocupación incluso mayor que la pérdida salarial. En particular, alertó por la reducción en la cantidad de becas y por el monto de la ayuda económica, que ubicó en $58 mil.
«Las becas de los estudiantes no crecieron, se redujeron a la mitad y el monto es de 58 mil pesos. ¿Qué hace un estudiante becado con esa plata?», preguntó.
Indicó que los centros de estudiantes debieron organizar desayunos y meriendas para acompañar a quienes tenían dificultades para sostener sus estudios. Los sindicatos también colaboraron con esas iniciativas.
A su vez, destacó el aporte de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), institución preuniversitaria de la Unne ubicada en Corrientes, para abastecer los tres comedores universitarios.
Según explicó, parte de las verduras, frutas y productos de granja utilizados en esos espacios provenían de la escuela. Ese esquema permitió reducir costos y mantener abiertas prestaciones indispensables para numerosos estudiantes.
«La Eragia está ayudando muchísimo económicamente a que el comedor se mantenga abierto, porque los fondos para eso tampoco están», señaló.
La titular de Atuntambién denunció demoras en el envío de las partidas nacionales. Recordó que, antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria, se les había prometido a los rectores elevar los recursos destinados al funcionamiento, pero aseguró que esa mejora no se concretó.
«Estamos en septiembre y no solamente no subieron esos fondos, sino que todavía no terminaron de mandar la partida anterior», afirmó.
Finalmente, Hortt respaldó la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional de avanzar en la definición de las necesidades presupuestarias para 2027. Remarcó que el sistema reúne a más de 60 universidades, con miles de trabajadores, edificios, hospitales, escuelas y centros de prácticas distribuidos en todo el país.
«Cuando se analiza el número en ese contexto, no es exorbitante. No llega siquiera al 1% del Producto Bruto Interno», concluyó.
«Si sumamos todos los remanentes salariales perdidos durante estos casi tres años, los trabajadores universitarios estamos alrededor del 80% o 90% de pérdida del poder adquisitivo», advirtió.
» Respaldo a la recuperación del predio utilizado por el Cune
La secretaria general de Atun también respaldó la decisión de la Unne de recuperar el predio universitario utilizado por el Club Universitario del Nordeste (Cune). Afirmó que la intersindical reclamaba desde hacía años que las instalaciones volvieran a estar plenamente disponibles para estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
Hortt sostuvo que el Cune se transformó en una asociación civil privada y que la comunidad universitaria tenía cada vez mayores restricciones para acceder al inmueble. Según relató, los trabajadores debían solicitar los quinchos con meses de anticipación, pagar por su utilización o aceptar horarios nocturnos para realizar actividades deportivas.
«Si un trabajador quería ocupar el gimnasio, tenía que asociarse, pagar una cuota y después volver a pagar por el servicio. Siendo dueños del lugar, no teníamos horarios ni acceso gratuito», cuestionó.
La dirigente afirmó que el comodato contemplaba la utilización de las instalaciones por parte de estudiantes, docentes y no docentes, pero aseguró que esas condiciones no se respetaron. También señaló que existían construcciones y modificaciones que, según su interpretación, se realizaron sin las correspondientes autorizaciones de la Universidad.
Hortt reconoció que la recuperación del predio implicaba una decisión de fuerte contenido político, pero aseguró que fue largamente analizada por Atun, Adiunne y Codiunne antes de solicitar la intervención del rectorado.
«Nadie quiere interferir con una asociación civil, pero no puede ser que los dueños del predio tengamos siempre su uso restringido», remarcó.
Como comparación, mencionó el campus deportivo de la Unne en Corrientes, cuyas instalaciones podían ser utilizadas por toda la comunidad universitaria mediante un sistema de registro y reserva de turnos.