El endeudamiento dejó de estar asociado solamente con la compra de una vivienda, un vehículo o un bien durable y pasó a convertirse, para una parte importante de los hogares argentinos, en una herramienta destinada a cubrir alimentos, servicios, alquileres, medicamentos y otros gastos habituales.
Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (Odsa-UCA) reveló que el 27,4% de las familias urbanas tuvo que pedir dinero prestado para sostener su economía cotidiana.
El estudio, denominado «Pedir prestado para cubrir los gastos habituales», fue publicado durante septiembre y se elaboró con información recogida por la Encuesta de la Deuda Social Argentina durante el tercer trimestre de 2025.
Los investigadores Agustín Salvia e Iñaki González advirtieron que el fenómeno permite observar una instancia previa a la morosidad: el momento en que el presupuesto mensual deja de alcanzar y las familias comienzan a depender de préstamos para continuar pagando sus necesidades básicas.
«No se trata de crédito para adelantar un consumo durable, sino de dinero prestado para cubrir la vida diaria», indicó el documento. Esa característica resulta central para comprender el problema, debido a que el endeudamiento ya no aparece como una decisión vinculada con una mejora futura, sino como una respuesta defensiva frente a la insuficiencia de ingresos.
La publicación de la UCA coincidió con una nueva discusión política en torno de las alternativas para atender el aumento de la morosidad.
La diputada nacional por Chaco Julieta Campo reclamó que la Cámara de Diputados avanzara con la denominada «Ley de segunda oportunidad para hogares endeudados», mientras la fundación Libertad y Progreso cuestionó los proyectos que establecen topes a las tasas, subsidios o mecanismos obligatorios de renegociación.
La deuda comienza antes del atraso
El informe de la UCA puso el foco en una dimensión que no siempre aparece reflejada en las estadísticas del sistema bancario. Antes de dejar de pagar una tarjeta o una cuota, numerosas familias recurren a parientes, amistades, financieras, billeteras virtuales u otros prestamistas para completar el presupuesto mensual.
La encuesta preguntó si alguna persona del hogar había tenido que pedir dinero prestado durante el último mes para pagar sus gastos habituales. La respuesta fue afirmativa en el 27,4% de los casos.
El trabajo no midió el monto solicitado, la tasa aplicada, la recurrencia de los préstamos ni los incumplimientos posteriores. Tampoco permitió determinar si las familias se endeudaron mediante una tarjeta, una plataforma digital o un préstamo informal.
Sin embargo, mostró cuáles son los hogares con menor margen para absorber un imprevisto, una caída de ingresos o el encarecimiento de la financiación.
La incidencia fue considerablemente mayor entre las familias pobres. El 44,4% de los hogares cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la Canasta Básica Total tuvo que pedir dinero prestado, frente al 22,4% de los hogares no pobres. La brecha fue de 22 puntos porcentuales.
Las diferencias se profundizaron al analizar la ubicación socioeconómica. En el estrato medio-alto, el 11,8% recurrió a dinero prestado para pagar gastos corrientes; en el medio-bajo lo hizo el 23,2%; en el bajo, el 32,5%; y en el muy bajo, el 47,5%.
Esto significa que la utilización de préstamos fue cuatro veces mayor en el extremo inferior de la estructura social que entre los hogares mejor posicionados. En el estrato muy bajo, prácticamente una de cada dos familias necesitó recurrir a terceros para mantener su consumo cotidiano.
ingresos insuficientes
La desigualdad más pronunciada apareció al incorporar el denominado «estrés económico», un indicador que refleja la percepción de que los ingresos disponibles no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas del hogar.
Entre las familias que atravesaron esa situación, el 49,2% pidió dinero prestado durante el último mes. Entre aquellas que no manifestaron estrés económico, el porcentaje descendió al 13,3%. La proporción fue 3,7 veces superior entre los hogares que reconocieron dificultades para llegar a fin de mes.
La combinación de pobreza e insuficiencia de ingresos profundizó aún más la necesidad de financiamiento. Entre los hogares pobres con estrés económico, el indicador alcanzó el 55,8%.
También llegó al 55,4% en el estrato socioeconómico muy bajo cuando sus integrantes manifestaron que el ingreso mensual no alcanzaba.
La necesidad de endeudarse no estuvo limitada, de todos modos, a quienes se encontraban formalmente debajo de la línea de pobreza. Entre los hogares no pobres que percibieron insuficiencia de ingresos, el 44,7% también pidió dinero para sostener sus gastos.
El dato muestra que superar estadísticamente el valor de la canasta básica no garantiza que una familia disponga de recursos suficientes. El alquiler, los servicios, los medicamentos, la educación, el transporte y las obligaciones financieras acumuladas pueden absorber una parte considerable del ingreso aun cuando el hogar no sea clasificado como pobre.
En cuanto a las diferencias geográficas, la mayor proporción se registró en el denominado «resto urbano», una categoría que comprende ciudades fuera de los principales conglomerados metropolitanos. Allí el 30,6% de los hogares pidió dinero, frente al 29,7% del conurbano bonaerense, el 26,5% de otras grandes áreas metropolitanas y el 12,8% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los hogares con estrés económico del resto urbano, la proporción ascendió al 56,8%. Aunque el informe no difundió un dato exclusivo para Chaco, el resultado permite observar la mayor exposición de las familias que viven fuera de la Capital Federal.
Salvavidas de plomo
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) relacionó, por su parte, la morosidad con el deterioro del consumo.
La entidad señaló que cuando una familia debe destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y cargos financieros pierde capacidad para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad.
Los mayoristas recordaron que ya en febrero de 2025 habían advertido que los créditos personales podían convertirse en un «salvavidas de plomo» para las familias de menores ingresos. Más de un año después, consideraron que el aumento de los incumplimientos, principalmente entre los préstamos otorgados por fintech, billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, confirmó aquel riesgo.
La Cadam propuso que el Banco Central controle con mayor atención los niveles de morosidad de bancos y aplicaciones financieras y establezca exigencias regulatorias adicionales para las entidades que acumulen altos porcentajes de créditos incobrables. «Cuando una entidad presta mal y acumula incobrables, incorpora ese costo a la tasa de interés.
En definitiva, el que paga termina pagando también por el que no paga», advirtió la cámara.
La organización también reclamó la eliminación de Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas provinciales o municipales aplicadas sobre los préstamos personales. S
egún sintetizó, el costo del dinero, los créditos incobrables y los impuestos conforman una combinación que encarece el financiamiento y termina perjudicando tanto a los deudores como a quienes todavía conservan capacidad de pago.
Una segunda oportunidad
En medio de la preocupación por la morosidad, Campo buscó que la Cámara de Diputados incorporara al debate el proyecto de «Ley de segunda oportunidad para hogares endeudados», presentado junto con Lucía Cámpora, de Buenos Aires, y Gabriela Estévez de Córdoba.
«Queremos que se trate nuestro proyecto para desendeudar a las familias chaqueñas», sostuvo la legisladora. Según la información difundida por su equipo, en Chaco la morosidad alcanzó al 18,6% de las personas incluidas en el sistema crediticio durante julio, por encima del 15,7% registrado en el país.
La situación sería más grave entre quienes tomaron créditos mediante billeteras virtuales. En ese segmento, el porcentaje de deudas irregulares habría llegado al 36,6% en la provincia, contra un promedio nacional del 33,9%.
«El gobierno se niega a tratar el drama de los chaqueños: deudas para pagar la luz y para comer», afirmó Campo. La diputada señaló que aproximadamente 170 mil chaqueños presentaban problemas para cumplir con sus obligaciones financieras.
De acuerdo con los datos incluidos en la gacetilla legislativa, el 69,7% de las personas con deudas irregulares tenía entre 25 y 54 años. El mayor número de incumplimientos se concentraba en la franja de 25 a 34 años, con 51.709 personas afectadas. Además, 109.396 chaqueños figuraban en una situación considerada irrecuperable y otros 42.877 se encontraban en alto riesgo de insolvencia.
«La deuda por sí misma no es negativa, sino que el problema es el destino de la deuda en la gestión libertaria, porque los chaqueños se endeudan para pagar la luz, el alquiler, los medicamentos o la comida», planteó Campo.
La iniciativa establece un procedimiento para que quienes tengan compromisos financieros superiores a determinados porcentajes de sus ingresos puedan acceder a una reestructuración.
Contempla una negociación obligatoria entre deudores y acreedores, el congelamiento de los intereses por mora y la suspensión temporal de ejecuciones y embargos mientras se desarrolla el proceso.
El mecanismo alcanzaría tanto a los bancos como a los proveedores no financieros de crédito y las plataformas digitales. «No se trata de perdonarle la deuda a nadie; es una propuesta de renegociación con tasas y plazos razonables», explicó la diputada.
Campo consideró que las cuotas deberían adecuarse a la capacidad económica de cada familia para evitar que el pago de una obligación absorbiera la totalidad de los ingresos. «No es justo no poder pagar las deudas y que el banco o la billetera virtual se devoren el sueldo entero», expresó.
respuesta del liberalismo
La Fundación Libertad y Progreso cuestionó, por su parte, los proyectos legislativos que proponen controlar las tasas de interés, subsidiar a los deudores o imponer condiciones de refinanciación. La organización sostuvo que esas medidas podrían restringir el acceso al crédito, reducir los incentivos al ahorro y excluir del sistema formal a las personas consideradas de mayor riesgo.
La entidad señaló que la Argentina tiene un volumen de crédito equivalente a aproximadamente el 10% de su Producto Bruto Interno, mientras el promedio latinoamericano rondaría el 47%. Desde esa perspectiva, una mayor regulación podría reducir todavía más la disponibilidad de préstamos.
También consideró injusto que los contribuyentes o quienes cumplen regularmente con sus obligaciones deban financiar programas de asistencia para los morosos.
Como alternativa, propuso reducir los impuestos nacionales, provinciales y municipales que forman parte del costo financiero y modificar las normas del Banco Central que trasladan la peor calificación de un deudor a todas las entidades con las que mantiene relaciones.
La fundación planteó un Régimen Federal de Alivio Crediticio voluntario. Su propuesta consiste en eliminar los impuestos que gravan los intereses de las deudas refinanciadas, siempre que las entidades trasladen ese beneficio a los usuarios, eliminen punitorios y cargos de cobranza y ofrezcan planes de 36 o 60 meses con cuotas compatibles con los ingresos.
A diferencia de la iniciativa promovida por Campo, este esquema mantendría la libre negociación entre bancos y clientes y no establecería una reestructuración obligatoria. El Banco Central solamente debería controlar que la reducción impositiva llegara efectivamente a los deudores.
Del préstamo
a la mora
Los nuevos datos se sumaron a distintos indicadores que durante los últimos meses mostraron un deterioro sostenido de la economía familiar. Un relevamiento difundido anteriormente indicó que el 61,9% de los argentinos había tomado algún tipo de deuda y que el 53,7% lo hizo para cubrir gastos esenciales.
Además, el 28,9% manifestó grandes dificultades para pagar, el 12% cayó en mora y el 6,4% directamente dejó de cumplir con sus compromisos.
Otro informe sobre mujeres y diversidades mostró que el 63% de las personas consultadas estaba endeudada. La tarjeta bancaria aparecía como la principal fuente de financiamiento, con el 49%, seguida por los créditos de billeteras virtuales, con el 32%; las deudas por servicios e impuestos, con el 25%; los préstamos familiares, con el 24%; y los créditos bancarios, con el 20%.
En el Chaco, la magnitud del problema también quedó reflejada en el programa de refinanciación implementado para clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). Ese esquema comprendió 15.200 préstamos pertenecientes a 14.717 clientes, entre ellos 2.282 jubilados, con el objetivo de reducir las cuotas y adecuarlas a los ingresos disponibles.
Los indicadores describen distintos momentos de un mismo proceso: primero, el salario o el ingreso familiar deja de alcanzar; después aparece el préstamo destinado a cubrir alimentos, servicios o transporte; finalmente, la acumulación de intereses y refinanciaciones puede desembocar en atrasos, mora o insolvencia.
La UCA señaló que el problema no radica en el acceso al crédito en sí mismo, debido a que este puede ampliar oportunidades, sino en su utilización defensiva por parte de hogares sin margen financiero y bajo condiciones costosas.
Frente a ese escenario, recomendó combinar políticas de recuperación del ingreso y el empleo, evaluación responsable de la capacidad de pago, información clara sobre el costo financiero total y mecanismos tempranos de refinanciación.
respuestas diferentes
La propuesta impulsada por Julieta Campo establece una negociación obligatoria, congela intereses por mora y suspende ejecuciones y embargos mientras se acuerdan nuevos plazos. Su objetivo es evitar que las cuotas y los intereses absorban los ingresos familiares, sin eliminar la obligación de devolver el capital.
Más de 20 millones de personas endeudadas
La dimensión del problema también quedó reflejada en un análisis difundido por el economista Néstor Forero, quien señaló que más de 20 millones de personas registraban deudas en el sistema financiero argentino por un monto superior a los $67 billones.
Dentro de ese universo, 5.721.806 deudores se encontraban en situación de mora y acumulaban obligaciones impagas por aproximadamente $16.3 billones.
De acuerdo con ese cálculo, el endeudamiento promedio alcanzaba los $3.3 millones por persona si se consideraba al conjunto de quienes mantenían compromisos financieros.
Forero sostuvo que esa cifra equivalía a más de ocho salarios básicos y vinculó el crecimiento de las deudas con la necesidad de afrontar la canasta alimentaria, los medicamentos y otros gastos familiares imprescindibles.
El informe también advirtió que la problemática golpeaba con especial intensidad a los jóvenes, quienes enfrentaban mayores dificultades para conseguir empleos formales y sostener ingresos regulares.
En ese escenario, la facilidad para obtener pequeños préstamos mediante plataformas digitales podía transformarse rápidamente en una cadena de vencimientos, refinanciaciones e intereses crecientes.