Efectivos del Departamento Lucha Contra la Trata de Personas realizaron ayer una serie de allanamientos en distintos puntos de Resistencia, en el marco de una investigación por una presunta mala praxis denunciada por una mujer.
Como parte del procedimiento, fue detenido el ginecólogo Gustavo K. quien tomó notoriedad a raíz de denuncias de supuestos abusos sexuales a pacientes.
LOS REGISTROS
Los procedimientos se llevaron adelante por orden judicial, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 6, y permitieron reunir documentación y otros elementos que serán analizados para avanzar con la causa.
Uno de los operativos tuvo lugar en el sanatorio Femechaco, ubicado sobre calle San Lorenzo al 100. Allí, los agentes secuestraron registros de ingresos y hospitalizaciones, historias clínicas, detalles de medicamentos, un informe de anatomía patológica y un libro de patología, entre otros documentos vinculados a la investigación.
El segundo allanamiento se realizó en una vivienda de calle Jujuy al 500, donde se incautaron un teléfono celular, recetarios y documentaciones de interés. Además, secuestraron 87 cajas cerradas de medicamentos que podrían estar relacionadas con otras investigaciones.
EL ARRESTO
Tras esta diligencia, la autoridad judicial dispuso la orden de detención del médico tocoginecólogo.
El tercer procedimiento se concretó en el Centro Médico «Doctor Ramón Carrillo Osjera», ubicado sobre calle Ameghino al 700.
En ese lugar, los investigadores secuestraron una computadora, un dispositivo de almacenamiento USB y distintos medicamentos ginecológicos, entre ellos óvulos vaginales, comprimidos, cápsulas y preparados de uso tópico y estético.
Los elementos incautados quedaron bajo resguardo policial y a disposición de la Justicia para su análisis.
En los tres procedimientos no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.
La investigación continúa para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y establecer si existen otras posibles responsabilidades. La denuncia por presunta mala praxis no constituye, por sí sola, una prueba de responsabilidad penal, que deberá determinarse en el marco del proceso judicial.