La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que reúne a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país, solicitó al Ministerio de Economía de la Nación y a la Secretaría de Energía que revisen con carácter urgente la política tarifaria de los servicios públicos, especialmente la correspondiente a la energía eléctrica, con criterios que contemplen la capacidad de pago de los hogares. El pronunciamiento se fundamenta en relevamientos interjurisdiccionales y fuentes públicas que advierten sobre los efectos de los costos de los servicios en el consumo familiar, el uso del crédito para afrontar gastos corrientes y el aumento de la morosidad en los préstamos personales.
ADPRA señaló que los indicadores de endeudamiento y las dificultades para cubrir necesidades esenciales deben ser considerados al momento de establecer los parámetros tarifarios. Según datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad de los préstamos a las familias alcanzó el 12,9 por ciento en julio de 2026, más del doble que un año antes y el nivel más elevado en más de veinte años. Cerca de 5,9 millones de personas registran deudas en situación irregular, mientras que el financiamiento mediante tarjetas de crédito y préstamos personales se destina cada vez más al pago de alimentos y servicios públicos. Para la entidad, esta situación requiere evaluar la incidencia de los aumentos tarifarios sobre los ingresos disponibles y las posibilidades de los usuarios de sostener sus consumos básicos.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, explicó que el importe final de la factura de electricidad está integrado por cuatro componentes definidos por distintas autoridades. El costo de abastecimiento corresponde al precio de la energía y la potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, establecido trimestralmente por la Secretaría de Energía sobre la base de la programación de CAMMESA; el transporte remunera las redes de alta tensión y distribución troncal; la distribución cubre la operación, el mantenimiento, el personal y los costos operativos de las empresas distribuidoras; y los tributos y cargos comprenden impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de conceptos específicos. De acuerdo con los relevamientos de las Defensorías del Pueblo, el componente de distribución representa alrededor del 20 por ciento del importe facturado.
Composición de las facturas
Gialluca destacó que, en la provincia de Formosa, los usuarios de la distribuidora REFSA no pagan impuestos provinciales ni tasas municipales en sus facturas de electricidad, aunque sí abonan el impuesto al valor agregado (IVA), de carácter nacional. El funcionario sostuvo que el mayor peso de las facturas corresponde actualmente a los costos de generación y transporte de la energía, que en conjunto representan alrededor del 80 por ciento. Según explicó, esos valores son determinados por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, por lo que consideró necesario aclarar la composición del servicio frente a las interpretaciones que atribuyó a distintos sectores políticos locales y nacionales.
El pronunciamiento remarcó que el costo de abastecimiento y el transporte constituyen los principales componentes del servicio y que sus incrementos se trasladan directamente a las facturas de los usuarios de todas las jurisdicciones. Al tratarse de valores definidos en el ámbito nacional, los entes reguladores provinciales y las empresas distribuidoras no tienen facultades para modificarlos, por lo que la revisión de esos componentes corresponde al Estado nacional. ADPRA también advirtió sobre las dificultades para conocer anticipadamente el importe de las facturas, debido a que los precios mayoristas se actualizan mediante resoluciones trimestrales y las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados se modifican mediante resoluciones mensuales.
Para julio y agosto de 2026, la bonificación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados se fijó en un 16,59 por ciento sobre un consumo de 300 kilovatios hora. La entidad cuestionó, además, que las pautas de traslado de los costos a las tarifas se comuniquen mediante notas del Ministerio de Economía que no se publican en el Boletín Oficial. Según el planteo, esta modalidad limita la posibilidad de que los usuarios conozcan con anticipación los valores que deberán afrontar y distingan qué parte de los aumentos responde a modificaciones en los componentes tarifarios y cuál deriva de una reducción de los subsidios. Por ese motivo, la organización reclamó mayor transparencia, información pública accesible y facturas que permitan identificar cada concepto.
Subsidios energéticos
El documento también se refirió a los cambios en el régimen de Zona Fría establecidos por la Ley N.º 27.828, publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre de 2026. Según el pronunciamiento, la norma deja sin efecto la ampliación del beneficio dispuesta en 2021 y condiciona su continuidad en esas localidades a la inclusión de los usuarios en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Las estimaciones citadas indican que 3,35 millones de hogares podrían perder la bonificación, de los cuales 1,24 millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. A su vez, cálculos del IERAL para Bahía Blanca señalan que la factura de gas de un usuario que deje de recibir el beneficio podría duplicarse.
ADPRA vinculó la reducción de los subsidios energéticos con los objetivos fiscales del Gobierno nacional y advirtió que, según su evaluación, ese proceso se desarrolla sin una valoración pública suficiente de sus efectos sobre los ingresos familiares, el endeudamiento y el consumo de bienes esenciales. El Decreto N.º 943/2025 indica que los subsidios energéticos pasaron del 1,42 por ciento del producto interno bruto en 2023 al 0,60 por ciento en 2025. Frente a ese escenario, la asociación recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege los intereses económicos de los usuarios y garantiza su derecho a recibir información adecuada y veraz, principios que considera centrales para la definición y comunicación de las tarifas de los servicios públicos.
Entre sus solicitudes, ADPRA reclamó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía que revisen los precios mayoristas de la energía y la potencia, junto con los cargos de transporte, mediante criterios de gradualidad que contemplen la capacidad de pago de los hogares y la dependencia de la electricidad en las regiones sin acceso al gas por redes. También pidió publicar en el Boletín Oficial, antes de cada período de aplicación, los valores de los componentes nacionales, las bonificaciones vigentes, el esquema de actualizaciones previsto para lo que resta de 2026 y para 2027 y sus fundamentos técnicos.
Asimismo, propuso establecer una factura uniforme que discrimine energía, transporte, distribución, subsidios y tributos; difundir información provincial desagregada sobre beneficiarios, exclusiones, bonificaciones y recursos transferidos; y evaluar la ampliación del consumo base subsidiado hasta 1.000 kilovatios hora mensuales durante los meses de altas temperaturas en el Norte Argentino. Las Defensorías del Pueblo integrantes de ADPRA pusieron a disposición de las autoridades nacionales la información sobre los reclamos registrados en sus respectivas jurisdicciones.