El economista y exministro Eduardo Aguilar, entrevistado en Radio Natagalá, analizó las consecuencias del colapso financiero registrado en el Paraguay y advirtió sobre los mecanismos de desregulación, concentración de créditos y falta de controles prudenciales que pueden desencadenar crisis bancarias de alcance sistémico.
El exministro estableció un paralelismo con experiencias históricas de la Argentina y explicó cómo el crecimiento acelerado de determinadas entidades financieras, cuando no está acompañado por controles adecuados, puede generar desequilibrios que comprometen tanto a los depositantes como al conjunto de la economía.
En ese marco, subrayó como causas visibles el atraso cambiario, la incertidumbre de los mercados y las dificultades para garantizar el cumplimiento de los compromisos externos.
Al describir el funcionamiento de las entidades involucradas en la crisis paraguaya, Aguilar identificó un mecanismo que tuvo antecedentes en la Argentina durante los últimos años de la dictadura militar. «Son, básicamente, financieras que en poco tiempo se transforman en bancos de préstamo», explicó sobre las organizaciones que, mediante la flexibilización de las condiciones para captar y colocar fondos, consiguen ampliar rápidamente sus operaciones.
Por otro lado, advirtió que la desregulación de las tasas que pueden cobrar por los créditos y pagar por los depósitos permite atraer importantes volúmenes de capitales, tanto nacionales como extranjeros, que luego son destinados a operaciones de financiamiento con distintos niveles de riesgo.
En ese sentido, explicó que uno de los mayores problemas aparece cuando las entidades financieras realizan operaciones que no mantienen correspondencia entre los plazos de sus depósitos y los vencimientos de sus préstamos, o entre las monedas en las que reciben y colocan los fondos.
Se remarca que este fenómeno, conocido como descalce financiero, puede comprometer la capacidad de respuesta de una institución ante situaciones de inestabilidad.
Asimismo, Aguilar indicó que una entidad puede captar depósitos de corto plazo y otorgar préstamos a largo plazo, o recibir fondos en dólares y prestar a personas o empresas que generan ingresos en pesos, exponiéndose a variaciones cambiarias que alteran sustancialmente las condiciones originales de los contratos.
En ese contexto, recordó que las regulaciones bancarias establecen restricciones destinadas a evitar que las entidades financien actividades de sus propios accionistas o de empresas vinculadas con sus propietarios.
Sin embargo, explicó que las financieras suelen encontrarse sometidas a controles menos estrictos que los bancos tradicionales, una diferencia que puede ser aprovechada para desarrollar operaciones de riesgo. «Gran parte de los préstamos se desviaron hacia una empresa que era propiedad del mismo banco o el banco propiedad de la empresa, digamos, propiedad conjunta», sostuvo al describir uno de los mecanismos centrales del caso paraguayo, en el cual, una empresa involucrada atravesó dificultades económicas y terminó arrastrando a la entidad financiera que había concentrado buena parte de sus créditos en ese grupo empresario.
El rol del Estado
Aguilar también explicó que las crisis bancarias tienen características diferentes de las quiebras que pueden producirse en otros sectores de la economía, debido a la relación directa que mantienen las entidades financieras con los ahorristas, las empresas y el funcionamiento general del sistema de pagos.
A diferencia de una compañía cuya caída puede circunscribir sus consecuencias a determinados proveedores, trabajadores o acreedores, un banco puede transmitir rápidamente sus dificultades al resto de la actividad económica.
«Cuando quiebra una empresa, el efecto derrame se circunscribe mucho más rápido. Cuando quiebra un banco las cosas se pueden amplificar enormemente», afirmó al explicar por qué los gobiernos suelen intervenir para evitar que los problemas de una institución se extiendan al conjunto del sistema financiero.
En relación con los mecanismos de protección de los depósitos, el economista señaló que existen países que cuentan con garantías previas para cubrir determinados montos de los ahorros, mientras que en otros casos los gobiernos intervienen cuando la magnitud de la crisis amenaza con provocar consecuencias mayores.
Esas medidas pueden incluir asistencia crediticia a través de los bancos centrales, emisión de recursos o mecanismos de recapitalización destinados a sostener las operaciones de las entidades comprometidas. El objetivo consiste en permitir que los bancos afronten sus obligaciones con los depositantes mientras se revisan sus carteras de préstamos y se identifican los créditos que ya no pueden recuperarse.
Sin embargo, advirtió que esos salvatajes pueden trasladar las pérdidas privadas al conjunto de la sociedad, especialmente cuando el Estado asume los compromisos que las entidades financieras no están en condiciones de afrontar.
«Se socializan las pérdidas», sintetizó al explicar las consecuencias de las intervenciones públicas destinadas a impedir el derrumbe de los bancos.
Las particularidades del caso paraguayo
Al analizar las posibles derivaciones políticas del colapso financiero paraguayo, Aguilar consideró que los conflictos entre sectores de poder pueden actuar como detonantes de una crisis cuando existen debilidades económicas e institucionales previas.
En ese marco, mencionó las tensiones vinculadas con el expresidente Horacio Cartes y el actual escenario político paraguayo, aunque remarcó que los problemas centrales estaban relacionados con la expansión acelerada de una entidad financiera y la concentración de sus operaciones en empresas vinculadas con el mismo grupo económico.
La fragilidad de esa estructura habría quedado expuesta cuando las compañías financiadas comenzaron a atravesar dificultades y dejaron de sostener el funcionamiento de la institución bancaria.
Aguilar también señaló la importancia de los vínculos entre los responsables de las entidades financieras y las autoridades encargadas de supervisarlas.
El exministro advirtió la existencia de relaciones económicas y societarias entre los propietarios de las instituciones y los funcionarios que deben controlar sus operaciones representa un riesgo para la independencia de los organismos reguladores.
Al referirse al Banco Central paraguayo, indicó que existían antecedentes de conocimiento sobre las dificultades de la entidad y cuestionamientos acerca de la falta de información oportuna sobre su situación.
Esa circunstancia, sumada a los vínculos previos entre sus autoridades y el grupo financiero involucrado, profundizó los interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión.